La protesta social en los últimos años es un fenómeno que se ha reconocido como legítimo. Los gobiernos federales, previos al que actualmente ocupa la silla presidencial, vieron caminar miles e incluso millones de personas por las calles de la Ciudad de México, escucharon sus consignas (o espero que lo hayan hecho), tuvieron que reparar daños y preparar nuevos protocolos, porque cuando hubo represión, también hubo denuncias ante organismos internacionales.
Las protestas que tenemos más presentes son las de nuestras compañeras feministas que el 8 de marzo, el 28 de septiembre y el 25 de noviembre, es seguro, que toman el espacio público, esto también lo hacen cada vez que suponen una ausencia del actuar de las autoridades ante algún caso específico de violencias en contra de las mujeres.
Mientras el avance del reconocimiento de la protesta a nivel federal, en nuestro querido Hidalgo, eso parece no importar; lo anterior refiriéndome a tres protestas que han sido reprimidas en los últimos dos meses, la primera y más reciente es la cometida contra un grupo de defensoras y defensores de los derechos de los animales y otro el de compañeras feministas que buscan visibilizar las violencias económicas.
El primer represor en mención es el Presidente Municipal de Mineral del Monte o Real del Monte como le conocemos, quién argumentando de manera déspota, como consta en videos y declaraciones, que no iba a permitir que se afectara la economía en un día sábado donde hay mucho turismo en aquel pueblo mágico, alentó a la violencia y represión en contra de un grupo de personas quiénes se encontraban protestando por la desaparición de 13 perros que se encontraban en un predio que era usado como albergue por la organización Cuatro Patitas Un Corazón.
Durante la represión, 17 personas fueron detenidas por las policías municipales, entre ellos dos adolescentes; del total de detenidos 3 fueron puestos a disposición del ministerio público quién ordenó su liberación inmediata al no haber un delito que perseguir, pero esto fue casi 10 horas después de su detención; este es un proceder muy común en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, presionarles psicológicamente y hacerles pasar un mal rato, y si es posible fincarles algún delito, por fortuna la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo no se prestó para estas cosas, como sucedió en 2016 cuándo detuvieron a dos defensoras de derechos humanos y les fincaron el delito de usurpación de funciones, como si ellas se hubieran presentado como visitadoras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
Otro evento de represión sucedió en Tulancingo, donde el presidente municipal, haciendo uso de la fuerza pública retiró a varias colectivas feministas que impulsan un espacio de comercialización conocido como “La Mercadita”, donde exponen productos artesanales, un bazar y materiales informativos con el fin de visibilizar también las violencias económicas a las que están expuestas las mujeres, donde aclaran que este no es un espacio de venta, es un espacio de protesta, pues no sólo se comercializan cosas, hay talleres, charlas, se brinda información, entre otras acciones.
Las mujeres integrantes de las colectivas se les acorraló con el uso de la fuerza pública municipal, además se convocó a los movimientos de comerciantes para que comandaran las acciones contra las compañeras. Lo que evidentemente es una estrategia para no asumir la responsabilidad como autoridad municipal y dar argumentos a la sociedad para el uso de la fuerza contra las mujeres.
En nuestra Constitución el derecho a la protesta se establece en el artículo 6 y el Artículo 9, en el primero se garantiza que todas las personas pueden expresarse libremente y ésta expresión no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; el artículo 9 expone que no se podrá coartar la libertad de asociarse, reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito …no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad. Por lo tanto, protestar es un derecho.
Pero las autoridades siguen reprimiendo, ya antes fue contra los pobladores de San Salvador, también fue en Huejutla e Ixmiquilpan. A mediados de diciembre también vimos un desplegado por el entonces presidente del Congreso de Hidalgo (El Cantante) que lanzaba una amenaza a un grupo de campesinos que se manifestaban al frente del recinto.
El proceder autoritario y represivo de las personas que ocupan el poder no es nuevo, necesita cambiar. Es urgente una capacitación mínima en derechos humanos a todas las autoridades municipales, a las y los policías. Urge revisar los protocolos de actuación e incorporar los más altos estándares internacionales para el respeto y la garantía de los derechos humanos en situaciones de protesta.
De paso, con la responsabilidad de las autoridades municipales o locales, queremos la renuncia o la sanción administrativa de quienes hayan violentado los derechos humanos. Por otro lado, las defensoras y defensores dieron lección sobre como iniciar la documentación de una violación a derechos humanos, al videograbar todo lo que estaba pasando, hoy la tecnología lo permite, así que si en algún momento, se miran violentados tus derechos lo primero es documentar todo lo que esté pasando, bajo la seguridad personal. Porque nadie nos ha otorgado los derechos; los derechos humanos son nuestros, y los tenemos que defender.