“¿Acaso tengo que esperar la justicia divina?” me espetó María Antonia Márquez aquella tarde del 8 de septiembre de 2010 en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, después de haber escuchado la comparecencia del entonces procurador de justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, quien aseguró en su intervención que la situación de la violencia en contra de las mujeres en territorio mexiquense no era tan grave como lo habían comenzado a denunciar los medios de comunicación.
Esa tarde, el procurador relacionado con el caso Paulette, aquella niña que desapareció y fue encontrada debajo de su cama, y posteriormente encargado del deporte en el país, señaló que la entidad mexiquense no era un “territorio del terror”, y que este tipo de violencias ocurrían en las zonas más pobladas del estado, donde, curiosamente, en aquel momento, gobernaban fuerzas políticas ajenas al partido en turno en el gobierno estatal, el Partido Revolucionario Institucional.
Menuda, con una foto de su hija, Nadia Muciño Márquez, Antonia no daba crédito a lo que escuchaba, o tal vez ya lo había escuchado tanto, que no le sorprendía. Pero, algo tenía claro, y era que a pesar de la negación de la existencia de casos como el de Nadia, quien fue asesinada a manos de su esposo y de su cuñado en febrero de 2004, no dejaría que la situación se quedará así.
Después de esa entrevista, cada vez fue más común verla en diferentes espacios públicos, cargando la cruz rosa con el nombre de Nadia en el centro, una playera blanca con el rostro de su hija y pancartas en contra de la inacción del Estado. La mayoría de las veces, acompañada de su hija Viviana, hermana y amiga de Nadia. Ambas se convirtieron en los primeros rostros del feminicidio en el Estado de México, una realidad negada, pero que para esos años, ya había cobrado más de mil vidas, como lo documentarían organizaciones civiles.
La justificación más recurrente de las autoridades era que en Ciudad Juárez la situación era más grave desde hacía varios años. El año que fue asesinada Nadia, fueron ultimadas más de mil mujeres en todo el país.
Antonia y Viviana continuaron dando entrevistas y participando en todo espacio posible donde hubiera oportunidad de denunciar la impunidad en la que se encontraba el caso de Nadia. Por 10 años estuvieron tocando todas las puertas posibles y se unieron con otras familiares de víctimas y organizaciones civiles para exigir la declaratoria de la Alerta de Género en la entidad mexiquense, recorriendo a pie los 10 municipios mexiquenses más violentos para las mujeres.
Dicha alerta se decretó en julio de 2015, en 10 municipios mexiquenses, entre ellos, Cuautitlán Izcalli, donde ocurrieron los lamentables sucesos en los que le fue arrebatada la vida a Nadia, frente a sus hijos, de manera impune, y donde los perpetradores pudieron refugiarse por varios años sin el menor temor.
La medida representó una esperanza para que casos como el que ellas enarbolaban pudieran alcanzar la justicia. Se crearon políticas públicas, nuevos mecanismos de protección para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, nuevos cuerpos policíacos, nuevos recursos económicos, pero quienes aspiraban al alcance de la justicia para sus casos, continuaron recorriendo caminos empantanados.
Antonia continuo recorriendo caminos, en 2016, festejó su cumpleaños después de la marcha del 24 de abril, la del #24A, aquella que congregó a miles de mujeres para exigir el cese a la violencia en su contra, con varias compañeras de lucha. Siguió tocando puertas en muchos lugares, pues, en su mente, no cabía la idea de que a un feminicida plenamente identificado, se le hubiera otorgado su libertad.
Conferencias de prensa, marchas, reuniones, mítines, entrevistas, charlas con las autoridades, y muchas otras situaciones más pasaron por la mente de Antonia segundos previos a su participación en la audiencia que tuvo lugar el pasado 27 de octubre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar el caso de Nadia y la responsabilidad del estado mexicano en la impunidad del mismo. Acompañada de las organizaciones Amnistía Internacional y Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social alcanzó una cita con la historia, pues es de los pocos casos de feminicidio que han alcanzado esta instancia, pero que podría ser un antecedente importante para muchos otros más.
Con una voz pausada y entrecortada, algunas lágrimas rodando por sus mejillas y respiraciones profundas, Antonia narró cómo el 12 de febrero de 2004, al interior del domicilio donde cohabitaba Nadia Alejandra, su concubino, Bernardo López Gutiérrez, y sus tres hijos. Bernardo y su hermano Isidro López Gutiérrez “El Matute” golpearon y agredieron a Nadia hasta dejarla muerta con un lazo en el cuello e hincada con todo el cuerpo golpeado, pretendiendo simular que se había colgado de una viga en el baño.
Horas después, los tres hijos de Nadia dieron aviso a los vecinos de los hechos, se habían quedado junto al cadáver de su madre. La investigación pericial aseguraba que los sucesos en realidad habían sido derivados del suicidio de Nadia.
Desde el principio, las familiares de Nadia observaron irregularidades en la investigación como que los peritos olvidaron llevarse la soga con la que fue cometido el crimen, la camisa sangrada del cónyuge de Nadia en la que quedó plasmada la mano de la víctima fue desaparecida. No se realizó la prueba del raspado de uñas al cadáver de Nadia, en la averiguación previa se determinó que su hija tenía sólo tres horas de muerta cuando en realidad tenía más de 10 de haber dejado de existir. Tampoco recabaron pruebas ni existe constancia de que se hubiera llevado a cabo el aseguramiento del lugar ni de los objetos. No tomaron fotografías del lugar, salvo del cuerpo de Nadia, sólo describieron la escena y levantaron el cadáver.
Tres años después de los hechos, se logró la detención de Isidro López “El Matute”, a quien la Primera Sala Colegiada de Tlalnepantla ratificó un auto de formal prisión sustentándose en las declaraciones de los hijos e hija de Nadia. Sin embargo, en febrero de 2010, Isidro fue dejado en libertad después de que la misma sala colegiada y los mismos magistrados descalificaran los testimonios de los menores, argumentando que eran fantasiosos y que los infantes eran incapaces de distinguir una verdad de una fantasía.
Un año antes, se interpuso una denuncia contra los servidores públicos involucrados en el caso por negligencia y corrupción, poniendo a la familia en riesgo, pero hasta el día de hoy, no ha prosperado.
El 14 junio de 2012 fue detenido Bernardo López Gutiérrez, concubino de Nadia, a quien, casi cinco años después, la última semana de octubre de 2017, el Juzgado Primero de Cuautitlán dictó una sentencia de 42 años de prisión por haber cometido el asesinato de Nadia. Pero, no se han sancionado a los servidores públicos que cometieron omisiones durante las investigaciones, entre ellos, el perito Michel Aceff Sánchez, responsable de la desaparición de los objetos de prueba, quien dictaminó que la muerte de Nadia fue producto de un suicidio.
La tarde del pasado miércoles, por primera vez en años, vi el semblante de Antonia, de Viviana y de sus familiares con una sonrisa de esperanza, un halo de que las cosas pueden ser diferentes. Saben que la resolución de la CIDH aún tomará un tiempo, pero el gobierno mexicano no tuvo otra opción más que admitir todas las incongruencias derivadas del proceso. Un paso importante después de 17 años de inacción y de indiferencia. #NadiaMereceJusticia