Hace más de diez años, se realizó en la Cámara de Diputados un foro para impulsar una nueva política de prevención de la criminalidad en México. Irwin Waller, reconocido especialista de la Universidad de Ottawa consideraba que -cuando mucho- nuestro país tenía leyes de policía, pero no necesariamente un entramado legal adecuado para emprender una estrategia de prevención delictiva (LX Legislatura, 2008).
Es un rasgo común en América Latina: los cuadros gubernamentales no entienden la dimensión de las nuevas políticas no punitivas de prevención y a menudo tratan de reducir el problema de la violencia al control delictivo y acciones reactivas que ponen al desnudo lo evidente. La violencia no es sólo un asunto policial. Hay muchas condicionantes estructurales y culturales que también deben tomarse en cuenta.
A mediados de los noventa, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunció un nuevo “Paradigma de la Seguridad Humana” que prometía renovar la concepción estratégica de la seguridad, lo cual revestía gran importancia para una región cuyas políticas securitarias fueron grave y perniciosamente afectadas por las doctrinas norteamericanas de Guerra Fría, más dedicadas a la lucha contrainsurgente y contra el tráfico de drogas, en vez de abordar la seguridad urbana.
El “Paradigma de Seguridad Humana” confluía con la “tercera ola de democratizaciones” latinoamericanas y procesos de descentralización que asignaban un mayor peso a los gobiernos locales en la definición de sus prioridades estratégicas. Lamentablemente, esta atractiva promesa va en un franco retroceso regional.
La Guardia Nacional (GN) mexicana es el ejemplo más próximo a nuestra experiencia, pero es evidente que las cosas tampoco evolucionaron favorablemente en el campo de la seguridad en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, mucho menos Venezuela, que está a las puertas de una “guerra de baja intensidad” o peor aún, ante la posibilidad de un conflicto armado de proporciones mayúsculas.
En la región nos encontramos frente a un agudo proceso de re-militarización que incluso trasciende líneas políticas o partidistas. El fenómeno migratorio, ascendente y al parecer inevitable, confirma esta tendencia.
Como está demostrado, la GN contraría la idea originalmente planteada por los miembros del actual gobierno en campaña. (Ver entrevista a Alfonso Durazo. Noticieros Televisa, 15/08/2018). Que un gobierno de supuesta tendencia progresista de izquierda decida ceder control de la seguridad a las Fuerzas Armadas es insólito.
El presidente con mayor legitimidad democrática de los tiempos recientes dejó entrar a la milicia “por la puerta de atrás”, cuando apenas se había desechado la norma más controvertida de las últimas décadas: La Ley de Seguridad Interior.
Ojalá que en algunos años acuciosos historiadores esclarezcan cómo ocurrió este giro radical, pero todo apunta hacia un pacto de gobernabilidad entre el presidente y las Fuerzas Armadas, ratificado por los partidos en el Congreso, que definió las relaciones civiles militares en las décadas por venir. Ahora la GN tiene rango constitucional y leyes recién aprobadas.
La figura de Guardia Nacional en nuestra Constitución vivía un limbo jurídico. Sin embargo, su no regulación explícita no significa que pudiese ser ocupada para los fines que hoy quedaron asentados en la Carta Magna y las leyes secundarias. De acuerdo a Solano, la GN creada con la invasión norteamericana de 1847, tenía como características centrales: 1) Ser una fuerza temporal, no permanente; 2) Constituirse por ciudadanos, no por soldados; y 3) Ser comandada por gobernadores, de acuerdo a las reglas de la Legislatura y el Congreso de la Unión (Solano, Jesús, IIJ-UNAM, 2012: 211).
Al ser un cuerpo no permanente integrado por ciudadanos, el sentido histórico de la GN era constituirse como una institución para garantizar la defensa de la Patria en última instancia, ante una probable invasión o incluso a causa de la disolución del ejército permanente por cuenta de un ataque extranjero. La GN, bajo ningún tipo de encuadre, debió ser usada para temas de seguridad pública.
Su formación se asienta en un equívoco que puede resultar funesto. La contención de la violencia no puede descansar únicamente en la formación de una policía de carácter nacional. Si no hay un esfuerzo paralelo de reconfiguración institucional de las Fiscalías, el Poder Judicial y las policías locales, será imposible avanzar.
Desde la absurda declaración de “guerra contra el tráfico de drogas” en 2007 hasta hoy, la prevención de la criminalidad ha sido la estrategia tres veces negada. Poco quedó del Programa de Rescate de Espacios Públicos, los Centros Nueva Vida para la prevención de adicciones y el “Programa Todos Somos Juárez”, que tuvo una implementación tan tardía como efímera con Calderón.
Durante el gobierno de Peña Nieto, el programa de prevención se abandonó a la mitad del camino, emergieron como pocas veces violaciones graves a los Derechos Humanos y en lo general, su administración se caracterizó por el abandono y destrucción de las instituciones de control de legalidad, como fue el caso de la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República. Poco podía esperarse de un gobierno abocado sistemáticamente a favorecer entornos generalizados de corrupción en sus distintos niveles.
Es probable que con la administración entrante, programas federales como “Jóvenes Construyendo el Futuro” o la construcción de universidades en municipios con fuertes rezagos contribuyan de manera positiva en la reducción de la violencia. Aún está pendiente el anuncio oficial sobre cómo se encarará la prevención de adicciones. Sin embargo, parece que la estrategia irá contra lo recomendado por décadas por numerosos colectivos, académicos y especialistas en política de drogas. Es necesario atender esta compleja problemática como un asunto de salud pública, con potentes recursos para la atención médica, en vez de penalizar el consumo de sustancias psicoactivas.
Al momento, no se ve una política de prevención de la violencia y la delincuencia homogénea y bien articulada. Resulta ilógico y de una grave estrechez de miras desear que la Guardia Nacional no tenga un desempeño exitoso. Sin embargo, hay muy pocas razones para el optimismo.
Referencias:
· Entrevista a Alfonso Durazo. En Punto con Denise Maerker. 15/08/2018. https://www.youtube.com/watch?v=BlAdxLOf9Eg).
· Solano, Jesús. La Guardia Nacional. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. CDMX, 2012.
· Waller Irwin. Menos represión, más seguridad. Prevención del delito y disminución de la delincuencia. Experiencias internacionales de éxito. Cámara de Diputados, LX Legislatura. CDMX, 2008.
*Othón Partido Lara. Doctor en Estudios Latinoamericanos-UNAM, internacionalista y sociólogo por el Instituto Mora. Académico en la Universidad Iberoamericana León.