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Obras por 6 mdp, inoperantes por falta de contratos con CFE

Manuel Rivera Fernández, exalcalde de San Felipe Orizatlán, señaló que dos plantas de tratamiento que no operan por falta de contrato con la CFE

Escrito en ESTADOS el

Hidalgo (La Silla Rota).- Manuel Rivera Fernández, exalcalde de San Felipe Orizatlán, aseguró que 6.6 de los 26.8 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó al municipio en la cuenta pública 2016 corresponden a dos plantas de tratamiento que no operan por falta de contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo trámite, justificó, es responsabilidad de actual gobierno, a cargo del panista Raúl Valdivia Castillo, el cual tiene la personalidad jurídica.

Diez millones más, indicó, son por tres plantas potabilizadoras, construidas en las comunidades de Tultitlán, Petlacal y Potejamel, cuya documentación fue entregada al ayuntamiento, pero, afirmó, éste no lo remitió al órgano fiscalizador.

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En la inspección financiera 16-D-13046-14-1040, que integra el segundo informe de la Cuenta Pública 2016 entregado el 31 de octubre a la Cámara de Diputados, la Auditoría expuso que 24 millones 140 mil 500 pesos corresponden a obras concluidas que no operan, mientras que un millón 50 mil pesos son por estudios y proyectos sin documentación justificativa y comprobatoria.

Exige, además, otros 900 mil pesos por la realización del estudio de una obra que no se ha realizado, 45 mil 400 pesos por la retención improcedente del ISR y 667 mil 800 pesos por penas convencionales.

El exedil priista dijo a La Silla Rota que la comprobación del gasto en las tres plantas potabilizadoras, que ascendió a 10 millones 71 mil 265 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), fue recibida por el contralor Sergio de Jesús González Falcón el 8 de agosto, junto con una minuta (que mostró) del 24 de julio de 2017, en la que firman la empresa, el delegado de la comunidad y el comité de obra; no obstante, refirió que a esta fecha no fue enviada a la ASF, la cual no ha justificado la observación.

Por las plantas de tratamiento de aguas residuales de Chacuala y Mesa de Cuatolol, insistió, “no hay observaciones por conceptos pagados y no ejecutados, sólo esperamos a que se realicen los trámites ante CFE”. Éstos, remarcó, debe realizarlos el ayuntamiento, en el cual ya no tienen injerencia.

Respecto a 12 redes eléctricas, valuadas en 6 millones 39 mil 156 pesos, el excontralor Gustavo Godoy afirmó que el 11 de agosto el gobierno de Valdivia Castillo fue notificado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que éstas se encuentran en proceso de revisión.

“Cuando dicho proceso haya concluido, podrán energizar dichas obras”, expuso el exfuncionario, quien especificó que dos de estas electrificaciones, en Jardines del Llano y barrios de Achiyotl, cuyo costo ascendió a 867 mil 563 pesos y 149 mil 577 pesos, ya terminaron el proceso de inspección de CFE y operan.

El resto, añadió, depende de la supervisión que realice la empresa, por lo que no puede determinar el inicio de funciones.

El exalcalde señaló que una de las observaciones de la Auditoría, de 659 mil 470 pesos, es por la construcción de Cárcamo de Bombeo en la localidad de la Laja (FAIMS/046084).

Antes de realizarlo, mencionó, pagaron 75 mil pesos, aproximadamente, para un estudio y proyecto asignado a un particular, el cual, dijo, arrojó que existía agua. No obstante, reconoció que al realizar la excavación, la empresa ejecutora no halló el líquido en los 12 metros previstos.

Por estos trabajos, indicó, su administración, que culminó el 4 de septiembre de 2016, pagó un anticipo superior a los 300 mil pesos; sin embargo, el resto del monto que reclama la ASF fue liquidado por el actual gobierno, quien, añadió, “fue responsable de las estimaciones, el finiquito y la operación de dicha obra”.

El excontralor, por su parte, argumentó que por los tres estudios y proyectos de 350 mil pesos cada uno que encargaron para la modernización de los tramos carreteros La Huilona-Nexpa, Tigre-Los Humos y San Felipe-Talol cuarta etapa, los cuales son señalados en la inspección de la cuenta pública porque las obras no se han realizado, tienen cinco años para llevarlos a cabo, y que las reglas de operación del FAISM sí contemplan usar en éstos el recurso.

Rivera Fernández responsabilizó a la administración actual del subejercicio de un millón 154 mil 900 pesos, debido a que ésta no dispuso del presupuesto en los últimos cuatro meses del año.

Cada mes, entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el ayuntamiento recibía 8 millones 500 mil pesos de este fondo, el cual, aseveró, no dejó comprometido.

En cuanto al ISR, justificó el excontralor, éste fue retenido por el banco de los rendimientos financieros que generó el depósito mensual de 8 millones 500 mil pesos.

El exmunícipe insistió que la actuación administración es corresponsable por el monto observado en la construcción del cárcamo, mientras que por el subejercicio es ésta quien debe justificar ante la Auditoría.