PACHUCA.- Cuando Gerardo Sosa Castelán fue detenido en la Ciudad de México el 31 de agosto de 2020, el juez del caso libró siete órdenes de aprehensión más, cuatro que siguen sin cumplimentarse, porque los prófugos —incluidas las hijas del jefe máximo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)— no han sido localizados. A partir de entonces la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) han seguido una ruta a través de transferencias bancarias, contratos de obra pública y patrimonio de empresas al presunto amparo del dinero de la casa de estudios.
Evadidos de la justicia, los cuatro probables implicados en recibir, ocultar y transferir parte de los 58 millones 245 mil 848 pesos que la FGR imputó como lavado de dinero y delincuencia organizada a la agrupación denominada La Sosa Nostra, han promovido y tienen recursos legales vigentes con los que buscan evitar la detención y piden que sus cuentas bancarias –inhabilitadas por solicitudes de cooperación internacional por parte de la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos del gobierno de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) a la Unidad de Inteligencia Financiera de México– sean desbloqueadas.
Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto, hijas de Gerardo, pretenden descongelar cuentas en Banorte y Santander, que la UIF presume son parte de la presunta estructura de lavado de dinero del grupo que lidera su padre.
El recurso que promovieron ante un juez federal de la Ciudad de México se resolverá a fondo el 22 de septiembre.
Con base en un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que es parte del expediente del caso, Adriana y Ana Carmen son probables responsables de ocultar y recibir dinero sustraído de la Universidad Autónoma de Hidalgo.
A través de 35 transferencias entre el 10 de marzo de 2014 y el 24 de agosto de 2017, Adriana recibió un millón 192 mil 308 pesos; Ana Carmen, otros 806 mil 769 pesos mediante siete depósitos a una cuenta en Santander.
Al igual que las hermanas Sosa Cravioto, Francisco Natalio Zamudio Isbaile, contador a quien la FGR denominó segundo en la estructura operativa del grupo Sosa Castelán, también está prófugo y ha intentado promover recursos para evitar la detención.
Con base en registros históricos del ayuntamiento de Pachuca, Zamudio Isbaile cuenta con dos licencias para el funcionamiento de restaurantes bares en la capital de Hidalgo.
El primero es para el establecimiento comercial Restaurante Hudson, ubicado en avenida San Javier No. 302, en Valle de San Javier. El segundo es para Vivos Bar, con domicilio en Boulevard Valle del Real, esquina Luis Donaldo Colosio No. 901, en colonia Real del Valle.
Él también fue arrendador del edificio que fungió como sede de Movimiento Ciudadano de enero a septiembre de 2017, cuando la franquicia del partido estuvo a cargo de los Sosa —con Damián Sosa Castelán como dirigente—. Dicho inmueble, donde igualmente estuvo Eficiencia en Negocios Asociados, otra empresa implicada en las probables operaciones ilícitas, es la de San Javier 302.
Con base en la causa penal 263/2020, Zamudio Isbaile constituyó el 18 de enero de 2001, y con dos prestanombres detenidos el mismo día que Gerardo Sosa, la sociedad Contabilidad del Siglo XXI, con sede en Pachuca. Con base en informes obtenidos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta firma, aunque no presentó declaraciones anuales ni emitió comprobantes fiscales, fue receptora de recursos que provenían de la UAEH, además de que los dispersó a cuentas afines a los Sosa Castelán.
Entre 2011 y 2018, Contabilidad del Siglo XXI recibió los 58.2 millones de pesos a una cuenta terminación 441 a Scotiabank. En la imputación, la fiscalía refiere que el dinero pertenecía directamente a la universidad, sin sustento legal alguno para que fuera dispersado.
Las socias de la empresa, María Luisa Montalvo y María Cruz Campos, fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social 16, en Morelos, acusadas de recibir y dispersar el dinero.
Zamudio Isbaile también es la cabeza de cuatro despachos contables que recibían dinero de la universidad y, posteriormente, lo transferían a la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI: Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados y Corporativo Contable de Pachuca.
La cuarta prófuga es Anastasia Elizabeth Baños Baños, quien, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, es operadora directa de Zamudio Isbaile. Ella, con base en el rastreo de operaciones de la CNBV, recibió 16 cheques por un millón 808 mil 593 pesos a una cuenta en Banorte y transferencias por dos millones 338 mil pesos mediante 33 cheques a una de sus cuentas en Scotiabank.
El 31 de agosto de 2020 igualmente fue aprehendido Juan Manuel Hernández Gayosso, quien trianguló depósitos hacia Contabilidad del Siglo XXI, que terminaban en cuentas de los receptores finales.
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LA RED DE EMPRESAS
Además de las firmas operadas por Zamudio Isbaile, así como Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, una empresa presuntamente constituida con el patrimonio de la UAEH y por órdenes de Gerardo Sosa, a decir del testigo colaborador del caso, Óscar Pacheco Medida, la UIF y la FGR siguen el rastro a una serie de contratistas vinculados con el también denominado Grupo Universidad, que consiguieron obra pública a cambio de supuestas prebendas para el líder de la agrupación. Contra los dueños de estas compañías, sin embargo, no hay órdenes de aprehensión libradas, aunque éstos también han promovido recursos para protegerse.
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas en Banorte, Santander, Banamex y Scotiabank de Promotora Integral Innova S.A. de C.V., constructora del arquitecto Jesús Bravo Paredes, quien es referido en el caso por recibir contratos en la institución a cambio de proyectos para quien mantiene el control político de la universidad.
Innova recibió cinco contratos de la Autónoma de Hidalgo por 67 millones 18 mil 452 pesos entre 2010 y 2013, parte del periodo en el que la FGR imputa lavado de dinero (2011-2018) por 58.2 millones de pesos.
Bravo también es dueño de Constructora MB del Norte S.A. de C.V., que recibió un contrato por 41 millones 802 mil 238 pesos en 2018 para construir el Módulo de Residencias Universitarias en el Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP), en Tulancingo, y 766 mil 330 pesos por impermeabilización del Salón Universitario, entre enero y marzo de 2018.
Este arquitecto también es accionista de Construpam de Hgo S.A. de C.V., a la que la UAEH pagó 47 millones 999 mil 490 pesos para la construcción del Módulo II de Residencias Universitarias, en Tulancingo, el 13 de noviembre de 2019, y 11 millones 298 mil 225 pesos por el marco de acceso y la fachada principal de Ciudad del Conocimiento. Ambos proyectos fueron validados por Agustín Sosa Castelán, quien tras la detención de su hermano Gerardo asumió el control de facto de la Autónoma, aún bajo el mando del interno en el Altiplano.
Otra firma bajo sospecha de las autoridades es Construmega S.A. de C.V., propiedad del exdiputado local Raymundo Lazcano Mejía.
Este constructor llegó al Congreso para suplir a Humberto Veras Godoy, exrector de la UAEH, a quien la UIF también congeló cuentas e investiga por su probable responsabilidad en las operaciones del Grupo Universidad.
Ambos integraron el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con quien los Sosa mantienen una alianza política desde 2018.
Con base en los registros de Compranet, Construmega recibió, de recursos federales, 206 millones 874 mil 304 pesos a través de 14 contratos y su principal cliente fue la UAEH.
Este miembro del grupo político de Gerardo Sosa y también su contratista en la casa de estudios fue parte de la construcción de la Torre de Aulas en la Escuela Preparatoria No 1.
Por los acabados e instalaciones percibió 46.2 millones. Los trabajos los ejecutó entre el 27 de octubre de 2014 y el 3 de enero de 2015. Por la estructura de la torre cobró otros 34. 5 millones de pesos. El período del contrato fue del 7 de julio de 2014 y el 2 de abril de 2015.
Después de que el testigo colaborador describiera cómo Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo se constituyó con dinero de la UAEH, las autoridades ampliaron sus investigaciones a Grupo Inmobiliario Quinto, también bajo el control de Sosa, constituida ante la fe del notario Juan Manuel Camacho Ángeles, hijo del exrector de la Autónoma de Hidalgo Juan Manuel Camacho Beltrán, otro miembro de su grupo político.
De esta empresa, así como de Grupo Inmobiliario Bujarín es accionista Gerardo Sosa y sus dos hijas. En Quinto, además, aparece como accionista el testigo colaborador Pacheco Medina, que aceptó haber creado Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, por donde pasaron 31 millones 305 mil 88 pesos cuyo destino era la empresa de papel Contabilidad del Siglo XXI.
De Yolo el accionista principal es Damián Sosa Castelán, quien aspira a la candidatura de Morena al gobierno de Hidalgo.
Una fuente al interior del Grupo Universidad, que optó por no ser identificada debido a que no tiene autorización de revelar lo que en el entorno íntimo de los Sosa se conoce sobre el caso, dijo que pronto habrá noticias relevantes sobre Gerardo Sosa, desestimó las acusaciones en torno al líder político y dijo que su grupo está fortalecido de cara a la elección a gobernador en 2022.
jgp