En el sector de las telecomunicaciones hablamos continuamente de la importancia de contar con una estrategia digital nacional, es decir, una hoja de ruta sustentada en la planeación de esfuerzos transversales para incorporar al país en todos sus ámbitos y regiones al uso de las tecnologías digitales con el objetivo de cerrar las brechas de acceso a las oportunidades económicas y sociales que trae el avance tecnológico.
El gobierno digital es un componente fundamental de una estrategia digital nacional y por ello la administración pública federal y local, incluyendo a los distintos poderes que conforman el Estado, deben tener un papel protagónico en esta transformación. Pero por más ambicioso que sea el objetivo del gobierno digital, no basta con la acción unilateral del Estado. Una verdadera estrategia digital nacional debe contemplar el concurso de las entidades privadas, las organizaciones sociales y, muy especialmente, las instituciones educativas, para poder ser exitosa.
¿Qué significa en la práctica la digitalización? ¿Cómo puede impactar nuestra vida diaria? Contar con servicios digitales puede significar que, para inscribir en la escuela a un niño de una comunidad apartada, su familia no tenga que dedicar uno o más días a conseguir un acta de nacimiento, faltar al trabajo y pagar el transporte para acudir en persona a la oficina más cercana del registro civil; que una joven mujer no tenga igualmente que dedicar tiempo y hacer gastos para acudir a una clínica donde den seguimiento a su embarazo, sino que pueda comunicarse con una ginecóloga desde su celular; que cualquier persona con una molestia de salud pueda obtener de forma remota una opinión médica para un tratamiento oportuno. Para una persona con discapacidad motora, puede implicar una puerta abierta a miles de oportunidades de preparación y empleo, donde los obstáculos para la movilidad presentes en todos nuestros entornos urbanos y rurales no se transformen en limitaciones para alcanzar la autonomía e independencia económicas.
Por ello, la digitalización es una herramienta poderosa para abatir las brechas que existen dentro de nuestro país, pero también las que nos separan del resto del mundo, que no debemos perder de vista. Es igualmente importante no frenar el paso frente a otros países para no perder competitividad y mantener la capacidad de atraer inversiones que crean empleos y abren mercados para los productos y servicios que generan los mexicanos.
A inicios del sexenio pasado se publicó la Estrategia Digital Nacional, una hoja de ruta ambiciosa que planteaba distintas líneas de acción encaminadas a adoptar las tecnologías y cerrar la brecha digital. Hubo avances, pero muchas acciones se quedaron a medio camino. Aún así, se avanzó en la construcción de un entorno habilitador, lo que quiere decir que no hay que recomenzar desde cero.
A posteriori, la experiencia está llena de lecciones. Por un lado, observamos que las acciones alcanzadas más visibles corresponden a lo que es un programa de gobierno electrónico, confirmando que la centralización y verticalidad en la toma de decisiones puede ser efectiva sólo hasta donde alcanza el ámbito de quien dirige las tareas, en este caso el Poder Ejecutivo Federal, pero es una limitante para impulsar cambios transversales.
La transición de la nación hacia lo digital es una tarea de múltiples partes interesadas, que requiere horizontalidad desde la planeación hasta la ejecución y la supervisión, compromisos ciertos y mecanismos de gobernanza. Es necesario también establecer metas intermedias claras, arreglos de coordinación fluidos, así como procesos para detectar y resolver cuellos de botella.
Una estrategia digital nacional también debe ser dinámica, de forma que se adapte a los cambios que surjan en el entorno. En el sexenio pasado, por ejemplo, la hoja de ruta no se ajustó después de la reforma constitucional en telecomunicaciones, por lo que no se adecuó a la existencia de un nuevo regulador y autoridad de competencia autónomo ni a la consecuente redistribución de facultades respecto del poder ejecutivo.
Más recientemente, importantes organizaciones empresariales del país -la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, la Asociación de Internet.mx y Competitive Intelligence Unit- propusieron públicamente una Agenda Digital Nacional.
Esta agenda aporta propuestas valiosas relacionados con el entorno regulatorio, de infraestructura, incentivos, seguridad y habilidades que necesita el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, para desarrollarse.
Pero, además, el país precisa directrices para la adopción tecnológica considerando las demandas para mejorar el desempeño y la cobertura de servicios educativos y de salud, cerrar las brechas de desarrollo entre regiones, atender los retos de los gobiernos locales, además de numerosos otros objetivos de política pública que las tecnologías digitales pueden impulsar poderosamente.
De allí que, idealmente, la estrategia digital nacional debería ser un eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo. Lamentablemente esta visión no se incorporó ni como un capítulo del plan.
Ahora bien, no es que exista un total desinterés del Estado por lo digital. Podemos identificar distintas acciones aisladas de distintas entidades públicas que intentan empujar al país hacia esta transformación. Por ejemplo, están los programas de trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Programa de Cobertura Social que presentó la Subsecretaría de Comunicaciones, la creación de CFE Telecom e Internet para Todos, y algunas iniciativas de gobiernos locales como la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX. También podemos contar el anuncio de importantes grupos empresariales sobre próximas inversiones en estos mercados.
Pero una estrategia digital no se construye con la suma de acciones diseñadas aisladamente. Inclusive puede suceder que algunas iniciativas nobles pero desarticuladas terminen por fracasar y neutralizar otros esfuerzos al no haber considerado las complejas interacciones del ecosistema digital.
Urge por eso la coordinación de los diferentes poderes del Estado, federales y locales, con otras partes interesadas privadas y sociales para construir participativamente una estrategia digital nacional.
Corresponde a la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, ubicada en la oficina de la Presidencia de la República, emprender esta tarea.
¿Qué opciones hay para ello? Una, es seguir impulsando de forma azarosa algunos proyectos específicos, como fue la creación de CFE Telecom e Internet para Todos, lo cual no corresponde a una estrategia digital nacional y, en el mediano plazo, puede resultar incluso contraproducente.
Otra, es liderar un programa de gobierno digital desde el poder ejecutivo, lo cual por sí mismo tendría un gran valor, al generar ahorros administrativos, mayor eficiencia y alcance de los servicios públicos, con beneficios para toda la población. Sería un gran avance porque el gobierno digital es un componente indispensable de la transformación que buscamos, pero no alcanza a ser una estrategia digital nacional.
La tercera alternativa es coordinar la interacción entre múltiples partes interesadas públicas y privadas, que articulen colaborativa y horizontalmente una ruta de acciones, compromisos y responsables a corto, mediano y largo plazos, con mecanismos de supervisión y revisión. Es decir, una verdadera estrategia digital nacional que lleve la tecnología a cada rincón de nuestro país para cerrar brechas y multiplicar oportunidades. Este es el camino que debemos emprender. Lo necesitamos todos.