El 15 de octubre el general Salvador Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, y un mes y tres días después viene de regreso a nuestro país, libre de cargos en Estados Unidos y con la interrogante de qué pasará acá.
Los cargos por los que fue detenido el ex secretario de defensa mexicano eran narcotráfico y lavado de dinero, los cuales fueron presentados en agosto de 2019 ante un gran jurado quien consideró que existía información para hacer creíble la acusación. Luego hubo que esperar más de un año para detener al general Cienfuegos.
Ahora tenemos certeza que el gobierno mexicano nunca estuvo enterado de esta acusación y de la inminente detención del general.
También, sabemos que la detención dio lugar a un fuerte reclamo diplomático y a un tour de force entre ambos gobiernos, que finalmente se resolvió en favor del lado mexicano.
La interrogante ahora es ¿cuál será el curso de este proceso y dónde terminará esta historia?
Un primer punto es que México negoció este caso planteando, que si no había una alternativa ante el juicio dejaría de colaborar con la DEA y que incluso las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) abandonarían la cooperación con las autoridades norteamericanas.
Este punto no es menor pues las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos dependen de sus equipos en terreno, las cuales actúan a espaldas e incluso en contra de las autoridades mexicanas.
Un segundo aspecto es que el desistimiento en Estados Unidos tiene como contraparte la “confianza” en la Fiscalía General de la Republica (FGR).
¿Cómo confiar en una institución que no cuenta con evidencia de investigaciones que puedan plantear acusaciones contundentes contra capos de la delincuencia organizada?
Esta incapacidad es la que ha orillado a las autoridades mexicanas extraditen y a que los juicios célebres, como el del Chapo Guzmán, sucedan en Estados Unidos y no en México.
Luego de la detención del general Cienfuegos, el presidente López Obrador reconoció que no había una investigación en México, ahora sabemos que ya existe una carpeta de investigación abierta.
Parece poco probable que en un mes se haya podido adelantar significativamente esta carpeta, sobre todo si tenemos en cuenta que la FGR no se destaca por su capacidad de investigación.
El tercer aspecto es que las Fuerzas Armadas, de formada destacada el Ejército, son indispensables para sostener la estratega de seguridad del presidente. Lo que hace creíble que el gobierno haya hecho hasta lo imposible para lograr el desistimiento de los cargos y el retorno del general, cediendo a las presiones de los militares. Una vuelta de tuerca más en favor de éstos y en detrimento del poder civil.
¿Será que estamos al inicio de otro rotundo fracaso de la FGR? ¿Será que estamos ante la bolsa de impunidad del actual gobierno? ¿Será que el Ejército es tan indispensable que tiene garantizada la impunidad?
Los discursos ya no bastan, hoy lo que requerimos son evidencias de que la impunidad quedó atrás.