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Por uso indebido, exige PRD transparentar padrón de programas del bienestar

El presidente provisional del PRD nacional, Ángel Ávila Romero, acusó que gobierno federal condiciona la entrega de apoyos en la entidad

Escrito en HIDALGO el

PACHUCA-. Ángel Ávila Romero, presidente provisional del PRD nacional, demandó que el gobierno federal transparente los padrones de beneficiarios de los 11 programas sociales que operan los servidores de la nación, a quienes acusaron de condicionar la entrega de apoyos.

De acuerdo con el dirigente, el sol azteca en Hidalgo ha presentado 40 denuncias al respecto, por estas prácticas detectadas principalmente en la Huasteca, en municipios donde gobierna la agrupación, como Huazalingo.

"No se sabe a quién se baja el dinero ni con qué criterios se otorgan. Lo que nosotros hemos detectado es una operación electoral a favor de Morena", señaló Ávila tras encabezar una conferencia de prensa en la sede del PRD en Hidalgo.

Recordó que el 27 de diciembre la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que en el país 36 servidores públicos cometieron actos de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de apoyos sociales.

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Cuando entregan el recurso les dicen a los beneficiarios: 'esto te lo manda el presidente Andrés Manuel López Obrador', lo que viola el 134 constitucional, el cual prohíbe la promoción personalizada de los funcionarios. Cuando regresan, les preguntan a las personas ¿quién los apoyó? para que respondan que fue el presidente y vuelvan a votar", sostuvo.

ACUSAN COBROS POR PROGRAMAS: SFP

El 12 de enero, Jesús Roberto Robles Maloof, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que de agosto a septiembre se presentaron en el país 3 mil 470 denuncias por el mal uso de los programas.

En el caso de Hidalgo, el servidor refirió 40 procedimientos administrativos relacionados con el cobro de 20 por ciento a los beneficiarios de los esquemas para adultos mayores y discapacitados por parte de los funcionarios.

 

 

emh