PACHUCA.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tendrá que descongelar las seis cuentas bancarias por un monto de 151 millones de dólares de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), investigadas por presunto lavado de dinero, luego de que un tribunal colegiado lo ordenó en definitiva.
"Se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables levanten la orden de bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias aperturadas a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el fin de que pueda disponer de los fondos depositados en ellas", establece la sentencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en Pachuca.
La sentencia del tribunal integrado por los Magistrados, presidente Juan Carlos Hinojosa Zamora, José Guadalupe Sánchez González y Aníbal Lafragua Contreras, se dio a conocer en sesión virtual el pasado 15 de mayo y la UIF fue notificada de la resolución el pasado lunes.
Se trata de las cuentas 7003234986, 4060282449, 4060782513, 4061368890, 6348352082 y 4061368908 de HSBC.
"(La UIF) informó que se estaba llevando a cabo una investigación a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por creerse que estaba involucrada con una organización criminal que opera en México, lo cierto es que ninguna constancia de ello se presentó", estableció el fallo.
ANTECEDENTE
El 26 de febrero de 2019 la UIF que dirige Santiago Nieto congeló las cuentas luego que detectó la transferencia de 151 millones de dólares procedentes de Suiza, en una operación sospechosa de acuerdo con los protocolos del sistema financiero para prevenir el lavado de dinero.
El 4 de junio de ese año un juez de Distrito en Materia de Amparo concedió una suspensión definitiva a la UAEH contra la medida administrativa, sin embargo, el rector Adolfo Pontigo acusó entonces que la UIF no había acatado la resolución del juez que promovió el amparo 231/2019-2 en el Estado de Hidalgo, pues las cuentas bancarias permanecían inmovilizadas.
De acuerdo con Nieto Castillo, el bloqueo de las cuentas bancarias derivó del cumplimiento a una solicitud de cooperación internacional realizada por la DEA, por lo que se evitó que los recursos fueran sustraídos mediante el congelamiento de las mismas.
"Se trasladaron los recursos porque nos dan mejor interés, y los recursos se trasladaron de Suiza al Banco HSBC. Y aquí confundieron traslado con lavado", señaló durante una reunión en el Congreso local el 22 de marzo de 2019, con legisladores afines al llamado Grupo Universidad.
ORDEN DE APREHENSIÓN
Tres meses después de que la UIF congeló las cuentas universitarias, incluidas las personales de Gerardo Sosa y Adolfo Pontigo, el presidente del Patronato tramitó un amparo contra una posible orden de aprehensión que habría girado una juez de control, adscrita al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur.
Por ello, la juez primero de Distrito de Amparo en Materia de Amparo, Sandra Leticia Robledo Magaña, otorgó la suspensión provisional de la orden de captura en contra del exrector de la casa de estudios del estado, quien recibió la garantía para evitar su detención, siempre y cuando no se tratara de un delito catalogado como grave.
Sin embargo, días después quien salió en defensa de Sosa Castelán fue rector Pontigo Loyola, quien negó la existencia de la orden de captura, aunque sin referirse a él de manera directa.
OBSERVACIONES DE LA ASF
En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó a la UAEH 729 millones 130 mil 532.33 pesos de la cuenta pública 2018, por transferencias bancarias sin justificación y adquisición de equipo que no era financiable con el subsidio federal.
Asimismo, por sobrecosto en la nómina del personal, no informar al SAT sobre retenciones del salario de los trabajadores para el fideicomiso de pensiones, no acreditar la plantilla de seguridad privada y falta de información en los portales de Transparencia.
Según la auditoría 2018-4-99010-19-0161-2019, en 2018 la casa de estudios recibió mil 171 millones 904 mil pesos del Subsidio de Organismos Públicos Descentralizados Estatales, de los cuales la ASF analizó la aplicación de mil 338 millones 316.3 mil pesos, lo que representa 87.6 por ciento del total. El sujeto obligado deberá solventar las observaciones para evitar que se finquen responsabilidades.
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