Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró en medio de esta crisis: “No podemos detener el COVID-19 sin proteger primero a los trabajadores sanitarios”, palabras que pocos gobiernos han entendido y quienes ahora enfrentan serios reclamos por la falta de equipos de protección, de insumos suficientes y adecuados para atender esta pandemia todavía incontrolable.
Actualmente los hospitales no paran y las 24 horas no alcanzan; se ve el trajinar de los camilleros de un lado a otro, de los paramédicos, de los conductores de ambulancias con una mayor tensión que hace unas semanas. No se diga la alerta total a la que están sometidos los médicos y enfermeras; y los jóvenes estudiantes de medicina que hacen su servicio social, quienes tienen que aprender a toda prisa, y se exponen más al no tener la experiencia debida.
Los olvidados médicos residentes con inestabilidad laboral permanente, los laboratoristas y de rayos X. El personal de limpieza, muchos de ellos subcontratados, que tienen la tarea de desinfectar todas las áreas de los centros hospitalarios; el personal de cocina, de administración y de vigilancia, quienes no pueden abandonar sus puestos de trabajo, todos ellos en riesgo.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los trabajadores de servicios de salud y asistencia social hasta 2019 representaban 762 mil 57 personas. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con datos recientes, existen 84 mil médicos, 120 mil enfermeras y 80 mil médicos residentes, pero incluso antes de esta crisis los servicios desbordaban incapacidad para atender a los pacientes instalados.
Cuento con documentos que prueban el viacrucis que padecen los derechohabientes del IMSS. Para valorar una enfermedad cada paciente tiene que esperar hasta seis meses para que se le atienda. ¿pero de qué se trata? ¿por qué nos dicen que todo funciona bien, cuando la realidad los contradice?
¿Qué pasará con los pacientes de esta pandemia? ¿tendrán preferencia de quienes están en fila para ser atendidos con meses de anticipación? ¿Se les relegará a los derechohabientes su cita seis meses después, si sale vivo de este contagio?
Por eso no han sido casuales las protestas de los trabajadores de la salud quienes exigen lo elemental, que se convierte en imprescindible para su actividad. Ellos dependen del equipo médico personal para protegerse a sí mismos, a sus pacientes y evitar infectarse o infectar a otras personas.
Los trabajadores de la salud conocen desde dentro las carencias y saben bien que, si en este momento no se les otorgan condiciones adecuadas para su trabajo, los siguientes que recibirán el contagio del COVID-19 serán ellos mismos.
Su reclamo se ha extendido en diversas ciudades del país como Saltillo y Torreón, Coahuila; Xalapa, Veracruz; Puebla, Puebla; León, Guanajuato y en la Ciudad de México en el Hospital La Raza, Hospital General de Zona no. 27 Tlatelolco, Hospital Regional No. 2 Guillermo Fajardo Ortiz, Hospital Regional No. 1 Gabriel Mancera y la Unidad de Medicina Familiar No. 15 en Iztapalapa, Clínica 32 de Calzada del Hueso, todos ellos trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, e incluso personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER) quienes exigen material básico, capacitación, pago de bono de alto riesgo e infraestructura adecuada para la atención de personas infectadas con el COVID-19.
La OMS ha recomendado que para la atención de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 el personal médico debe contar con mascarilla quirúrgica, que es utilizada por los cirujanos, personal médico y sanitario, especial para protegerse de epidemias, bata, guantes quirúrgicos, gafas de protección ocular o protectores faciales, respiradores N95 e insumos para la toma de muestras para diagnóstico de laboratorio.
Por esta pandemia a nivel internacional, la OMS calcula que se necesitan 89 millones de mascarillas médicas al mes para responder a la COVID-19. En el caso de los guantes de examen, esa cifra asciende a 76 millones, mientras que la demanda internacional de gafas de seguridad requiere de 1,6 millones al mes.
Los fabricantes de esos productos están haciendo su agosto en pleno marzo, el precio de las mascarillas quirúrgicas se ha multiplicado por seis, el de los respiradores N95 por tres, y el de las batas por dos.
Es un enorme reto que tienen los gobiernos del mundo en lo particular para proteger debidamente a sus trabajadores de la salud. Muchos de ellos carecen de estabilidad laboral, mantienen jornadas que rebasan los máximos legales, padecen bajos salarios y pésimas condiciones de trabajo.
Aún es tiempo de reconocer su trabajo, no con aplausos, sino respetando sus derechos laborales, su integridad, su vida, su dignidad como trabajadores, ahora sustanciales para enfrentar esta pandemia.