PACHUCA.- A partir de mañana las autoridades estatales y municipales de Hidalgo tendrán que acatar nuevas obligaciones para salvaguardar los derechos de infantes y adolescentes en la entidad, durante las fases de advertencia, impacto, rescate y recuperación que se presentan en una situación de emergencia o desastre, de acuerdo con el Decreto publicado hoy en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
Al respecto, Rafael Castelán, integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), opinó que ante cualquier acción los gobiernos deben priorizar a niños y adolescentes, como se establece en el artículo cuarto constitucional.
Quizá con esta reforma queda más claro o explícito que en los momentos de contingencia o crisis, como la que se está presentando (la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus covid-19) priorizar a niños, niñas y adolescentes”, mencionó en entrevista.
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Estas nuevas disposiciones, que fueron aprobadas por el Congreso local, son siete y se definen como: defensa, preservación y respeto a los derechos de estos grupos vulnerables; garantizar acceso a la salud, nutrición, saneamiento e higiene, educación y comunicación; así como compartirles información veraz, oportuna y accesible; y prevenir y evitar la separación de sus familias.
También deberán prevenir y evitar todo tipo de abuso, violencia o explotación contra de este sector de la población; brindarles los primeros auxilios y el apoyo que requieran; y, en caso de ser necesario, habilitar albergues para ellos y sus familias.
Entre los cambios, también se agrega como parte de los principios rectores de la ley el derecho a la paz y la resiliencia.
En el acuerdo se señala que, ante una situación de emergencia o desastre en el estado, que ponga en riesgo la vida, la supervivencia, el desarrollo o la paz de niños y adolescentes, las autoridades deberán implementar acciones para salvaguardar sus derechos.
Anteponiendo siempre los principios del interés superior de la niñez y de resiliencia, las autoridades estatales y municipales deberán implementar las acciones contempladas en sus programas, planes o protocolos en materia de seguridad pública y de protección civil, para proteger el desarrollo de este sector de la población.
emh