Una semana antes del pasado día 5, cuando se realizaron elecciones en la tercera parte de los estados del país –entre ellos, en tres de los cuatro con el padrón más grande-, el presidente Enrique Peña Nieto comentó en privado a varios interlocutores que de acuerdo con la información de que disponía, el PRI, su partido, triunfaría en “7, quizá 9”, de las 12 plazas en donde sería renovada la gubernatura.
Temprano por la noche de ese mismo domingo de votaciones, que se consideraban clave para lo que ocurrirá en la sucesión presidencial del 2018, en la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong –responsable de la situación política en la República-, se vivió un ambiente festivo y hubo brindis discretos ante los avances de encuestas de salida que arrojaban buenas noticias para el PRI y sus aliados.
Apenas unas horas más tarde se conocía que el partido oficial había sido humillado ante las urnas en una serie de derrotas que lo colocan en la peor posición que haya vivido desde que fue creado, hace 87 años. Nunca el Institucional gobernará tan escaso número de estados, ni a tan escaso volumen de mexicanos.
Dicho en términos deportivos, esto equivale a que Peña Nieto hubiera pedido tener lista una llamada telefónica y un discurso ad hoc, para felicitar a la selección mexicana de futbol por una derrota contundente ante Chile, el pasado sábado…
¿Qué ocurrió con el sistema de información política del país, el que tiene confiada como primera y última instancia la responsabilidad de que las máximas instancias del Estado mexicano dispongan de información de calidad que les permita anticipar decisiones?
Tras los comicios, la administración Peña Nieto, el PRI y sus dirigentes, los gobernadores priístas y en general la clase política del oficialismo se han embarcado en una dinámica que incluye la negación, la ausencia de autocrítica, el alegato de fraudes electorales, y un extenso reparto de culpas que ha ido abriendo atarjeas muy malolientes.
Una de ellas atañe a la sospechosa decisión que pasó casi desapercibida, por parte de los organismos locales electorales (los OPLE) que rechazaron la contratación de conteos rápidos en nueve de las 12 entidades donde hubo elecciones para gobernador. Ello impidió dar más certeza a los procesos y suprimió una fuente confiable de datos duros.
El hueco se llenó con las encuestas previas, publicadas por medios tradicionales o encargadas por diversas instancias, que al final demostraron, otra vez, intereses burdos de sus patrocinadores o insuficiencias metodológicas de la mayor parte de las empresas metidas en este campo. El problema se repitió con las encuestas de salida, cuyo margen de error se disparó especialmente en los estados manejados por el PRI, ante el voto oculto opositor.
Pero desde el centro del país, en particular en los equipos de Osorio Chong y de Manlio Fabio Beltrones, dirigente nacional del PRI, el villano escogido son sin duda los gobernadores priístas de aquellas entidades que ya gobernaba ese partido y cayeron en manos opositoras.
La derrota, se argumenta, fue producto de maniobras de los mandatarios estatales que, se dice, arrastraban un gran desprestigio -por corrupción, inseguridad o incompetencia-, fracasaron en la “operación” de los comicios o jugaron las contras al candidato oficial porque no les ofrecía garantías suficientes.
Uno de los casos que ilustraría esta visión lo aportaría Tamaulipas, donde el gobernador, Egidio Torre Cantú, impulsó inicialmente a por lo menos dos personajes locales, entre ellos el ex alcalde de Ciudad Victoria, como posibles candidatos a sucederlo, pero a la postre debió sumarse a la decisión de Los Pinos para apoyar al postulado Baltazar Hinojosa, derrotado en las urnas por el panista Francisco García Cabeza de Vaca.
Torre Cantú es señalado de haber alentado una eficaz operación electoral hace un año, en las votaciones para diputados federales, que benefició claramente al PRI. “Hoy operó otra vez, pero en nuestra contra”, dicen priístas en la capital del país, a lo que agregan los problemas locales de inseguridad e impunidad.
Los priístas en Tamaulipas reviran diciendo que Hinojosa fue siempre un mal candidato. Que cuenta con antecedentes políticos lamentables. Que fue incapaz incluso de sumar a las diversas facciones priístas, y que la falla estuvo en quienes impusieron su postulación en Los Pinos y el PRI nacional.
Un panorama similar se presenta para Veracruz, donde fue clara la distancia inicial entre el gobernador Javier Duarte y el abanderado oficial Héctor Yunes Landa. En el primer tercio de la campaña ambos sellaron un acuerdo que incluía repartir las candidaturas a diputaciones locales entre aspirantes de cada grupo.
Eventualmente, Yunes Landa fue derrotado por su primo y abanderado del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares. La mayor parte de las candidaturas para diputados cercanas a Duarte ganaron, pero las identificadas con Yunes Landa perdieron, algunas en plazas estratégicas.
Desde la ciudad de México se acusa a los operadores electorales de Duarte de traicionar a Yunes Landa y favorecer al aspirante de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, que tuvo un alto número de votos pero quedó en tercer lugar.
Los priístas veracruzanos señalan en cambio que Yunes Landa montó un aparato de operación electoral que fracasó, especialmente el día de los comicios. Que sus candidatos aliados no soportaron la prueba de las urnas, y que desde la Ciudad de México se tomaron decisiones desconcertantes, como designar delegado del PRI en el estado a Manuel Cavazos Lerma, polémico ex gobernador de Tamaulipas.
Historias como las anteriores pueden encontrarse en la discusión en curso entre el oficialismo en estados como Quintana Roo, Chihuahua, Aguascalientes y otras en donde sufrió graves reveses.
Nada bueno saldrá de la confrontación centro-regiones en el PRI. Ello puede agravar el deterioro interno que ya hizo al partido oficial perder la Presidencia de la República dos ocasiones seguidas.
Por lo pronto, en los próximos meses y años el PRI deberá aprender de la amarga experiencia que supone morder el polvo hasta atragantarse.