La violencia de género sigue siendo una constante en México. Frente a esto urge articular políticas de protección a las mujeres que son víctimas de potenciales feminicidas y acosadores en una sociedad donde urge visibilizar el problema.
No debe se debe tolerar ni ver como algo "normal" la violencia contra las mujeres y se deben garantizar sus derechos.
Datos de la Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual.
Y en México 6 de cada diez mujeres han enfrentado hechos de violencia y les cuesta superar este problema.
Naciones Unidas ha formulado un llamado al gobierno, a las instituciones públicas y privadas, y a toda la sociedad en su conjunto, a comprometerse y sumar esfuerzos para implementar acciones a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que viven millones de mujeres y niñas.
En la agenda gubernamental mexicana la violencia contra las mujeres y las niñas, que es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, no se le da la atención debida.
Aún sigue habiendo asesinatos, maltratos, explotación, prostitución y diversos actos que atentan contra la dignidad de las mujeres.
Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en el seno del hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros.
En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día, de acuerdo a estadísticas oficiales.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW) ha lamentado en sendos informes la persistencia de los altos niveles de violencia que afectan negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Urge que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconozca la determinación, relevancia y valentía de activistas y movimientos en defensa de las mujeres.
Se requiere de un enfoque multidimensional para poder incidir en las numerosas formas que originan la violencia.
Y en ese contexto se debe involucrar las instituciones estatales o a las sobrevivientes de violencia, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de la comunidad en su conjunto.
La ONU establece que para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la cual busca construir un futuro sostenible, resulta indispensable: Atender las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y las niñas desde sus raíces.
Ello implica la necesidad de tomar acción para la prevención, promover marcos normativos y de política pública que sean integrales; que tengan perspectiva de género y de interculturalidad.
Además que tengan un enfoque de derechos humanos, en cumplimiento de los más altos estándares internacionales, y que sean efectivamente implementados.
Al mismo tiempo urge fortalecer a las instituciones estatales, así como a la sociedad civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y con recursos suficientes para esta tarea.
El Gobierno debe crear normas, políticas públicas que prevengan y atiendan adecuadamente la violencia.
Esperamos que el gobierno no se desentienda de esta agenda que afecta la conciencia nacional.