A unos días de que termine 2019, hemos sido testigos de un sinfín de hechos que han marcado un parteaguas en la historia de México, particularmente, en cuanto a la forma de conducir la administración pública y, en general, la política nacional.
Podría decirse, un cambio drástico en el estilo de gobernar, donde se han venido rompiendo esquemas tradicionales o protocolarios en la política interior básicamente; digamos, por ejemplo: en los procesos de designación de funcionarios de alto nivel de la administración pública donde, parafraseando al presidente, es 90% más importante que los funcionarios sean honestos, aunque eso represente un 10% de experiencia en la administración.
Ideas como esas, por su puesto, han generado cierto grado de inconformidad social, especialmente del sector académico, donde estudiantes, maestros, investigadores, etc., han manifestado su preocupación por considerar que tales ideas van en contra de la filosofía u objetivo mismo del todo el sistema educativo, cuyo propósito es lograr un México de gente preparada para afrontar los retos sociales, económicos, tecnológicos, políticos, etc., todo para fines del desarrollo individual y colectivo.
La ruta de la honestidad como valor cualitativo en los procesos de designación de funcionarios o servidores públicos de alto nivel, sin duda es -o debe ser- una aspiración legítima de cualquier Estado que se precie de ser de derecho.
El Estado constitucional de derecho, lleva en su ADN el valor de la honestidad. No puede concebirse un Estado de derecho sin el cumplimiento de las normas establecidas en el orden constitucional que los propios ciudadanos -a lo largo de la historia- nos hemos otorgado como cuerpo socialmente organizado, con objeto de convivir de manera armónica y pacífica. De esta forma, podríamos decir que -la honestidad- se trata de una cualidad del cuerpo social.
Ahora bien, un recuento de 2019 nos obliga a reflexionar sobre si, como sociedad, hemos logrado ser honestos, primero con nosotros mismos y luego, con el resto de la sociedad. Esto es, el decir y hacer, implican o exigen un alto grado de congruencia, y esta congruencia evidentemente tiene que estar en perfecta relación con el cumplimiento de las normas constitucionales y legales. De tal suerte que el mínimo quiebre hacia una conducta fuera de estas normas, sin duda posee un cierto grado deshonestidad.
En la actualidad, vivimos en una sociedad cada vez más demandante y exigente de honestidad y demás valores cualitativos del comportamiento humano. Sin embargo, también somos parte de una sociedad altamente deshonesta, incongruente y más bien interesada, a la que le gusta aplicar la ley del menor esfuerzo, donde los méritos competitivos están en función de los medios para alcanzar ciertos objetivos personales de la forma más fácil, cómoda e inmediata, y no en razón de los fines socialmente responsables que exigen mayor esfuerzo, perseverancia y dedicación.
En tiempos de transformaciones sociales y políticas, quizá sería conveniente hacer una autoevaluación sincera y honesta, sobre lo que cada uno hemos realizado durante este año 2019 que termina, algo como una actividad socialmente responsable, que haya abonado o abone a la solución de los grandes problemas que enfrenta nuestro país y nuestras comunidades para, luego de ese ejercicio, sacar conclusiones objetivas y honestas, que nos permitan perfeccionarnos como seres humanos y como parte de una sociedad civilizada.
*Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.