PACHUCA.- El legislador local José Antonio Hernández Vera presentó en el Congreso de Hidalgo una iniciativa para inhabilitar de por vida a funcionarios que estén involucrados en actos de corrupción y obtenga un beneficio económico o cause daños patrimoniales.
La iniciativa, del diputado morenista, propone reformar los artículos 151 y 154 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de combate a la corrupción, en los cuales propone que no podrán ejercer cargo público alguno los funcionarios condenados por los delitos antes mencionados.
Lee más en LSR Hidalgo: Quieren que sector salud atienda abortos; provida rechaza la propuesta
Hernández Vera refirió que es “preocupante que nuestro estado no escape al flagelo de la corrupción”, ya que Hidalgo se encuentra entre las 10 entidades peor evaluadas en materia de corrupción según datos de Transparencia Mexicana e Impunidad Cero.
En tanto en materia de impunidad obtuvo un índice de 88, donde 100 es muy impune, además de colocarse como la entidad 11 más opaca de acuerdo con el Coeficiente TAI 2017.
Asimismo, entre 2015 y 2017 incrementó el porcentaje de población que considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en la entidad, ya que pasó de 77.6 a 82 por ciento, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que realizó el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
Derivado de tales estudios José Antonio Hernández Vera propuso, en la iniciativa, la inhabilitación de por vida sea aplicada cuando el daño sea equivalente o exceda 1500 veces la Unidad de Medición y Actualización (UMA).
Y en los casos en donde el servidor público los perjuicios sean inferiores a 1500 veces la UMA deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido o con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios originados por su conducta ilegal.
De la misma manera en el artículo 154 de la ley hidalguense, dicta que no podrá ejercer cargo público alguno, el servidor público que sea condenado por actos de corrupción, delincuencia organizada, daño al erario público, y/o delitos electorales; en tales casos los plazos no tendrán prescripción.
emh