PACHUCA.- La Actualización del Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo 2021, señala que funcionan 51 de 78 plantas de aguas residuales. Dada la capacidad con la que trabajan, la eficiencia que alcanzan es de 40 por ciento.
De acuerdo con la publicación que realizó el Gobierno de Hidalgo en el rubro de Estudios Financiados con Recursos Públicos, las plantas tratadoras de agua no cubren el tratamiento del 60 por ciento de las aguas negras que produce al estado.
El correcto manejo de las aguas residuales, denominado saneamiento puede ser subsanado a través de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR); el estado de Hidalgo se cuenta con una infraestructura total de 78 plantas de las cuales solo 51 se encuentran en operación”.
Una planta de esta naturaleza es el conjunto de obras, instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales, con material disuelto y en suspensión usadas por una comunidad o industrial. De acuerdo con el estudio:
La operación planeada para dichas obras es de 24 mil 121 metros cúbicos por segundo, de los cuales son tratados 9 mil 657 metros cúbicos por segundo; lo cual resulta en una eficiencia de 40 por ciento de los sistemas de tratamiento proyectados”.
La descarga directa de este líquido sin tratamiento afecta actividades como la ganadería y el uso urbano del agua. Asimismo, disminuye el aprovechamiento en el riego de cultivos y pesca. Si la planta se desborda además puede causar afectación en el equilibro de flora y fauna.
En abril de este año, los productores y campesinos de la región del Valle del Mezquital acusaron que la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) en Atotonilco de Tula destruye los cultivos de la región. Las pérdidas ascienden a 51 mil 104 hectáreas en este ciclo de siembra.
Lee también en LSR Hidalgo: "La reconocí por el corte de pelo"; muerte de Brenda ¿feminicidio o accidente?
El estudio advierte de otros riesgos medioambientales como erosión del suelo, constantes inundaciones y carencia de infraestructura.
Además, pone en alerta que las lluvias que se registran anualmente y el crecimiento proporcional de los últimos seis años de estas precipitaciones, influye en la erosión del suelo, inundaciones, deslizamiento de tierra, y deslaves.
El principal factor erosivo que tiene lugar en el estado es producido por el escurrimiento de agua en las laderas, lo que ha degradado de gran manera la capa superficial del suelo al grado de que en algunas áreas ha desaparecido totalmente a lo que se le clasifica como erosión hídrica laminar alta (Eh3), este efecto ha sido acelerado debido a la deforestación”.
Las recomendaciones que contiene el documento van dirigidas a capacitar a las brigadas contraincendios para evitar mayor erosión y deforestación de la superficie, más infraestructura ante posibles inundaciones y deslaves.
Además de la protección de áreas verdes y un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos de las plantas tratadoras, y los que son para consumo humano.
EL CONTRATO
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales pagó un millón 385 mil pesos por la Actualización del Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo a la empresa SIGEMA SA de CV. El objetivo del estudio es reducir riesgos y conflictos de carácter medioambiental.
El diagnóstico se realizó como parte del eje Estudios Financiados con Recursos Públicos, esta es una modalidad en la que el gobierno estatal paga a terceros para actualizar o realizar estudios sobre la pertinencia de la toma de decisiones. Esta es una facultad de todas las entidades federativas.
El recurso fue otorgado mediante adjudicación con número AD-131-2020, esta fue publicada durante el año pasado y en abril del 2021 obtuvo la validación con la presentación del documento final.
En su página de internet, SIGEMA se define como “una red de especialistas que proporciona soluciones tecnológicas a empresas o gobiernos en materia de estudios del territorio o de la población que lo ocupa”. En su trayectoria tiene más de 168 capacitaciones otorgadas, 156 y 245 proyectos terminados.
El contrato contempló seis meses de trabajo de septiembre del 2020 a abril del 2021. El documento final en su modalidad ejecutiva tiene 164 hojas y la información que contiene tiene vigencia para lo que queda de este año.
sjl