PACHUCA.- El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), Benjamín Rico Moreno, informó el pasado 13 de febrero que acordó con ejidatario y pepenadores abrir una nueva celda en El Huixmí, pese a que en su comparecencia del 21 de noviembre de 2018 aseguró que el proyecto no era viable.
En aquella ocasión, el diputado local Víctor Guerrero cuestionó al secretario si autorizaría la creación de una nueva celda en el relleno sanitario, a lo que Rico Moreno contestó que no.
“La sexta celda de El Huixmí no se ha autorizado ni se va a autorizar, no tiene viabilidad”, afirmó.
Una semana antes, el 15 de noviembre de 2018, la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, solicitó habilitar un nuevo espacio en el terreno de 20 hectáreas que comprende el basurero metropolitano, lo cual, mencionó Benjamín Rico Moreno, fue rechazado debido a que la panista “no había presentado un proyecto formal”.
De acuerdo con información que proporcionó el funcionario el pasado 13 de febrero, desde el inició de la administración de Yolanda Tellería hasta diciembre de 2017, el ayuntamiento depositó basura en la quinta celda del relleno sanitario, pese a que la vida útil del espació había culminado el 19 de agosto de 2016, un mes antes de que alcaldesa asumiera el cargo.
En enero de 2018 el municipio comenzó a depositar residuos sólidos urbanos en la celda uno, que 20 años antes había sido saneada, y el 19 de ese mismo mes el gobierno de la capital solicitó autorización a la Semarntah de la acción que ya estaba llevando a cabo.
Tras una inspección, la dependencia estatal constató que sin autorización había sido reabierta la primera celda, y es por ello que el 19 de febrero de 2018 la Semarnath requirió al municipio acreditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, pero hasta el 4 de mayo de ese año inspectores ambientales colocaron sellos de suspensión en el basurero.
En respuesta, de acuerdo con declaraciones de Rico Moreno, el municipio inició un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo, ente que le concedió una suspensión provisional de la medida había puesto la Semarnath. Además, la administración municipal promovió tres juicios más.
Durante 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y las autoridades de Pachuca llevaron a cabo más de 14 reuniones, en algunas participó Mineral de la Reforma, en las que se presentaron más de 20 empresas que pretendían valorizar y gestionar los residuos sólidos de la capital hidalguense.
Al respecto, el secretario informó que la dependencia a su cargo se limitaba a emitir una opinión técnica sobre la viabilidad y que el ayuntamiento debía elegir a la empresa, por su parte, la edil refirió que Semarnath se negaba a palomear a alguna de las firmas interesadas.
El 10 de febrero de este año, ejidatarios de El Huixmí impidieron el paso a camiones de Tecmed para reclamar al municipio un incremento de 30 por ciento en la renta mensual, que actualmente es de 268 mil pesos.
Cuatro días después, Benjamín Rico y Yolanda Tellería ofrecieron una rueda de prensa en la que informaron que la Semarnath autorizaba al municipio trasladar su basura a Mineral de la Reforma y que, en cuerdo con ejidatarios y pepenadores, la dependencia estatal se encargará de abrir una nueva celda para que cuatro municipios depositen sus residuos, pese a que el proyecto había sido descartado por Rico Moreno en noviembre de 2018.
Tellería Beltrán informó que la empresa Rs Wast —una de las 20 que presentó a la Semarnath el año pasado— será la encargada de llevarla basura hasta Tecámac, Estado de México.
Además, la Semarnath anunció que habrá un plan maestro para el manejo integral de residuos, con la participación de los municipios metropolitanos interesados.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece en su artículo 10, fracción uno, que los municipios en coordinación con el estado deben formular los programas para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
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Mientras que en el artículo noveno de la ley, fracción siete y ocho, establece como facultades del gobierno estatal promover la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos en los municipios, así como promover programas de prevención y gestión integral de los residuos de su competencia y prevención de la contaminación de sitios con tales residuos y su remediación, con la participación activa de partes interesadas.
jgp