Luego de concluido un proceso electoral siempre existen diversos rubros que deben analizarse, medirse y ser evaluados con toda seriedad. Así, por parte de la autoridad electoral en este caso el Instituto Nacional Electoral (INE), revisa no solamente que se hayan llevado a cabo, bajo las metas determinadas, los proyectos o acciones programadas y que derivan de la legislación electoral, sino también el acatamiento a los acuerdos de su máximo órgano de dirección, del desempeño de sus servidores públicos, entre otros aspectos.
Por su parte, desde que el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo anunciara una reforma electoral que a la postre llamaría “definitiva,” elección tras elección se ha vuelto recurrente por parte del legislativo federal, la revisión de la normatividad electoral y, consecuentemente, el establecimiento de una serie de cambios, adiciones y hasta innovaciones que, en apariencia perfeccionan las lagunas, deficiencias o imprecisiones de la legislación electoral.
Inicio de una nueva legislatura
Bajo este contexto y ante el inicio de una nueva legislatura, diversos actores políticos ya han anticipado la necesidad de revisar el marco político electoral, con la oportunidad suficiente para que el próximo proceso electoral pueda ejecutarse con un nuevo esquema normativo. Sin ir más lejos, hace unos días el INE, por conducto de sus consejeras y consejeros electorales, incluyendo a su presidente, presentaron al diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Congreso de la Unión, un escrito para que el propio órgano electoral federal pueda ser considerado para la aportación de conocimiento y la experiencia adquirida en la deliberación de este tema tan importante.
La intención me parece muy válida, pero agregaría que, el legislativo podría incluir también a una serie de especialistas, así como académicos y organizaciones involucradas en el tema que hagan más robusta la discusión de la materia político electoral.
Muchos podrían ser los temas necesarios de revisar. Apunto sólo un primer listado de temas que considero importantes:
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Al INE, con la reforma electoral de 2014, se le otorgaron más de 70 nuevas facultades, lo que ha debilitado no sólo a los institutos electorales locales, sino les ha ocasionado diversos conflictos locales porque no pueden, en ocasiones, establecer sus propias determinaciones. Sería oportuno analizar regresarles algunas atribuciones como, por ejemplo, la fiscalización.
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Otro rubro a analizar sería avanzar en el tema de la utilización de los mecanismos electrónicos de votación en la que los institutos electorales locales llevan la delantera en comparación con el INE. Hasta antes de la elección de este año, varias entidades usaban con éxito urnas electrónicas que de forma vinculante recibían la votación de las y los ciudadanos, o bien, el esquema utilizado por el hoy Instituto Electoral de la Ciudad de México que, en 2012, ofreció a los defeños residentes en el extranjero la posibilidad de elegir entre votación vía postal o bien, vía electrónica; esta última vía internet. Este esquema podría traer ahorros presupuestales a nuestra democracia que de por sí es muy pero muy cara.
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Es fundamental analizar el mecanismo en que se desarrollan las precampañas, ya que son el mejor esquema de campañas disfrazadas de precampañas, por lo que se debe ser más estricto con la normatividad de las mismas.
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Urge revisar la conveniencia de unificar el inicio de las campañas electorales entre los cargos que se encuentren en disputa tratándose de elecciones concurrentes; los ciudadanos confundidos por tantas distintas fechas serían los primeros en agradecerlo. Asimismo, acortar los periodos de estas campañas no estaría nada mal.
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Es necesario el replanteamiento de las candidaturas independientes con el objetivo de devolverles el sentido ciudadano que la gente ha esperado de dichas figuras.
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Es importante replantear tanto el mecanismo como la ruta para la designación tanto de los consejeros electorales como de magistrados en el que pueda involucrarse no sólo el legislativo, sino la propia sociedad y la academia.
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El tema de la paridad también debe ser fortalecido, bien podría analizarse el caso del Congreso de la Ciudad de México de donde por la ruta establecida en su legislación electoral local hoy dicho Congreso se integra por 66 diputados locales, 33 del género femenino y 33 del género masculino.
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Es necesario revisar las disposiciones que dan pauta a contar con elementos que acrediten la nulidad de una elección, así, entre otros aspectos, bien podría analizarse y plasmar con claridad los alcances de la violencia política de género.
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En el sistema de justicia penal acusatorio existe la reparación del daño, considerado una de las alternativas de salida de un proceso litigioso, entre otros aspectos, pero en el ámbito electoral sobre todo tratándose de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales su enfoque es distinto, bien podría revisarse con detenimiento este tema.
La lista podría continuar en varias páginas más, sólo apunto algunas que me parecen importantes y urgentes de tomar en consideración para el próximo proceso electoral.
Pero al final, amable lector, aunque usted no lo crea, los legisladores tendrán la última palabra. ¡Hasta dentro de siete días!
Representación legislativa indígena
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