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Sistema Penal Acusatorio: Fiscalías a revisión

La Fiscalía guerrerense, en la gestión de Javier Olea ha propiciado impunidad.

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Escrito en OPINIÓN el

Luego de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, hemos sido testigos de las problemáticas que enfrenta esta novedosa forma de impartición de justicia. Si bien, son varias las aristas que generan conflicto con el reciente procedimiento penal, para fines prácticos, podemos englobarlos, entre otros, en los siguientes aspectos.

Existe una desvinculación entre el nuevo sistema penal acusatorio para con el juicio de amparo, lo que significa uno de los mayores obstáculos para una adecuada impartición de justicia y, como consecuencia, ha sido aprovechado por los criminales para regresar a las calles a seguir delinquiendo.

Un ejemplo claro de lo antes mencionado, es el de aquellos casos en que los imputados se encontraban enfrentando su procedimiento en prisión, por alguno de los delitos que su legislación penal local calificaba como graves (como el delito de extorsión) y que ahora, con el nuevo sistema penal acusatorio, se califica con menos severidad, lo cual, permite a los acusados recuperar la libertad. Esta situación ha generado, con razón, en la población la percepción de que el nuevo sistema propicia impunidad.

Es en este punto en que nos encontramos con otra de las carencias del nuevo modelo procesal, pues al centralizar los criterios para la calificación de las conductas típicas antijurídicas, se pierden de vista las maneras particulares en cómo los delitos afectan a la sociedad. Continuemos con el ejemplo de la extorsión, el impacto que este crimen tiene en una Entidad federativa y otra es completamente distinto, por ello, el calificarlos para toda la República de la misma manera resulta desproporcionado y no corresponde a la diversa realidad social.

Por ejemplo en Guerrero, estado convulsionado por la delincuencia, la extorsión se ha convertido en la nueva droga de los carteles que mantienen asfixiada, no sólo la economía, sino también la paz de la población es evidente que el daño causado a la sociedad por este delito, es mayor al causado en Yucatán por este mismo crimen.

Es necesario actualizar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva en forma oficiosa por parte del juez en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, para incorporar los delitos de extorsión y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Otro de los grandes retos que enfrenta el nuevo sistema penal  es la impunidad, tolerada y auspiciada, en muchos de los casos, desde los órganos del estado responsables de ejercer la acción penal antes los tribunales.

Lamentablemente, los ejemplos abundan, pero tal vez los más sobresalientes son los del ex Fiscal General de Nayarit, Edgar Veytia, quien fuese investigado por la Procuraduría General de la Republica, por su vinculación con el narcotráfico a gran escala; así como la agresión de elementos de Fiscalía de Jalisco que golpearon a los policías municipales de Guadalajara, cuya única falta fue cumplir con deber, al detener a un sospechoso.

En ese sentido, Guerrero, merece nota aparte en cuanto a la procuración de justicia, pues de acuerdo a lo señalado por el Índice de Paz México 2017, de los 2,213 homicidios registrados durante 2016, el 94% permanecen impunes; esta situación deja en evidencia que los criminales operan con total impunidad. Esta incapacidad de la Fiscalía para efectuar una adecuada procuración de justicia ha servido para agudizar la crisis de seguridad que enfrenta el Estado. La Fiscalía Guerrerense, en la gestión del Fiscal Javier Olea, no ha propiciado justicia, sino impunidad.

Por ende, mientras los órganos del estado encargados de ejercer las acciones penales ante los tribunales, incumplan con su obligación de procurar justicia para la sociedad, así como para las víctimas directas, indirectas y potenciales de los delitos, será imposible alcanzar el propósito de enfrentar y resolver con eficacia, eficiencia y honestidad, los problemas de criminalidad que afectan a nuestra sociedad.

La falta de actualización, honestidad y profesionalismo en muchas Fiscalías, que no actúan como representantes de la sociedad para procurar justicia, han acentuado las críticas al nuevo sistema de justicia penal. Por tal razón se debe revisar la actuación del ministerio público de las diferentes Entidades federativas, para que estén a la altura de las nuevas necesidades del sistema penal acusatorio.

@RicardoMeb