Este primero de julio entra en vigor un acuerdo comercial de América del Norte ahora llamado T-MEC, renovado a la fuerza, por una presión desmedida del presidente estadounidense Donald Trump para cambiar las reglas del juego a su favor.
Trump que enarboló la campaña del empleo acotó a los exportadores mexicanos y estableció una serie de trampas para imponer sanciones arancelarias en caso de violar las reglas ideadas e impuestas por los negociadores de Trump. Las sanciones pueden significar la suspensión de operaciones en las empresas que tengan una acusación de violación de normas comerciales o de trabajo, mientras la investigación esté en curso.
La imposición de sanciones es anticipada, sea o no responsable la empresa, ya que establece la presunción de culpabilidad mientras no se demuestre lo contrario, hecho que puede afectar directamente a los trabajadores y la subsistencia de la fuente de trabajo.
En materia comercial, los negociadores norteamericanos impusieron reglas más sucias y los representantes mexicanos ni las manos metieron. Es claro que el país hegemónico impone sus condiciones al país subordinado.
Los retos son enormes con la entrada en vigor de este acuerdo comercial. El gobierno mexicano deberá tener como equipo de defensa a funcionarios debidamente preparados que hagan frente a denuncias anónimas apoyadas por grupos de poder extranjeros para afectar a las empresas mexicanas y a sus trabajadores.
Para evitar que las denuncias prosperen se deberá dotar de inmediato de un importante presupuesto a las Secretarías del Trabajo tanto Federal como estatales (incluida la Ciudad de México) para que cuenten con inspectores suficientes que atiendan las quejas de los trabajadores mexicanos ante la violación a sus derechos laborales. Si las violaciones se subsanan en casa no habrá materia para que las quejas internacionales prosperen.
Los trabajadores deberán contar con instancias de justicia laboral que resuelvan de manera pronta y expedita sus demandas. No es viable esperar a que se instrumente la reforma laboral, porque puede tardar varios años su implementación.
Dotar de recursos humanos y económicos a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de todo el país en esta etapa, es trascendental. De otra manera serán justificadas las quejas en la instancia comercial internacional que hagan los trabajadores mexicanos y las anónimas que representen el interés de los grupos comerciales extranacionales.
Será bochornoso que el mecanismo previsto en el T-MEC sea más eficaz que las instancias de justicia mexicana.
Puede ocurrir el caso de un grupo de trabajadores en nuestro país creyendo que el TMEC protege la libertad sindical, solicite el registro sindical, pero como represalia sufran despidos los dirigentes, y éstos decidan solicitar el apoyo de las autoridades mexicanas al acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje más cercana. Su sorpresa será mayúscula al darse cuenta de que un juicio laboral, el más rápido tarda tres años y puede durar hasta más de siete.
Se darán cuenta que la protección a la estabilidad en el empleo está hecha trizas y sin ella el ejercicio de los derechos colectivos es mera ilusión.
En este caso para ellos será más fácil presentar una queja en el mecanismo del acuerdo comercial y obtener una respuesta más pronta o un proceso que pueda redundar en el cierre de la empresa.
Con la entrada en vigor del T-MEC se abren nuevas expectativas en el ámbito laboral para que los trabajadores puedan ser actores en los procesos de negociación colectiva, logren elegir a sus dirigentes mediante el voto personal, libre, directo y secreto, y exijan cuentas claras en el manejo de sus cuotas sindicales, pero para lograrlo se requiere fortalecer los mecanismos de justicia laboral local.
Al momento de entrar en vigor el T-MEC las empresas subcontratistas viven su mejor momento (de impunidad) y éstas por su composición están sostenidas por contratos colectivos de protección (que gozan de cabal salud) y que son un auténtico blindaje de abusos en contra de los trabajadores.
Ya basta que el Senado mantenga congeladas iniciativas para acotar a estas empresas llamadas outsourcing, que viven de la simulación y afectación de los derechos de los trabajadores. Ser legislador es comprometerse con la Nación y no ser cómplice de intereses mezquinos.
El acuerdo comercial T-MEC abre enormes retos para los trabajadores, para las empresas y para la economía mexicana, pero eso no le quita, a pesar de toda la propaganda a favor, el sabor (metálico) a Trump.