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Sí se mata a la verdad

Si eso se lo hicieron a Javier Valdez, un perfil de esa talla, lo harán con otros informadores más vulnerables en los estados.

Por
Escrito en OPINIÓN el

A Javier Valdez Cárdenas

In memoriam.

Gracias por la risa, la solidaridad y la amistad.

El desprecio por la vida de periodistas y personas defensoras de derechos humanos se traduce en la indiferencia que distintos gobiernos han tenido para evadir su obligación de protegerles y hacer justicia para que sus crímenes no queden en la impunidad. Esta indiferencia forma parte de una violencia institucional que no se quiere ver.

El artero asesinato del periodista, escritor y fundador del periódico Ríodoce, Javier Valdez Cárdenas en Culiacán, Sinaloa, el pasado 15 de mayo a plena luz del día fue una sacudida que rebasó fronteras, numerosos comunicados y protestas se han desatado reclamando al gobierno federal su falta de voluntad para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, así como para cumplir con su obligación de terminar con la impunidad en casi todos los asesinatos en contra de ellos.

La muerte de Javier Valdez, periodista comprometido, solidario y un referente para entender no solamente la dinámica del narcotráfico en su natal estado, sino también el perverso entramado entre el poder político y delincuencial que ha sumido a México en una pesadilla de miles de desaparecidos, fosas comunes y un sin fin de tipos de violencias contra la población, es un duro golpe a la libertad de expresión y un agravio más a una sociedad ya de suyo herida por una estela de corrupción e impunidad que cada vez traspasa más las fronteras de lo soportable.

Hace casi dos años con el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera y otras dos mujeres, la comunidad defensora de la libertad de expresión se cimbró porque se asumía que la Ciudad de México era un lugar de refugio  que daba cierta seguridad a los periodistas que sufrían desplazamiento forzado por las amenazas de gobernadores y crimen organizado. Con este caso esa frontera se desdibujó y el gobierno local ha sido incapaz de lograr avance alguno para dar con los responsables de este multihomicidio.

La otra frontera que se ha traspasado con el asesinato de Javier Valdez es la supuesta protección que debería de dar el tener una exposición pública nacional e internacional. Él tenía un perfil muy alto con reconocimientos internacionales y el respeto de propios y ajenos, por lo que el mensaje que deja su muerte es macabro, si eso se lo hicieron a un perfil de esa talla lo harán con otros informadores más vulnerables en los estados.

La condena nacional e internacional apenas si hizo reaccionar al gobierno de Peña Nieto después de cinco años y 33 periodistas ultimados en lo que va del sexenio contando a los seis que van tan sólo en este año 2017. Las soluciones propuestas es poner a funcionar lo que por años ignoraron: fortalecer el mecanismo de protección a periodistas y personas de derechos humanos (que este año dejaron sin presupuesto), fortalecer la inútil Fiscalía Especial de Delitos en Contra de la Libertad de Expresión, un esquema nacional de coordinación con los estados, así como un protocolo de operación para hacer frente a las situaciones de riesgo contra los periodistas… O sea más de lo mismo. Ampliar la burocracia pero sin voluntad política no servirá de nada.

La voluntad política debe de empezar por reconocer las causas estructurales de la violencia endémica contra periodistas en la que muchos actores tienen responsabilidad, la primera de ellas es que los ataques a cientos de comunicadores en más de la mitad de los casos se dan por actores estatales (funcionarios públicos y fuerzas de seguridad), tal como lo ha documentado sistemáticamente la organización Artículo 19. Tampoco se puede ignorar que esos actores estatales están coludidos frecuentemente con la delincuencia, poderes a los que el periodismo crítico les estorba.

En segundo lugar el gobierno debe reconocer su connivencia  para que los dueños de los medios de comunicación evadan su responsabilidad para la protección de sus trabajadores que se traduce en una precarización laboral para los periodistas, sin prestaciones sociales, capacitación y protección. Esta omisión de los distintos gobiernos para que obliguen a los dueños de los medios a cumplir con los mínimos derechos laborales y de protección de los comunicadores se inserta en una lógica clientelar de favores mutuos que de acuerdo a Manuel Alejandro Guerrero, académico de la Universidad Iberoamericana, permite a los dueños aliarse con grupos políticos particulares, utilizar sus propias organizaciones para intervenir en la política y utilizar sus relaciones para reducir o evitar los efectos inconvenientes de la regulación.

Esta perniciosa relación clientelar y de simulación entre el poder mediático y el gubernamental pervierte el ejercicio periodístico y convierte a los comunicadores en soldados que sirven de carne de cañón entre las pugnas y los intereses de unos y otros en un contexto de guerra interna desatada por Felipe Calderón cuando tomó la determinación de declararle la guerra al narcotráfico.

Como bien afirmó Valdez a finales del año pasado, ambos poderes “quieren enanos, reporteros que no piensen, que sean automáticos, que pongan la grabadora, que no incomoden, que no cuestionen, que no investiguen, que no sepan a quién están entrevistando”, así se evitan el escrutinio público, la vigilancia ciudadana, la denuncia de sus abusos y excesos.

El grito de reclamo de los reporteros al presidente cuando anunció en los Pinos sus medidas para proteger al periodismo, acusan el hartazgo de los discursos huecos que prometen una justicia que nunca llega, la orfandad de Estado que les proteja.

Como sociedad esta indignación nos tiene que mover a la acción, no podemos dejar solos a hombres y mujeres periodistas que con su trabajo hacen posible conocer lo que verdaderamente sucede en el país, las muertes recientes de Cecilio Pineda Brito en Guerrero, de Ricardo Monlui Cabrera de Veracruz, de Miroslava Breach Velducea en Chihuahua, Maximino Rodríguez en Baja California, Filiberto Álvarez en Morelos y de Javier Valdez Cárdenas obligan a la exigencia de justicia frente al gobierno y los poderes judicial y legislativo, no basta con lamentar sus homicidios.

A los legisladores que con celeridad lograron la aprobación de cambios a Ley Federal de Radio y Televisión en abril pasado por la “defensa” de la libertad de expresión, les pedimos que ahora la defiendan exigiendo al gobierno federal que permitan la visita de los dos relatores de libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quienes no se les ha contestado su petición de hacer una visita oficial al país, así como que se permita que expertos internacionales independientes integren un mecanismo extraordinario que permita investigar los crímenes contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

Aunque se dice que no se mata a la verdad matando periodistas, la triste realidad es que si se le mata cuando se les acalla para siempre quitándoles la vida, porque la muerte del mensajero es también la muerte del mensaje.

@callejag