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Riñas, motines y sobrepoblación; así es el Cereso del que escapó "El Michoacano"

Las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos ya habían alertado sobre las condiciones de sobrepoblación y falta de custodios en el Cereso de Tula

Escrito en HIDALGO el

TULA DE ALLENDE. – El Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tula, donde nueve reos se fugaron, entre ellos "El Michoacano", la madrugada del miércoles con ayuda de un grupo armado, tiene sobrepoblación, insuficiencia de personal de custodia y deficiencias en sistemas de vigilancia, advirtió la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH) y su homóloga nacional.

En su Informe Especial sobre el Sistema Penitenciario y Barandilla, que data de 2020, el organismo autónomo detectó que el Cereso de Tula es una de las 11 penitenciarias de la entidad con sobrepoblación y la que aplicó más sanciones de aislamiento a los reclusos.

Sin embargo, previo a este análisis, que es el más reciente en Hidalgo, la CDHEH ya había alertado sobre deficiencias en sistemas de seguridad y vigilancia, así como motines por inconformidades de internos que permanecían en un área denominada “máxima seguridad”, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reportó insuficiencia de personal de seguridad y custodia en 2019.

Este Cereso, inspeccionado anualmente por los organismos autónomos, se localiza sobre la carretera Tula- Michimaloya de la colonia La Malinche, donde se registró una balacera y la explosión de dos coches que quemaron un grupo armado para liberar a José Artemio Maldonado Mejía, “El Michoacano” y a su hermano Mariano Maldonado.

RIÑAS, MOTINES Y SUICIDIOS

En enero de 2017, un enfrentamiento en el área de procesados del penal, dejó la muerte de dos internos por heridas producidas con armas punzocortantes, aunque meses atrás, el 20 noviembre de 2016, un recluso de 26 años de edad hirió con una punta a otro reo de 23 años.

Tras ese altercado y durante un operativo de revisión, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPH) decomisó del penal de Tula 59 cuchillos hechizos, 37 puntas, memorias USB y celulares.

Mientras que en el 2016, la CDHEH inició el expediente CDHEH-TA-0672-16 por un motín en el área denominada “máxima seguridad”.

Tras los hechos de aquella anualidad, el organismo defensor de Derechos Humanos en Hidalgo reportó en su Diagnóstico Penitenciario 2016 fallas en las cámaras de vigilancia y sobrepoblación.

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Mientras que en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, la CNDH detectó que era relevante poner atención en las condiciones de gobernabilidad porque las personas privadas de la libertad ejercían funciones propias de la autoridad. También exhibió insuficiencia de personal de custodia, sin precisar número.

Asimismo, informó sobre las “deficientes condiciones materiales e higiene” de las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.

En el rubro de atención apropiada, consideró que existía un buen procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, así como atención a las personas adultas mayores o con discapacidad.

Uno de los 15 suicidios registrados por la SSPH entre los años 2018 y 2021 en penitenciarias de Hidalgo, ocurrió en Tula, se trató de un hombre de 43 años de edad.

SOBREPOBLACIÓN Y SANCIONES

En el Cereso de Tula, la sobrepoblación es del 38.65 por ciento. El lugar tiene capacidad para 414 personas, pero hasta octubre de 2020, habían 571; es decir, 157 reos más de los que puede recibir el recinto, según datos del informe estatal 2020 de la CDHEH.

Por el número de reclusos, la penitenciaría es la tercera de la entidad con mayor población, después de Pachuca y Tulancingo, que tienen mil 867 y 618 personas privadas de la libertad.

En 2020, este Cereso fue el que más castigó a los reos con 63 sanciones disciplinarias que consistieron en aislamientos. Aunque el diagnostico no precisa los motivos, si exhibe que superó al penal de la capital del estado donde se aplicaron 50, mientras que en lugares como Jacala, Tenango y Huichapan no se registró ninguna represalia.

La CDHEH consideró en su último informe que las acciones para mantener la seguridad, gobernabilidad y disciplina en los Centros de Reinserción Social “es una atribución indelegable del Estado y un requisito indispensable para cumplir con los fines de las medidas privativas de la libertad”.


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