Los migrantes se han convertido en el talón de Aquiles de la administración de Andrés Manuel López Obrador y en el caballito de batalla del presidente de Estados Unidos, Donald Trump que utiliza este fenómeno para afianzar su intento de reelegirse en momentos duros para su administración.
AMLO se ha visto obligado por Trump a retroceder en su política migratoria y de su intención humanitaria y de puertas abiertas pasó a medidas represivas.
De la famosa entrega de pulseras y brazaletes humanitarios que se hizo al inicio de la gestión de AMLO se ha pasado a los golpes y palazos por parte de la Guardia Nacional. Hay ahora una distancia abismal entre los brazos abiertos y los golpes y expulsiones.
Hoy los migrantes caminan a la deriva, son perseguidos y ya constituyen un problema social, económico y de seguridad para el gobierno del presidente López Obrador quien sucumbió ante Washington que lo obligó a blindar la frontera sur mexicana y contener desde México el paso hacia Estados Unidos.
Cientos de migrantes han retado abiertamente a la seguridad mexicana y a toda costa pretenden adentrarse a territorio nacional pero la Guardia Nacional tiene instrucciones de no dejarlos avanzar, lo que ha generado choques y medidas represivas.
México ha cerrado la posibilidad de otorgar salvoconductos a los migrantes que hoy permanecen acantonados, algunos en las ciudades mexicanas de Tapachula, otros en Suchiate y cientos en Tecun Uman (Guatemala).
La instrucción presidencial ha sido categórica en mantener el respeto a los derechos humanos de los migrantes, pero si hay provocación, lo que en la práctica ya es un hecho, los policías están facultados para repeler con gases lacrimógenos y golpes a los migrantes.
La actual situación en la frontera sur ha llevado al legislador Porfirio Muñoz Ledo a alejarse de la administración de AMLO tras calificar de “salvaje agresión”, la realizada por la Guardia Nacional contra refugiados hondureños y la aprehensión de más de 400, lo que según este personaje político es una violación de la Constitución.
Aquí hay una sola realidad: los hondureños buscan salir de su país dada las condiciones sociales dramáticas que viven en Honduras. Pero el horno en México no está para bollos. En los estados del sur, millones de mexicanos viven en condiciones de precariedad, pobreza, abandono, inseguridad, desempleo y falta de atención adecuada en materia de salud.
En este escenario hay quienes aseguran que desde Washington se promueve ese movimiento migratorio para darle, paradójicamente, armas a Donald Trump y buscar su reelección.
Verdad o mentira, lo cierto es que la administración de Trump ha cerrado su frontera, acrecentado la expulsión de ilegales y ha reducido cualquier posibilidad de aceptar en su territorio a quien vaya sin documentos.
Y México le está haciendo el trabajo sucio a Trump y si no lo realiza pues deberá afrontar sanciones comerciales.
En junio del 2019, Trump dio un ultimátum a México a quien amenazó con imponerle aranceles al envío de productos de México si la administración de AMLO no frenaba el flujo migratorio. Y calladito, López Obrador desplegó a miles de agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur para impedir el ingreso masivo de migrantes.
Los migrantes que son capturados por las autoridades mexicanas, posteriormente, son repatriados “voluntariamente”.
El Gobierno de México ha dado la opción de que los migrantes soliciten el estatus de refugiado o acogerse a uno de sus programas de empleo, mientras los mexicanos carecen de estos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia.
Los migrantes y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce por primera vez la contribución de la migración al desarrollo sostenible.
Once de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contienen metas e indicadores que son pertinentes para la migración o el desplazamiento. El principio básico de la Agenda es "no dejar a nadie atrás” y esto incluye a los migrantes.
La principal referencia a la migración en los ODS se establece en la meta 10.7: Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
Otros objetivos tratan también distintos aspectos de la migración tales como la trata de personas, las remesas y la movilidad internacional de estudiantes, entre otros.
Según estadísticas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), al menos el 76 por ciento de las familias que integraron la caravana migrante que arribó a México recientemente dijeron tener como intención llegar a Estados Unidos y solo un 23 por ciento busca permanecer en México.
La encuesta realizada por la ACNUR señala que el 29 por ciento de los centroamericanos manifestó haber sufrido o presenciado un incidente en sus países de origen, incluyendo intimidación o amenazas, violencia física, asesinatos, tortura o violación.
La ACNUR entrevistó a unas 300 personas en 160 familias o grupos que cruzaron Guatemala en un periodo de tres días, la gran mayoría de ellos originarios de Honduras, aunque también de El Salvador y Nicaragua.
En 2017, el número de migrantes internacionales (personas que residen en un país distinto al de su país de nacimiento) alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones de 2015.
No hay cifras del movimiento del 2019, pero según datos del 2017, las mujeres migrantes constituyeron el 48% de estos.
Asimismo, se estima que hay 36.1 millones de niños migrantes, 4.4 millones de estudiantes internacionales y 150.3 millones de trabajadores migrantes.
Aproximadamente, Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, Europa el 30%, las Américas acogen el 26%, África el 10% y Oceanía, el 3%, de acuerdo con Datos Mundiales sobre la Migración.
Las medidas humanitarias de AMLO han quedado atrás mientras en municipios de Chiapas las autoridades han sido rebasadas, no cuentan con servicios médicos, más policías ni mecanismos para atender a quienes van de paso por ese territorio.
Frente al clamor popular de los mexicanos de que se ejerza mayor vigilancia, que se frene la ola de asesinatos y delitos como el robo o asaltos, el gobierno de AMLO guarda silencio, un silencio desesperante para quienes viven en el sur.