Cuando llegué a la Autoridad del Espacio Público (AEP), se asignaban anualmente 100 millones de pesos a proyectos financiados por recursos de parquímetros. Sin embargo, los recursos representaban un ingreso mayor para la ciudad. Las empresas permisionadas entregaban el recurso a la Tesorería y la Secretaría de Finanzas programaba el gasto del recurso en el proyecto de presupuesto, y así quedaba asignado tras la aprobación de la Asamblea Legislativa.
En otras palabras, el recurso de parquímetros era un financiamiento muy líquido para la ciudad porque siempre había un rezago de uno o dos ejercicios en la asignación a la AEP.
Por otro lado, las reglas establecían que las colonias debían ser consultadas para el ejercicio de este recurso, por medio de los “Comités de Transparencia” de cada polígono de parquímetros. Esto permitió casos muy exitosos como el del Parque Cholula, donde la comunidad no quitó el dedo del renglón hasta tener su parque. Pero en Benito Juárez, por ejemplo, un vecino de la Colonia Nápoles se la vivió amedrentando a vecinos de otras colonias para que dificultaran el uso del recurso, como ocurrió y sólo San José Insurgentes pudo, exitosamente, ampliar el Parque del Conde.
En 2017, previo al terremoto, vivimos un momento difícil. Por un cambio legal, la atribución pasó a la Secretaría de Movilidad, que carecía de atribuciones en materia de obra pública; esto era lógico en términos de gestión de un programa de movilidad, no así del destino del recurso, la mejora del espacio público. Desde que se publicó la reforma legal comenzaron las presiones. A las reuniones de los Comités de Transparencia llegaba un funcionario de la Secretaría de Movilidad a descalificar a la AEP. A pesar de ello, logramos la aprobación de algunos proyectos, preparamos sus versiones para licitación.
Cuando estábamos a días de lanzar la licitación pública vino la instrucción de transferir el recurso, pero los sistemas financieros no lo permitían porque Semovi no tenía el renglón de obra pública en los programas de gasto. La transferencia del recurso se complicó tanto que los proyectos aprobados no se pudieron ejecutar. Al rezagar 100 millones de pesos, más lo que ya se llevaba acumulado, se hizo una bola de nieve. En 2018, la Secretaría de Movilidad siguió enredada entre la falta de atribuciones y tampoco hubo proyectos ejecutados.
Este gobierno recibió una bola de nieve de cientos de millones de pesos, ya por fin se están utilizando algunos recursos de parquímetros, a un ritmo que no excede la recaudación de recursos de parquímetros, pero la deuda de la ciudad con las colonias que tienen parquímetros es enorme y afectará futuras instrumentaciones. La transferencia de los recursos de obra de AEP a Semovi, en 2017, no debió ocurrir así.
Lo que estoy describiendo para el tema de parquímetros, donde dominó más un interés por ejercer presupuesto que por concretar proyectos de beneficio común, es lo que acaba de detonar la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum con el presupuesto participativo. Hace unos días planteó posponer los proyectos de 2020, que representan el 3.25% del presupuesto anual de las Alcaldías, para asignarlo a temas relacionados con la contingencia sanitaria.
Está claro que debemos priorizar aquellas acciones que salven vidas, pero esto tendría que ser con el ejemplo: hemos denunciado que el proyecto de Trolebús Elevado, que costará 4 mil millones de pesos, tenía una alternativa mucho más barata y completa, el Corredor Cero Emisiones Mixcoac - Santa Martha; el Cablebús Línea 1 redunda con trazos de un proyecto de Metrobús en los que la Delegación Gustavo A. Madero había invertido recursos en su momento, y cuesta como el 10%. El paso a desnivel de Canal Nacional y Periférico daña un polígono catalogado por la UNESCO y cuesta más de mil millones. Dinero hay, pero hay más ganas de afectar el presupuesto participativo.
Posponer los proyectos vecinales de 2020 representará una bola de nieve, porque al sumarse al 3.50% del presupuesto de 2021, será inmanejable para las Alcaldías. ¿Por qué el Gobierno de Ciudad de México prefiere posponer los proyectos emanados de la comunidad y no aquellos que le dan lucimiento político? La respuesta es antidemocrática por las dos vías.
Por un lado, ante las elecciones de 2021 se quiere anunciar una retahíla de obras, estén bien hechas o no; por otro, en el fondo, al interior de esta administración hay un gran rechazo al presupuesto participativo: vota poca gente, muchos proyectos carecen de beneficio público real y no consideran la gestión posterior, con lo que acaban deteriorados. ¿Pegarle al Presupuesto Participativo es lo mejor? Yo creo que hay que fortalecer las propuestas y la deliberación pública de los proyectos, lograr que vote mayor porcentaje de la población, que cada año el Presupuesto Participativo sea un ejercicio más democrático.
Pero de momento hay un presupuesto que ya se votó, debe ejercerse y las modificaciones legales deben hacerse sólo para facilitar el ejercicio, que hoy exige la realización de “Asambleas Ciudadanas” que no estamos en condiciones de integrar. Cualquier otra ruta sólo muestra la voracidad política y económica de quien lo propone. Ustedes pongan el nombre.