Hidalgo (La Silla rota).- Familiares de seis personas condenadas a 60 años de prisión por secuestro protestaron en los juzgados orales de Pachuca por la sentencia que, afirmaron, fue dictada sin que el ministerio público lograra acreditar el delito. Asimismo, acusaron violación a la autonomía del Poder Judicial por una supuesta intervención del gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses.
El defensor Adolfo Estrada Díaz aseguró que, durante más de una semana que duró el juicio, el representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),Adarick Vite Aranda, no pudo demostrar que se hayan hecho llamadas para pedir un rescate, un elemento básico para acreditar el ilícito.
Un supuesto elemento de prueba en la causa del juicio oral 41/2017 son dos llamadas y un mensaje de texto a una persona para pedir un pago por la liberación de un menor de 16 años y un hombre de 22, de orígenes salvadoreño y guatemalteco, encontrados en un domicilio del fraccionamiento El Saucillo, en Mineral de la Reforma.
“Soy de migración y si quieres ver a tus amigos me tienes que dar cuatro mil dólares”, es, según el ministerio público, la primera de ellas, recibida aproximadamente a las 18:47 horas.
Sin embargo, en una comunicación posterior, aseguró, le dijeron: “no soy de migración, soy de Los Zetas, y si no me consigues el dinero le voy a sacar a tus amigos los órganos y los voy a vender”. Posteriormente, añadió, el contacto fue cuestionado mediante un mensaje.
“Jamás se hizo una impresión, jamás se pidió una sábana de llamada para comprobar que se pidiera el rescate. Nunca se nos pudo probar.
“Cada uno de los acusados fue detenido en diversos lugares, no en el lugar de los hechos. Todo se montó y no se probó ese delito”, afirmó. No obstante, refirió que en la audiencia final la jueza mencionó que para acreditar el secuestro basta el testimonio de la víctima.
En el caso, el ministerio público probó la privación ilegal de la libertad, mas no el secuestro.
Asimismo, el defensor narró que los extranjeros, cuando fueron hallados en una presunta casa de seguridad, fueron agredidos por los policías, quienes no conocían a las víctimas que buscaban.
“Ellos fueron confundidos. Aquí se desahogó prueba anticipada, eran de origen extranjero y como no pudieron acreditar su estancia legal en el país inmediatamente fueron trasladadas a sus países de origen. Pero antes de que eso sucediera, en octubre de 2016, una de las víctimas dice que cuando llegan los agentes aprehensores también los patean a ellos, porque ni siquiera sabían con certeza a quién buscaban ni quién era la parte afectada”.
Durante la audiencia, una de las sentenciadas pidió a los jueces autonomía: “no queremos que el gobernador interfiera, queremos que haya separación de poderes. El Ejecutivo no debe estar inmerso en el Poder Judicial, él ha dado instrucciones para que se sentencien”, aunque no abundó al respecto.
En la protesta los familiares repitieron la petición a los magistrados: “resolver con autonomía y no por indicaciones del gobernador”.
El tribunal de enjuiciamiento de la causa 41/2017 fue presidido por Sissi Anette Rodríguez Fernández, quien vinculó a proceso, por supuesta difamación, a Leonardo García Vázquez, ciudadano que denunció públicamente daños a su vivienda, erigida por Constructora Sylma, y un posible conflicto de interés del exsubsecretario de Obras Públicas Marco Antonio Rico Moreno, hermano de Sylvia Rico, propietaria de esta desarrolladora inmobiliaria.