La Cámara de Diputados recibió el Paquete Económico con lo que da inicio la revisión y discusión del Presupuesto de Egresos 2020, sin duda la decisión más importante de política pública que toma la Cámara de Diputados de manera exclusiva.
La Cámara de Diputados tendrá hasta el 20 de octubre para avalar la Ley de Ingresos de la Federación y el Senado hasta el 31 de octubre. Por su parte, la Cámara de Diputados tendrá como fecha límite el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La definición de cómo se realizará el gasto del próximo año debe atender a las necesidades más urgentes del país, dentro de las que se encuentran la pobreza, la inseguridad y un mayor crecimiento económico que beneficie a las familias mexicanas. Según la Coneval 52.4 millones de mexicanos (41.9%) viven en situación de pobreza, de los cuales 9.3 millones están en pobreza extrema[1].
Por otra parte, la violencia se ha recrudecido en este sexenio. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en los primeros siete meses del 2019 han ocurrido 20,135 homicidios en México, dando un promedio de 95.8 por día. Esta es la cifra más alta desde que se tiene registro.
Para el ejercicio 2020 se proyecta un gasto neto de 6.05 billones de pesos, pero el 60% corresponde a rubros como el gasto federalizado (1.9 billones de pesos), las pensiones (965 mil millones de pesos) y el servicio de la deuda (700 mil millones de pesos); por lo que la discusión en Cámara de Diputados se centrará principalmente en el 40% restante.
El gobierno federal espera un crecimiento de la economía entre el 1.5 y 2.5 por ciento para el 2020; una tasa anual de la inflación del 3%; que la deuda total del país se ubique en 45.6% del PIB; que el petróleo mexicano quede en 49 dólares el barril; y que el tipo de cambio sea de 20 pesos por dólar para el final del periodo. Y el gobierno pretende mantener una meta de superávit primario de 0.7% del PIB, la cual es menor a 1% del PIB para el 2019.
La situación es compleja, la desaceleración económica se ha intensificado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. A su vez, decisiones del Ejecutivo han afectado la confianza de los inversionistas hacia nuestro país, quienes además están a la expectativa de que se ratifique el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Se ha decidido incrementar los recursos del gobierno federal sin crear nuevos impuestos ni subir los ya existentes y seguir posponiendo la necesaria reforma hacendaria. Su estrategia será medidas administrativas y de combate a la evasión fiscal, pero el riesgo es que se incurra en “terrorismo fiscal”. Es necesario combatir la informalidad y aumentar la base de contribuyentes para evitar que el peso recaiga sobre los contribuyentes cautivos.
Un riesgo será el que los ingresos petroleros fueron calculados con base en una producción de 1.95 millones de barriles diarios para el 2020 lo cual está por ver si se concreta. Y, por otra parte, organismos empresariales como la Coparmex han manifestado su preocupación por la baja en la inversión física, la cual es clave para el desarrollo de la economía.
En la propuesta de Hacienda parte de los castigados serán los ahorradores, pues pretende que éstos sufran un incremento en la retención de intereses del 1.04 al 1.45% dentro del sistema financiero formal. Este sería el segundo incremento durante esta administración ya que en el 2018 esta retención se encontraba sólo en 0.46%. Irónicamente, ante escenarios de recesión los expertos recomiendan fomentar el ahorro en las finanzas personales.
En cuanto a los organismos autónomos, los cuales en el 2019 fueron muy castigados presupuestalmente por la actual administración, el único que al momento tiene un aumento presupuestal considerable es el Instituto Nacional Electoral. Dada su enorme importancia y la situación de violencia que vivimos, es deseable que en Cámara de Diputados al menos la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga un mayor incremento.
Por el bien del proceso de discusión del Paquete Económico que inicia esta semana en el Poder Legislativo, es fundamental que éste se dé en pleno respeto al equilibrio de poderes, en apertura al diálogo y a las minorías. La prioridad deberá ser un presupuesto socialmente responsable que proteja la economía de las familias mexicanas y el ingreso familiar. Para lo cual será necesario recuperar la confianza de los inversionistas; fomentar el ahorro; evitar desviaciones, la discrecionalidad y el gasto clientelar; y promover siempre el crecimiento, el empleo y la inversión productiva.
[1] Coneval “10 años de medición de pobreza en México”