En solidaridad con Artículo 19.
Si una persona desconocida le dijera que quiere regalarle un millón de pesos, probablemente usted actuaría con cierto grado de cautela. ¿En razón de qué, un completo desconocido habría de regalarle dinero?
Es probable que usted suponga que se trata de una broma o, en el mejor de los casos, que detrás de tan singular propuesta existe una intención que pudiera atentar contra su integridad. ¿Quién le garantiza que no pretenden involucrarle en una trama de “lavado” de activos o que será víctima de algún tipo de extorsión?
Sin embargo, si un agente gubernamental le dice que va a regalarle dinero, difícilmente usted actuaría con la misma suspicacia. En principio de cuentas, porque los recursos que le ofrecen ascienden a 2 mil 550 pesos “cada dos meses”; es decir, mil 275 pesos mensuales o cuarenta y dos pesos con cincuenta centavos diariamente si es usted adulto mayor, o 4 mil 310 pesos si es joven; además, si se trata del segundo supuesto usted recibirá “capacitación” por un año, en alguna empresa y su inscripción al Seguro Social. En segundo lugar, porque proviniendo del gobierno, es loable suponer que se trata de actos de buena fe, carentes de toda malicia.
Y no es que sea mucho, pero ¿“a quién le dan pan que llore” y más cuando su situación económica —como la de muchos— es simplemente precaria? Junto con el dinero, la propaganda gubernamental lo convencerá de que se trata de un acto de justicia que nunca tuvieron para con usted “los gobiernos anteriores”. Y, de paso, le reiterarán siempre que usted obtiene ese recurso gracias al presidente de la República —lo que de suyo constituye un acto de propaganda— y no como consecuencia de una política de Estado que busque beneficiar a los que menos tienen.
A usted le resultará irrelevante saber que el monto presupuestado en 2021 para el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores —de donde provienen esos $42.50 que recibirá diariamente—, ascienden a casi 36 mil millones de pesos anuales o que el presupuesto para Jóvenes Construyendo el Futuro suma más de 64 mil millones de pesos. Seguramente tampoco se preguntará por su origen.
Para poder atender ambos programas, el gobierno federal debió tener un incremento en sus ingresos, superior a los cien mil millones respecto de ejercicios fiscales anteriores al surgimiento de dichos programas. De no ser así, el origen del dinero sólo puede explicarse a través del recorte de presupuestos vinculados a derechos humanos, como es el caso de la salud y la educación. Porque, encima de todo, la partida presupuestal para la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo un aumento de casi el 20% y, desde luego, se han dedicado recursos impúdicos a obras que no tendrán ningún impacto significativo en el desarrollo del país, como es el caso del Tren Maya, cuyas ganancias serán destinadas a las pensiones de los militares.
El dinero que gasta el gobierno proviene del cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos que realiza a empresas públicas, privadas y a particulares. Si en un año determinado, a las personas físicas y morales les va bien, entonces el gobierno tendrá mayores recursos para gastar. Y si es un año de “vacas flacas”, tendrá que recortar su gasto, ponderando la protección de derechos sociales, es decir, tratando de afectar lo menos posible a dichas áreas.
Que se recorten recursos a salud y educación para que usted tenga un dinerito y que encima le vendan la idea de que se trata de una política de Estado en la que se privilegia a los que menos tienen, es una estrategia propagandística que seguramente no le generará suspicacias.
Sin embargo, su impacto es más pernicioso que si se tratara de un esquema de “lavado” de dinero, pues no sólo se atenta contra los derechos humanos de personas enfermas o contra el futuro de la niñez, sino que tiene la intención de mantenerle a usted como una “clientela” cautiva e irreflexiva sobre los porqués alguien le regala dinero, supuestamente a cambio de nada.