El miércoles 7 de febrero, el pleno del INAI instruyó a la Cámara de Diputados que hiciera pública información sobre temas diversos: información presupuestal e investigaciones contra personal de universidades michoacanas, la legislación de financiamiento en elecciones; el derecho humano al agua, el estatus de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y la resolución del caso “Los Porkys”. Decisiones como esta, contribuyen a que se conozca información pública relevante y también nos permiten reflexionar sobre la relación entre el Congreso y los ciudadanos.
Crisis de confianza
Actualmente el poder legislativo en México, como otras instituciones de nuestro país, enfrenta una crisis de confianza. De acuerdo con el reporte de 2017 del Latinobarómetro, solamente 22% de los mexicanos confía en el Congreso de la Unión. En el mismo sentido, el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México de 2016, elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Colegio de México (COLMEX), reportó que solo 17% de los ciudadanos confía en el trabajo de los diputados. Estas cifras revelan que la población quisiera un mejor desempeño por parte de sus legisladores.
Esta realidad es problemática porque los legisladores son los representantes de la voluntad de los ciudadanos. El poder no les pertenece, es una concesión de quienes los eligieron y la confianza es necesaria para que puedan ejercerlo manteniendo legitimidad de desempeño. Las Cámaras de Diputados y Senadores son la encarnación política de los diferentes componentes de la nación, en ellas debería estar representada la diversidad geográfica, política y social del país. De manera que el poder legislativo enfrenta el desafió de velar por el bien común al tiempo que cada legislador representa a una comunidad específica y sus intereses. Cada uno de los integrantes debe enfrentar este desafío en comunicación con la población de su comunidad para promover y aprobar legislaciones prioritarias para sus representados.
Cercanía y confianza
Por estas razones, la cercanía y la confianza entre población y legisladores son indispensables. Los ciudadanos pueden pedirles a sus representantes que actúen o voten de cierta forma y rindan cuentas de su desempeño a través de diferentes mecanismos. En las elecciones de este año, el voto permitirá castigar o premiar el comportamiento de los legisladores y sus partidos políticos. La reelección legislativa podría fortalecer el poder del voto y fomentar la rendición de cuentas. Pero además de este mecanismo, los ciudadanos tienen otros medios para controlar la forma en que los legisladores ejercen el poder. Desde la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia, que hizo sujetos obligados a los congresos federal y estatales, el derecho de acceso a la información permite cuestionar, evaluar y exigirles resultados.
Por su parte, los legisladores pueden proporcionar información pública e incentivar la participación ciudadana para demostrar que están comprometidos con la transparencia y con transformar el Congreso en un parlamento abierto. Esto significa un poder legislativo involucrado con la sociedad para gestar un diálogo constructivo en busca de las mejores leyes. A pesar de que todavía hay áreas de oportunidad, el Legislativo federal ha promovido esta clase de ejercicios: estableció una agenda de colaboración con la sociedad civil para crear el cuerpo normativo que dio vida a el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Los congresos estatales también han logrado avances. El congreso de Nuevo León está trabajando para implementar el parlamento abierto y el congreso de Nayarit manifestó a finales de enero el compromiso de ponerlo en práctica a la brevedad.
Información pública y elecciones
La información pública es uno de los insumos que permite la comunicación entre electores y legisladores. Pero esta comunicación debe ser en dos vías, una de ella para promover la rendición de cuentas de los legisladores hacia los votantes y, la otra, para aproximar las demandas y necesidades de la población a los congresos. Así, la información pública permite a la ciudadanía mantenerse al tanto del desempeño de sus representantes y en función de él, castigarlos o premiarlos en la siguiente elección: uno de los principios de la democracia. La información pública y las iniciativas de parlamento abierto pueden colaborar a cerrar la brecha entre ciudadanos y legisladores y, en consecuencia, restaurar la confianza de la población en ellos.
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