El 5 de diciembre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajó la ponencia de la ministra Esquivel Mossa, en la que emitió una sentencia para invalidar diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Hidalgo por falta de consulta a las comunidades indígenas, dicho documento desglosa cuatro puntos resolutivos: es procedente la acción de inconstitucionalidad, se declara invalido el decreto, la invalidez decretada surtirá efectos a partir del día siguiente a aquel en el que se concluya el proceso electoral ordinario en el estado de Hidalgo y publíquese dicha resolución en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y el semanario judicial de la federación y su garceta.
El Congreso local, responsable de legislar en la materia, a la fecha no ha dado muestras de intención de querer cumplir dicha sentencia, pues no ha convocado a mesas de trabajo a los diversos actores, tales como los representantes de las comunidades originarias, ni a especialistas en la materia en derechos colectivos, ni nada que se le parezca, así mismo el trabajo conjunto con INPI y SEDESPI con el propósito de elaborar un método de consulta.
El tiempo transcurre, aún quedan trece días de febrero, treinta y un días de marzo, treinta días de abril, treinta y un días de mayo, los mismos que junio, julio y agosto, posiblemente unos días de septiembre para aprobar la nueva reforma.
¿La prisa? La ley marca que las reformas a los códigos electorales deben estar noventa días antes que inicie el proceso de los nuevos comicios para elegir a diputados locales y garantizar certeza jurídica a las elecciones, estamos nuevamente en un bucle electoral que terminara en tres años.
La pregunta sería ¿cuándo pretenden comenzar a realizar mesas de trabajo, foros, reuniones, conferencias o paneles para siquiera dar muestras de querer cumplir con una ley? Quedó pendiente la actualización de un catálogo de comunidades originarias, así mismo una consulta electoral previa, informada, de buena fe, culturalmente adecuada y vinculatoria a las más de mil 24 comunidades, quedo pendiente el tema de autonomía presupuestaría, así mismo los presupuestos participativos.
La estrategia que siguen aplicando los legisladores es agotar los tiempos jurídicos que establecen las leyes, que al final terminan siendo redactadas en la penumbra de los escritorios. El peligro inminente de este nuevo ejercicio es tratar de justificar una tramitología, lograr un check in de las premisas dictadas por la suprema corte, sin un espíritu de interculturalidad ni humanismo, podría convertirse nuevamente en una imposición de una sola perspectiva y una mirada sobre las naciones originarias.
¿A qué le tienen miedo las instituciones? ¿Por qué tanta resistencia a establecer nuevas maneras de organización?
La locomotora de la historia sigue avanzando vertiginosamente, tal es el caso de Santa Ana Hueytlalpan que ya tiene un representante indígena en el ayuntamiento y una centena de comunidades originarias en el territorio hidalguense exigen ser reconocidas en todos sus derechos, lástima que sus pasajeros lleven pesadas cargadas rancias.