Durante varios años, en nuestro país se ha combatido el uso de enervantes a través de un enfoque prohibicionista, que ha implicado una estructura normativa y políticas punitivas orientadas a desincentivar el consumo a partir de una perspectiva penal, dejando en un plano menor los aspectos de salud pública que están implicados en el fenómeno.
Bajo este contexto, ha tenido lugar una larga ruta de violencia dirigida a enfrentar a las organizaciones de traficantes, la cual se agudizó en los años recientes, particularmente a partir de la declaración de guerra contra el narco que hizo el entonces presidente Felipe Calderón, basada en el uso de la milicia y en el ejercicio más amplio de la penalidad como medios para reprimir el comercio ilícito de sustancias. Esta estrategia fue replicada en lo general durante la administración de Enrique Peña Nieto, sin que se haya logrado bajar el consumo y el trasiego de drogas, además que se han incrementado la violencia y la corrupción asociadas al fenómeno.
Dados los resultados, es posible decir que se atestigua el fracaso de una política de drogas equivocada. Esta idea se refuerza si se considera que la vertiente prohibicionista ha dejado de ser vista como una opción viable en algunos países, que exploran formas alternativas, como son los casos de Holanda, Portugal, Luxemburgo, Alemania, Uruguay e, incluso, algunos estados de EU, como California y Colorado, esto a pesar de que Norteamérica es el más férreo impulsor del prohibicionismo en el mundo.
Vale señalar que, desde 2008, la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en un documento de su Comisión de Estupefacientes, ya advertía de “consecuencias negativas” colaterales relacionadas con el prohibicionismo, entre las cuales estaban la instauración de un gran mercado criminal; la desviación de recursos del sector salud al de seguridad; y la estigmatización de los consumidores de enervantes.
En México, varias voces desde la academia, las organizaciones civiles y el activismo, se han pronunciado por la necesidad de reflexionar sobre el cambio en las acciones que se requieren para atender al uso de drogas en nuestro país, de manera efectiva, con menores incentivos para el crimen organizado y con menos violencia.
Con el cambio de régimen político a partir del triunfo electoral de Morena en 2018, muchos rubros han cambiado en el ámbito gubernamental. Se han replanteado perspectivas, formas y acciones en la economía, en la administración pública, en la educación y en la salud. Respecto al tema de las drogas, es alentador que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND), se califique al enfoque prohibicionista como “insostenible”, y que se señale que la alternativa es un abordaje distinto que privilegie el seguimiento clínico y los tratamientos de desintoxicación.
El contenido del PND guarda correspondencia con los postulados de las llamadas políticas de reducción de daños, las cuales tiene por objetivo disminuir las consecuencias negativas del uso de drogas en los ámbitos de la salud, la economía y demás aspectos sociales, en los planos individuales de los consumidores, de sus familias, y de la comunidad. Esto se plantea desde la perspectiva de que es ilusorio pensar en la eliminación total del uso de drogas en el mundo. De ahí la necesidad de desechar la noción de la cero tolerancia, para sustituirla por un esquema que contemple el manejo de los daños relacionados con las drogas de una manera pragmática y realista, con la salud pública y el bien común como insignias.
Al respecto, es notoria la congruencia del contenido referido del documento rector en el ámbito de las políticas públicas, con el nombramiento como titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones del Doctor Gady Zabicky Sirot, designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El nuevo comisionado es médico cirujano, con especialidad en psiquiatría y subespecialidad en adictología; colaboró en Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, en el que fundó la Clínica de Investigaciones relacionadas con Sustancias; fue profesor en la UNAM; y ha realizado investigaciones en EU y en Israel. Uno de los principales aspectos a destacar en la amplia trayectoria del doctor Zabicky es su impulso a la discusión de los modelos de reducción de daños.
Bajo este contexto, algunos aspectos que tendrán que ser debatidos en el ágora pública con mayor intensidad son los relacionados con el énfasis en la educación para la prevención, con información veraz y oportuna disponible para la población; el suministro de apoyo médico a quienes son adictos a alguna sustancia, en lugar de ser objeto de criminalización; y la exploración en las diferentes opciones para la regulación de la mariguana, con el fin de reducir las posibilidades de negocio para los grupos delictivos. Para ello, se debe tomar en cuenta que se requiere de la participación social más amplia en la discusión y en las tareas que se deriven para alcanzar mejores resultados. No se puede caer nuevamente en un escenario de dispendio de tiempo y recursos destinados a acciones que no rinden frutos positivos, pues el futuro del país está en juego.