Dentro de la estructura institucional del Estado mexicano, un ámbito de suma importancia es el de las instituciones de protección a los derechos humanos, como instancias que sirven de resguardo a las libertades individuales ante el abuso del poder. Vale recordar el origen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como una respuesta al asesinato de la activista Norma Corona Sapién, que indignó al país al originarse en virtud de sus denuncias en contra de miembros de fuerzas policíacas federales por coludirse con narcotraficantes en el estado de Sinaloa.
A raíz de ese triste suceso, en 1990 se crea por decreto presidencial a la CNDH, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, siendo facultad del Ejecutivo la designación de su titular. En 1992, se reforma la Constitución para incorporar en ella a la instancia defensora de los derechos humanos, además de que en la legislación reglamentaria se le reconocía como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En 1999, nuevamente por modificaciones a la norma fundamental, se le dota a la CNDH del carácter de organismo constitucional con plena autonomía, quedando a cargo de la Cámara de Senadores la designación de su presidente.
Con el paso de los años, la agenda de los derechos humanos en nuestro país se ha expandido, a la par del proceso de democratización, en una confluencia marcada en momentos por tensiones y disensos en el espacio público. Actualmente, estamos ante una CNDH que ha avanzado en su consolidación y ha actuado para atender, documentar y visibilizar casos graves de violaciones a derechos en diversos asuntos a lo largo de su trayectoria histórica, incluso en escenarios de amplia violencia delictiva y de inequidad social, que son ideales para la vulneración de las libertades de la población. Algunos ejemplos recientes en los que ha intervenido son el asesinato de migrantes en San Fernando, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, el uso excesivo de la fuerza policial en Nochixtlán, o la simulación de un enfrentamiento para encubrir la muerte de dos estudiantes por parte de las fuerzas armadas en Monterrey.
Bajo este contexto, la CNDH se encuentra en el umbral de la conclusión del periodo para el que fue electo el Mtro. Luis Raúl González Pérez, por lo que ya han iniciado los trabajos en el Senado de la República para la renovación del liderazgo en la institución o bien, para la eventual reelección del titular actual, esta última circunstancia prevista en nuestra norma fundamental.
Sobre la sucesión en la CNDH, un primer tema de interés es el de la apertura que deberá tener el procedimiento de designación o, en su caso, reelección del titular. La transparencia y la participación ciudadana son dos aspectos que permiten la actuación de la sociedad en la toma de decisiones de relevancia para la vida pública del país, con su inclusión se propicia un escenario de sucesión orientado a prevenir la partidización del proceso y a alejar las agendas de intereses en el proceso electivo. Es fundamental que el nombramiento o reelección del Ombudsman se realice a partir de la valoración de las cualidades, trayectorias y experiencia de los postulantes al cargo.
Precisamente, es el conjunto de atributos de quien resulte electo presidente de la CNDH otra arista que merece reflexión. Entre las características del perfil, es imprescindible contar con una amplia sensibilidad social. En un país de aguda desigualdad, el ombudsman debe procurar ser la voz de los grupos sociales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y exclusión, considerando que la institución juega un papel importante en la reducción de las condiciones asimétricas del ciudadano frente al poder.
La habilidad de gestionar adecuadamente lo público es otro rasgo requerido en tan delicada función. La agenda nacional en materia de derechos humanos deberá tener una respuesta adecuada en la planeación de las estrategias para abordar temas importantes como son los relativos a la migración en el contexto de las relaciones con nuestro vecino del norte; la operación de la guardia nacional; la trata de personas y su vinculación con las grandes redes criminales; así como la amplia batería de temas en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Esto requiere dotes de creatividad y liderazgo en la atención de problemas, así como amplia experiencia en la defensa de las prerrogativas de las personas, pues así quien esté a cargo podrá utilizar al máximo los recursos humanos, materiales y financieros para responder de manera efectiva a los retos inherentes a la responsabilidad de conducir el organismo defensor de los derechos humanos.
La CNDH tiene que afianzar su función de contrapeso útil para señalar los actos incorrectos en la vida pública que erosionan la esfera de derechos de las personas, con la finalidad de que quienes participan en el ejercicio del poder asuman las consecuencias éticas y legales de su actuación. Para lo anterior, es necesario que el Ombudsman mantenga absoluta independencia de los distintos grupos de poder e intereses del escenario político. Solamente así podrá garantizar neutralidad y objetividad a la hora de proteger las libertades de la sociedad y de sus integrantes.
Además, quien ocupe el cargo necesita tener la disposición para trabajar de manera estrecha con la sociedad civil, pues la defensa de los derechos no puede pensarse exclusivamente desde la perspectiva del Estado, sino que requiere del diálogo, la discusión, la crítica y el acompañamiento y colaboración de la ciudadanía. En nuestro país existen diversas organizaciones, investigadores, activistas y académicos con larga trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos, que pueden contribuir significativamente al cumplimiento de los objetivos institucionales en un rol de aliados estratégicos.
La CNDH debe ser un referente para trazar una ruta hacia un país más justo, con menos desigualdad, en el que se asegure la vigencia de todos los derechos para todas las personas. La designación de su presidente basada en el mérito y en la trayectoria, es el primer paso para concitar el más amplio apoyo de la sociedad y de la institucionalidad nacional para las tareas del organismo.