El pleno del Senado de la República aprobó en lo general, 118 votos, uno en contra -el de Emilio Álvarez Icaza- y cero abstenciones, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, logrando algunos cambios, sobre todo el que la institución no se desmarque de los mecanismos de protección de los derechos humanos, como lo habían reclamado organizaciones sociales de víctimas y la garra que tuvo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, además se pudo rescatar en parte al Instituto Nacional de ciencias Penales (Inacipe), institución creada en 1976.
Hace poco más de dos años -el 11 de diciembre de 2018-, y después de una larga discusión -que no debate- la Cámara de Diputados aprobó en lo general -por 341 votos en pro, 119 en contra y 1 abstención- y en lo particular -296 votos a favor, 138 en contra y 1 abstención-, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LFGR), tres días después fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y un día después entró en vigor.
La ley - de 64 artículos y 33 transitorios- fue producto de un largo proceso legislativo: Se concretó en cumplimiento al mandato constitucional que tiene como origen la reforma al artículo 102 de nuestra Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de febrero del 2014. Meses después, en diciembre de 2014 los diputados aprobaron por lo general (370 votos favor, 43 en contra y 6 abstenciones) y en lo particular (319 votos a favor, 94 en contra y cero abstenciones) la LFGR, a fin de constituir un órgano constitucional moderno, autónomo e independiente, el cual coadyuve a vigorizar y fortalecer el sistema de procuración de justicia federal.
Quedó, primero como encargado del despacho, el Dr. Alejandro Gertz Manero, quien un mes después -18 de enero de 2019-, resultó electo por el pleno del Senado de la República mediante una terna presentada por el presidente de la República de entre el mismo Gertz, Bernardo Bátiz Vázquez y la magistrada Eva Verónica de Gyves, obtuvo el aval de 91 legisladores, 17 votaron en contra de la terna.
Una de las preocupaciones que expresé en este espacio de La Silla Rota cuando se aprobó aquella ley fue qué iría a pasar con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), he sido profesor de sus aulas e invitado a varias mesas redondas, y entonces la respuesta quedó en artículo vigésimo tercero transitorio que reza:
“...El régimen de relación que existía entre el Inacipe y la Procuraduría General de la República se mantendrá con la nueva Fiscalía en términos de la dispuesto con la normatividad aplicable en tanto no se reforme o se expida un nuevo estatuto orgánico de Inacipe…”.
En la reforma aprobada en 2014, por los diputados era “desincorporado de la Administración Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales, y todos sus recursos humanos, materiales y financieros pasarán al patrimonio de la Fiscalía General de la República”.
Y en la votación de ayer quedó de la siguiente manera, aunque con un voto particular (el del senador Galindo del PRI):
Artículo 17. El Instituto Nacional de Ciencias Penales será un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General, que se encargará de impartir educación superior, capacitación técnica y profesional, realizar investigación académica, científica y tecnológica, contribuir en la formulación de políticas públicas en materia de justicia penal y seguridad pública.
Además, dicho instituto podrá participar en la capacitación y formación ética y profesional de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General y en los procesos de selección, ingreso y evaluación de las personas integrantes del servicio profesional de carrera. El Instituto Nacional de Ciencias Penales estará facultado para expedir certificados de estudios, grados y títulos académicos, en términos de las disposiciones aplicables en la materia”.
La iniciativa originalmente pretendía disminuirlo, y casi casi lo desaparecen y con ello un gran trabajo de más de 40 años.
Es de agradecer la intervención de los senadores Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD y del sinaloense Heriberto Galindo Quiñones para rescatar hasta donde se pudo las recomendaciones de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el Centro de Estudios de Política Criminal, y de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología.
El senador Galindo, intentó sin éxito que el Inacipe quedara como lo fue durante más de 10 años, un Centro Público de Investigación.
El dictamen se encuentra ya en la cancha de la Cámara de Diputados, es trabajo de ellos hacer los ajustes correspondientes como cámara revisora.
Daremos seguimiento.
¿Qué es y ha sido Inacipe?
INACIPE se crea como un organismo descentralizado de la administración pública federal, dedicado a la investigación, la docencia y la divulgación de las ciencias penales, así como a la formación y capacitación de servidores públicos en las áreas de procuración y administración de justicia.
Fue creado por decreto del presidente Luis Echeverría Álvarez, el 21 de junio de 1976, impulsado por un gran visionario como lo fue el Dr. Sergio García Ramírez, entonces subsecretario de Gobernación.
Hubo dos épocas en la institución, la primera se ubica desde su fundación en 1976 y llega a 1993, que se caracterizó por el afianzamiento de la excelencia académica constituyéndose como el espacio ideal para la exposición, el análisis y la crítica de las transformaciones que, hasta las últimas dos décadas del siglo próximo pasado, habían tenido las invocadas disciplinas de conocimiento en el plano nacional e internacional.
Dirigieron la institución: Celestino Porte Petit Candaudap (1976-1981), Gustavo Malo Camacho (1981-1985); Gustavo Barreto Rangel (1985-1988) e Ignacio Carrillo Prieto (1988-1993).
Hubo un impasse en la institución. Inacipe “desaparece” en 1993 por decisión del entonces. procurador Jorge Carpizo y durante tres años -1993-1996- sus instalaciones - Magisterio Nacional 113, en Tlalpan-, albergaron el Instituto de Capacitación de la PGR. Nada que ver con lo que había sido...
Sin embargo, en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y siendo procurador el Lic. Antonio Lozano Gracia y el Dr. Moisés Moreno Hernández, subprocurador de Control de Procesos resurge con más fuerza por decreto presidencial publicado el 11 de abril de 1996.
"Artículo 1.- Se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios (..), y "tendrá por objeto la formación y profesionalización altamente especializada de servidores públicos en las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia y en ejecución de sanciones; la formación de investigadores, profesores, especialistas y técnicos en las diversas áreas de ciencias penales y de la política criminal; la realización de investigaciones sobre los principales problemas nacionales en estas áreas, y la información y difusión de los conocimientos sobre ellas”.
En esta época se imparten cursos de especialización, maestría y doctorado, se realiza actividades de extensión académica y se consolida una planta permanente de grandes investigadores; además se crea una Junta de Gobierno integrada por el procurador como presidente y los secretarios de Gobernación, de Educación Pública, el secretario de Hacienda, el procurador de la de la Ciudad de México; y los Rectores de la UNAM, de la UAM y al Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Asimismo, se crea Consejo Académica y se constituye como una entidad que asesora y apoya a los órganos -públicos y privados- y las instituciones del sistema de justicia penal, con la finalidad de contribuir a su perfeccionamiento en beneficio de la sociedad.
Esta etapa convierte al instituto como un referente mundial.
Lo dirigieron Luis Fernández Doblado, Fernando Castellanos Tena; Jorge Mirón Reyes, Álvaro Vizcaíno Zamora, Rafael Estrada Michely Gerardo Laveaga Rendón.
En 2012 se consolida como Centro Público de Investigación con lo que ello implica.