Opinión

Niñas, niños y adolescentes como prioridad ante el covid-19

En nuestro país se contemplan 25 millones 493 mil 702 niñas, niños y adolescentes en educación básica, que ahora se encuentran en casa | Diana Avilés

  • 26/03/2020
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Pues resulta que, entre las medidas sugeridas por el gobierno federal y los gobiernos locales, incluido el de Hidalgo, para atender y prevenir la pandemia del covid-19, se propusieron el que las personas se resguarden en los hogares (quienes tengan la posibilidad), dejar de acudir a las escuelas y continuar las labores educativas, en la medida de lo posible.

En nuestro país se contemplan 25 millones 493 mil 702 niñas, niños y adolescentes que se encuentran  en educación básica; ahora ante las medidas de prevención y atención de la pandemia, toda esta población se tiene que quedar en su casa y debe estar cumpliendo con las tareas asignadas por las y los docentes, tareas que no tienen el contenido y acompañamiento pedagógico necesario para obtener resultados efectivos en su desarrollo escolar, lo que está generando estrés y cansancio innesarario para ellas y ellos, sobrecarga de trabajo para las personas cuidadoras, entre otras consecuencias más ; sin olvidar las violencias a las que son objeto en sus espacios más inmediatos  de manera cotidiana, que con la contingencia se extreman.

A la violencia física, psicológica y sexual, por mencionar algunas, se suma la poca o nula visibilidad de la niñez y las adolescencias en discursos y acciones gubernamentales para atender la pandemia de covid-19 y lo señalo así, porque niñas, niños y adolescentes son la única población con la que el gobierno mexicano tiene la obligación de promover, respetar y garantizar el derecho de prioridad, así como el principio de interés superior.

Es por eso que insistimos en la urgente atención y generación de medidas que realmente tomen en cuenta las diferentes condiciones en las que la niñez y la adolescencia se desarrollan, que atiendan sus necesidades y que garanticen un desarrollo pleno; así como mencionar a las personas cuidadoras, al gobierno en sus diferentes niveles y competencias, pero sobre todo a la Secretaria de Educación Pública (incluida la de Hidalgo), que es una violación a su derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la protección de datos personales, el solicitar fotos, videos o datos que puedan ponerles en riesgo o identificarles sin previa autorización (por escrito de personas cuidadoras y de las propias niñas, niños o adolescentes) violenta sus derechos.

Mirar y tratar a niñas, niños y adolescentes como sujetos titulares de derechos implica mucho más que solo decirlo ¡Necesitamos demostrarlo!

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