El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas denunció que los responsables por las desapariciones en nuestro país son los servidores públicos, del ámbito federal, estatal y municipal, así como el crimen organizado, principalmente.
Es una de las aristas del problema de la seguridad en el país, agravado por la impunidad y la corrupción, en un complejo problema que pone en crisis el modelo de seguridad, y la participación en la materia de los ámbitos de gobierno y los tres Poderes de la Unión para su solución.
En el hilo más delgado se encuentran los deudos y sus familias en el que además de la pena que conlleva, las autoridades son rebasadas, carecen de elementos técnicos, de personal o la penetración de la delincuencia en algunas corporaciones de seguridad retarda los procesos de búsqueda y reconocimiento, o como dice Naciones Unidas es causado por servidores públicos. En Jalisco lleva un crecimiento de 124% en 3 años cuyas autoridades desprecian a las víctimas y sus familias.
Por lo que toca a la estrategia de seguridad no ejerce una especie de facultad de imperio, para que la federación obligue a los estados y las policías de investigación a involucrarse, en la que se relacionan otros factores que lo impiden.
Principalmente, el problema radica en que el diseño institucional de la seguridad funcionó desde que la seguridad fue elevada a rango de función de Estado en 1994. Antes el partido en el poder tenía la capacidad política para tener en las manos el control de la seguridad en el país. Hoy no es posible realizar esta afirmación.
El poder de fuego que tienen las policías municipales o estatales en ocasiones es modesto y rebasado con el de la delincuencia, sumado a la penetración de la delincuencia en algunas corporaciones de seguridad, dificulta que tengan el control de la seguridad en zonas y regiones bajo su jurisdicción.
Por otra parte, la falta de cinco programas derivados del Programa Sectorial de Seguridad hace que carezca de sincronía técnica, táctica o jurídica, en un Programa que funciona con planes de administraciones pasadas, o simplemente, por la ideologización política de la seguridad que se aleja de cuestiones técnicas de seguridad e impide el logro de sus objetivos.
Hoy el planteamiento de seguridad para el país se centra en las capacidades con que cuentan las Fuerzas Armadas, en un escenario en el que Naciones Unidas también ve riesgos en una probable militarización de la seguridad pública mexicana.
La mayoría de las políticas públicas de seguridad responden a un análisis, diagnóstico, detección de necesidades o evaluación del problema, principalmente, y con estos insumos se diseñan estrategias o políticas públicas, tomando como base los estudios que arrojan las ciencias sociales. Así la mayoría de las políticas públicas.
Una de las principales insuficiencias de la seguridad consiste en la politización de la procuración de justicia para crear pruebas falsas y órdenes de aprehensión sin sentido, pero para deshacerse de los enemigos de alguna autoridad o de algún contrincante, ya sea por su manera de pensar o militancia política.
Desestimar o desoír las opiniones de actores, como Naciones Unidas, sólo agrava el problema.