“Perfumado por la floración de los árboles, /el viento silbaba suavemente/ al pasar entre las ramas / de los viejos naranjos” versa Gerardo Can Pat, poeta maya al hablar de las calurosas noches de abril y los recuerdos del amor en su natal Tibolón, poblado en medio del camino entre Mérida y Valladolid, cerca del anillo de cenotes y de innumerables sitios arqueológicos. En pleno corazón de la península de Yucatán, un área que da cobijo a tres estados de la República, el propio Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
“El viento ha recogido la flor en el cuenco de sus manos, la está cuidando. Viene la avispa y la besa en presencia del viento; llega la abeja y la besa en presencia de la avispa”, rememora la poeta Briceida Cuevas Cob, de Campeche, al narrar su entorno y resaltar en su obra la importancia que tienen las abejas para las comunidades mayas, desafortunadamente, en peligro de extinción ante la depredación de las selvas peninsulares para ampliar los campos de cultivo de soya, en su mayoría, emanada de semillas modificadas genéticamente.
Una actividad milenaria y ancestral, como la apicultura, que se ha comenzado a extinguir, a pesar de que legalmente se ha prohibido la extensión de los cultivos de soya y su continuidad, pese al veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los derechos culturales, sociales, económicos y ambientales de los pueblos mayas.
La vista se pierde en los laberintos verdes formados por el infinito de árboles y de vegetación que por siglos le ha dado su fisonomía a la península de Yucatán, espacio geográfico donde se incubó la cultura maya, e incluso surgió una familia lingüística, como sugirió el antropólogo Paul Kirchoff.
Una cultura que tomó como eje de su mundo a la ceiba, un árbol que siempre calificaron como hermoso y contento, altamente sagrado, e imposible de talar y de destruir, hasta hace pocos años. Por el contrario, quienes tenían la posibilidad, la sembraban en el centro de sus hogares, aprovechando la amplia sombra que da su follaje.
El dios Chaac, del agua, rompe vasijas de barro y su sonido estruendoso avisa la caída de la lluvia, la cual, alimenta la gran cantidad de cenotes existentes en estas tierras peninsulares. Únicos en el mundo, estos cúmulos de agua almacenan grandes cantidades del líquido vital, pero también muchos vestigios del paso de la humanidad. Por ejemplo, en lo que se denomina Aktun Ha u Hoyo Negro, se ha registrado la existencia de un cráneo humano y huesos de megafauna prehistórica, de alrededor de 10,000 años antes del presente. También se encontraron los restos de Naia, una mujer de 15 años que hace 12 mil años quedo atrapada en un complejo de sistema de cuevas, hasta el día de hoy, inexplorado en su totalidad, pero donde hay muchos elementos que permitirán conocer a los antiguos pobladores de la región.
Sin embargo, esas vastas alfombras verdes que solían verse en el horizonte yucateco y las abundantes fuentes de agua subterráneas han comenzado a desaparecer, y en los últimos años, de manera acelerada y desenfrenada ante un auge inmobiliario cercano a las grandes ciudades peninsulares y a una sobre explotación de las áreas selváticas y los manglares, abundantes en la región.
De acuerdo con el informe 30 años de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán, elaborado por Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en la península, un total de 22 mil 660 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas de tierra ejidal dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Aunado a ese proceso, 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial.
Y de estas medidas han derivado prácticas como la división excesiva de terrenos, la cancelación de los ejidos, la privatización de las costas, el cambio de uso de suelo, el fomento de nuevos asentamientos humanos para quitar la denominación de áreas ecológicas protegidas a ciertos terrenos, el surgimiento de nuevos núcleos agrícolas; los contratos de usufructo por hasta 60 años para proyectos privados de generación de energía, firmados sin asesoría legal para los ejidos, la creación de Sociedades de Producción Rural, con las que los grandes productores de cerdos y aves acceden a las tierras ejidales, y la expropiación de tierras para impulsar el desarrollo de megaproyectos.
Lo anterior ha permitido que la vegetación existente en la carretera entre Mérida y Puerto Progreso haya desaparecido prácticamente, dando pie a nuevas colonias, enfocadas a sectores sociales que buscan casas con albercas y grandes extensiones de jardín. O que todo aquello cercano a las costas, con mayor énfasis en las del Caribe, se haya colmado de hoteles y centros turísticos.
Para Sergio Madrid, del CCMSS, “la privatización de las tierras de uso común tiene una fuerte repercusión social y ambiental para la región y para México como país. Por un lado, los ejidatarios y sus familias pierden su patrimonio más preciado a cambio de un dinero que se gasta rápidamente; por otro lado, están las personas avecindadas y residentes decir, jóvenes, mujeres, niños y niñas rurales sin derechos agrarios. Este sector de la población ha sido marginado de la toma de decisiones sobre el destino de las tierras ejidales, cuya venta les deja casi nada en términos de beneficios económicos, pero, en cambio, les afecta sustancialmente en el desarrollo de su vida presente y a futuro”.
La situación puede recrudecerse aún más con los nuevos megaproyectos implementados en la región como el Tren Maya, planteado en beneficio de la población, pero que, en realidad, vulnera sus derechos y su beneficio podría ser sólo para unas cuantas personas y no la población en general, una situación que ya ha ocurrido en otros momentos históricos en la región peninsular, como cuando la zona se colmó de grandes haciendas, hoy en día, utilizadas como hoteles boutiques.