La noticia es que, según el abogado de Rosario Robles, la Fiscalía General de la República habría utilizado documentos falsos para conseguir la prisión preventiva contra la ex secretaria de Estado.
Es decir, que en la detención de la ex fundadora del PRD, en realidad asistimos no sólo a una persecución política y a una venganza desde el poder sino a una auténtica “chicanada” legal, orquestada por dos instituciones que debieran ser independientes y ajenas al poder presidencial.
Nos referimos, como saben, a la Fiscalía General de la República, por un lado y, por el otro, al Poder Judicial.
Y es que, como queda claro, un agente del Ministerio Público y un juez –los dos a modo y en comparza–, habrían conspirado para hacer realidad el deseo presidencial de llevar a prisión a Rosario Robles.
Pero si lo dudan, las pruebas de la conspiración están a la vista de todos.
Primero, los abogados de Rosario Robles fueron sorprendidos cuando en la diligencia para determinar si era procedente o no la prisión preventiva, el Ministerio Público exhibió una licencia de manejo a favor de Robles con un domicilio que no correspondía con el domicilio reportado en los documentos oficiales, como casa habitación de la señora Robles.
Amparado en ese “pequeño detalle” el juez de control, José de Jesús Delgadillo Padierna decretó que la acusada había mentido sobre su domicilio real y, por tanto, existía la presunción de que se diera a la fuga.
Por eso, ante la supuesta eventualidad de que Rosario Robles escapara de la justicia, el juez decretó la prisión preventiva.
Segundo, luego se supo que todo se trató de una monstruosa chicanada legal en la que participaron el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Hoy, por ejemplo, se sabe que es falsa la licencia de manejo que presentó el MP y que sirvió para justificar la duda razonable del juez de control, para negarle a la señora Robles el juicio en libertad.
Pero también se sabe que el juez de control, de apellido Padierna, en realidad es sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, quien fue a prisión luego de los llamados “video-escándalos”, en los que Carlos Ahumada resultó el actor central cuando era pareja sentimental de Rosario Robles.
¿Pero qué creen? Que también sabemos que la venganza del Estado mexicano se extendió al propio Calos Ahumada, quien fue detenido en Argentina, también con documentos falsificados por la FGR.
Queda claro que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, conspiraron contra Rosario Robles y, de paso, contra Carlos Ahumada, y a favor de la presunta venganza presidencial.
Por eso obligan las peguntas.
¿Quién ordenó al Ministerio Público falsificar documentos oficiales contra Rosario Robles y contra Carlos Ahumada? ¿Quién orquestó la grosera conspiración de Estado que llevó a prisión a la ex secretaria de Sedesol y Sedatu y que hizo realidad la venganza presidencial contra la señora Robles?
¿Se trató de una instrucción presidencial? ¿Quién sancionará a los responsables de tal monstruosidad jurídica? ¿Esas son la justicia y el Estado de derecho que prometió el presidente Obrador? ¿Imaginan la suerte de un ciudadano de a pie, contra el que lanzan todo el peso del Estado, si son capaces de tal monstruosidad contra una mujer del poder y la política como Robles?
Aquí no sabemos si Rosario Robles es culpable o inocente de los presuntos delitos por los que se le persigue; no sabemos si sus colaboradores son parte de un supuesto defalco o si fue traicionada por sus cercanos.
Lo que sí sabemos, porque las pruebas están a la vista de todos, es que Rosario Robles es víctima de una conspiración de Estado; una venganza política y una monstruosidad jurídica.
Y aquí lo dijimos desde el primer momento –en las entregas del Itinerario Político del 15 y el 16 de agosto–; dijimos que detrás de la detención de la señora Robles aparecía la mano de un presidente vengativo y rencoroso, como López Obrador, quien de esa manera cobraba una añeja deuda personal, pasando por encima de la ley, de la división de poderes y del respeto a los derechos humanos de la ex fundadora del PRD.
Dijimos que todo apuntaba a que el presidente utilizaba de manera ilegal y para sus venganzas personales no sólo la Fiscalía General de la República –a la que tiene sometida–, sino al Poder Judicial –en donde abundan los ministros y jueces obsequiosos con el presidente–, ya que por pura casualidad el juez de la causa resultó ser amigo de los amigos del presidente.
En efecto, como también lo dijimos aquí; “vivimos tiempos de canallas”.
Y por eso la pregunta. ¿Qué instituciones del Estado serán capaces de impedir y castigar las “canalladas de Estado”?
Al tiempo.