Opinión

Regresión democrática

Ha quedado claro que la legislación vigente es insuficiente e inadecuada para garantizar justicia electoral

  • 13/06/2017
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Con la entrega de las constancias de mayoría a favor de los candidatos a gobernador del PRI en los institutos electorales del Estado de México y de Coahuila, se escribe una de las páginas más vergonzosas de nuestra historia electoral al validarse los resultados de dos elecciones plagadas de irregularidades, tal como se acreditó en las decenas de denuncias presentadas ante los órganos electorales y frente a las cuales no hubo respuesta.

A menos de tres décadas de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y a tres años de las reformas que crearon el Instituto Nacional Electoral (INE), dotado con nuevas facultades a fin de dar certidumbre a los procesos locales y acotando las prácticas anti democráticas de las autoridades en turno, ha quedado claro que la legislación vigente es insuficiente e inadecuada para garantizar justicia electoral. Ésta es base de la legitimidad en procesos donde la voluntad política de las autoridades locales y federales han estado al margen de la ley, configurando así elecciones de estado sin escrúpulos ni limitación alguna en el uso de los recursos públicos y en la intervención directa a fin de garantizar, con ignominia, la conservación del poder.

Lo que vimos en las pasadas elecciones fue un salto al pasado, una verdadera regresión democrática que nos recuerda el autoritarismo rampante de donde venimos, pero sobre todo, que amenaza el presente y futuro de nuestra joven democracia. 

A reserva del resultado de los recursos de impugnación en esas dos entidades, en el Estado de México quedó clara la iniquidad en la competencia electoral al haber utilizado a la Procuraduría General de la República como mascarón de proa para romper la dinámica de la campaña del PAN en la primera etapa, acusando sin sustento a Josefina Vázquez Mota y a su familia de presuntos delitos de los que luego, ante la presión social y la falta de pruebas, fueron completamente exonerados en la víspera del cierre de campañas cuando el daño estaba hecho.

En Coahuila vimos la sofisticación del fraude en la nueva versión de “se cayó el sistema” durante el periodo en que las autoridades recababan los paquetes electorales y la policía estatal las resguarda. Adicionalmente, se manipuló el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el conteo rápido, cuya publicación inicial dio clara ventaja a Guillermo Anaya de Acción Nacional para luego dar el triunfo, fuera del rango de las proyecciones, al PRI.

Hacia delante todo indica que el PRI está dispuesto a arrebatar el poder a cualquier precio, el precedente ya está sentado en estas elecciones; también están sobre la mesa la posición inicial de los partidos políticos y de la sociedad, de manera incipiente, ante el fraude electoral. 

En tanto que las fuerzas políticas debaten su política de alianzas y definen el método para la selección de su candidato o candidata presidencial – lo cual deberá quedar claro antes de noviembre en que ambas determinaciones deberán ser comunicadas al INE – lo que no está del todo claro es el papel que habrá de jugar la llamada sociedad organizada. Por un lado, amplios sectores de la sociedad de Coahuila se manifiesta en las calles con las marchas por la dignidad; por otro lado, muchos de los llamados líderes sociales permanecen en el silencio y la no indiferencia, que, siendo explicable, no parece suficiente para inducir los grandes cambios que necesita el país. Quizá la respuesta a ello sea el hartazgo traducido en agotamiento y desprecio a la clase política o tal vez están a la espera de mayores definiciones para incorporarse decididamente al debate.

Lo sensato es construir una alternativa democrática real que enarbole el humanismo, la responsabilidad política y social así como una racionalidad económica

En cualquier caso, el cambio del sistema requiere de una amplia y decidida participación social, recordando que lo que está en juego es tan importante que no se puede dejar en manos solo de los políticos. También requiere de una mayor definición de los actores políticos dada la distribución del poder y la ampliación del espectro político, especialmente en democracia donde se precisa mayor contraste para ganar la bandera del cambio en la puja electoral.

De cualquier forma, es de la mayor importancia para el presente y para el futuro democrático de nuestro país no contentarse con el escenario inercial que determina la preeminencia de fuerzas autoritarias luchando por conservar el poder desde el gobierno; o de fuerzas alternativas mesiánicas, portadoras de soluciones irresponsables y fantasiosas en nombre de la liberación del pueblo por la vía populista. 

Lo sensato es construir una alternativa democrática real que enarbole el humanismo, la responsabilidad política y social así como una racionalidad económica con implicaciones solidarias en el sistema de mercado, en un frente amplio tanto en su composición como en sus propuestas. Este es el debate que viene, habrá que esperar que fuerzas políticas y ciudadanos estén a la altura de las circunstancias. 

@MarcoAdame