Andrés Manuel López Obrador y su gobierno no se llevan bien con la transparencia. Si en la administración de Enrique Peña Nieto se llegaron a reservar más de 16 millones de expedientes, en la del tabasqueño prefieren declarar la inexistencia de la información que se les solicita. Esto les permite ahorrarse el procedimiento clasificatorio y evitar que los comisionados accedan a los archivos de las dependencias, a fin de evaluar la procedencia de su clasificación.
En lo que va de esta administración federal se han reportado casi 15 mil casos en los que las dependencias del gobierno han respondido que la información solicitada es inexistente. Sobresale la Oficina de la Presidencia de la República, a la que los particulares recurren a efecto de conocer los “otros datos” a los que siempre se refiere López Obrador y que nadie conoce.
En la mayoría de las respuestas, la Oficina de la Presidencia de la República, que encabeza Alfonso Romo Garza, argumenta no tener la información a la que alude el tabasqueño en sus mañaneras, además de que —dicen— no tienen por qué poseerla, es decir que no se sienten obligados a respaldar los dichos del presidente con las correspondientes pruebas documentales.
En este punto, el Instituto Nacional de Transparencia ha expuesto su vulnerabilidad. Su autonomía constitucional y su capacidad para imponer medidas de apremio y sanciones no han servido para obligar a las dependencias del Ejecutivo a entregar la información que se les solicita.
Al declarar la inexistencia de la información, en lugar de promover su clasificación —si acaso resultara procedente—, impiden que los comisionados tengan acceso a la información clasificada y se pronuncien sobre la posibilidad de que no contenga elementos para reservarla.
Provoca hilaridad que el órgano de autonomía constitucional, por voz del comisionado Joel Salas Suárez, pida la intervención de la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, a efecto de que las dependencias del Ejecutivo “cumplan” con sus obligaciones de transparencia.
Olvida Salas Suárez la parcialidad con la que ha actuado Sandoval Ballesteros. Allí está el caso Manuel Bartlett, sobre el que Función Pública no se ha pronunciado. Si el Inai tiene que recurrir a una dependencia del Ejecutivo que solapa la parcialidad y la opacidad, estamos en un escenario de franca regresión pues, aunque poseemos un marco constitucional y legal más o menos sólido, el organismo autónomo “garante” se achica ante la opacidad del poder Ejecutivo y sus dependencias.
Desde luego que el Inai tampoco realizará la revisión exhaustiva de los archivos clasificados durante la administración Peña Nieto a efecto de corroborar que subsisten las causales de reserva, como son el interés público y la seguridad nacional. Su vocación garante ha sido debilitada, por decir lo menos.