Opinión

Régimen de terror y silencio informativo

La sociedad no puede ni debe vivir en el silencio ni en la autocensura.

  • 21/05/2017
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Un universo de silencio, oscuridad y sombras es el espacio idóneo de los delincuentes y sus aliados. Buscan callar la libertad de expresión para seguir ensanchando su imperio del terror ante el vacío de autoridad y la ausencia o complicidad del Estado.

Una sociedad donde nadie cuestione, donde todo mundo acepte con pasividad y resignación el gobierno de la delincuencia y pague tributos a los criminales (por decirle de algún modo a las extorsiones, secuestros, robos, asaltos y demás delitos) es lo que persiguen los asesinos de periodistas y defensores de derechos humanos.

Cualquier voz crítica que desnuda los hilos de la delincuencia, sus tentáculos, sus conexiones con el poder y contubernio con gobernantes, su modus operandi, los territorios que controlan, se convierte en un enemigo al que hay que callar, por la fuerza del sometimiento, las amenazas o la aniquilación.

Los medios de comunicación críticos y los reporteros que ejercen la función periodística con valor y profesionalismo han sufrido en carne propia el régimen de terror que practican los maleantes y los políticos que les sirven. Algunos han tenido que enfrentar daños a las instalaciones de sus medios, vejaciones, amedrentamientos, pero, lo más grave, varios han pagado con su vida su independencia y libertad.

Sin duda el caso de Javier Valdez, asesinado cobarde e impunemente en Culiacán ha sido un catalizador de toda la rabia y descontento por la impunidad. Antes fueron los asesinatos de Cecilio Pineda en tierra caliente en Guerrero, de Ricardo Mauli en Veracruz, de Miroslava Brech en Chihuahua y tantos homicidios y agresiones brutales perpetrados contra periodistas que permanecen en la impunidad y sin castigo.

Días antes del crimen en contra de Javier Valdez, siete periodistas, a su regreso de cubrir el escenario convulso de tierra caliente, Guerrero, región dominada por la delincuencia, fueron interceptados por alrededor de 100 hombres armados de un grupo criminal, quienes los despojaron de sus pertenencias, un vehículo y amenazaron con privarlos de la vida.

Sergio Ocampo de La Jornada Guerrero; Jair Cabrera, reportero gráfico; Hans Máximo Musielik, de Vice News; Pablo Pérez García de Hispano Post; Jorge Martínez de Quadratin; Ángel Galeana de Imagen TV; y Alejandro Ortiz de Bajo Palabra, sufrieron una artera agresión, donde incluso los delincuentes los amagaron con prenderles fuego. Por fortuna fueron liberados, pero además del robo de sus pertenencias, el susto y las amenazas reprobables, lo que pretenden estos hampones es mantener el silencio en torno a lo que ocurre en esa región de Guerrero, como también lo pretenden otras gavillas en Sinaloa o Tamaulipas matando periodistas o activistas.

Por si el entorno de terror e impunidad no bastara, en pleno 10 de mayo asesinaron en Tamaulipas a Miriam Elizabeth Rodríguez, del Colectivo de desaparecidos en San Fernando, lugar donde por cierto se mantiene impune la masacre de migrantes por parte de la delincuencia organizada. Un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio para cometer el crimen atroz de esta madre valiente, activista de los derechos humanos.

Miriam encontró los restos de su hija Karen Alejandra en una fosa clandestina, dos años después de que fue secuestrada y entregó a las autoridades información de quienes la asesinaron. No obstante, que denunció las amenazas de que era objeto por su activismo nunca se le protegió y los delincuentes concretaron tales amenazas.

Estos hechos violentos contra periodistas y defensores de derechos humanos, como también los miles de asesinatos y desapariciones forzadas en el país, suceden por la falta de autoridades en sus distintos niveles, por un Estado fallido en su objetivo fundacional de proteger a su población. El mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos ha sido totalmente ineficaz y burocratizado.

En la definición clásica del Estado, éste se compone de tres elementos: gobierno, población y territorio.

Hoy, en varios sitios de la República, no hay gobierno democrático, hay un gobierno criminal propiciado por un Estado fallido, el control territorial lo ejerce la delincuencia y varios habitantes se desplazan de su tierra, con lo cual cuando menos uno de los componentes del Estado brilla por su ausencia.

Incluso el desplazamiento forzado interno ha crecido notoriamente en el país, varios pueblos y comunidades de la sierra y la tierra caliente Guerrerense como de otras partes del país, se han convertido en lugares despoblados y fantasmales, la población prefiere huir de su localidad que seguir bajo el yugo criminal. El régimen de terror ha propiciado un éxodo masivo en varias poblaciones. Según las cifras del primer Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno de la CNDH el 90 por ciento de los desplazados es por razón de la delincuencia.

La respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto frente a la escalada de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos ha sido tardía y es resultado de la presión nacional e internacional. Debemos insistir desde todos los frentes que el gobierno federal cumpla con su responsabilidad de garantizar la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos.

La sociedad no puede ni debe vivir en el silencio ni en la autocensura. Defender la libertad de expresión y a quienes la ejercen es el primer paso para terminar con el régimen de terror que amenaza con consolidarse en el país.

@RicardoMeb

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