8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, establecido así por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conmemorado 1975 por primera vez. Este año 2020 con la invitación del organismo internacional para participar con el hastag #GeneraciónIgualdad a través de redes sociales en todo el mundo.
Marchas y paros por los derechos de las mujeres son sólo una muestra del hartazgo por la violencia e inseguridad que vivimos las mujeres, y que nos limitan e impiden el ejercicio de nuestros derechos humanos al desarrollo pleno en armonía y paz.
El fenómeno de la violencia e inseguridad crecientes es cierto que ha impactado no sólo a mujeres, sino también a hombres; sin embargo, la historia de marginación y discriminación hacia las mujeres hace la diferencia en todos los aspectos de la vida cotidiana. De ahí que, en diciembre de 1979, la ONU aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual entró en vigor en nuestro país el 3 de septiembre de 1981.
En efecto, México ha asumido responsabilidades internacionales en la materia, al ratificar dicha Convención, que le impone el deber de adoptar medidas de política pública, administrativas, judiciales u otras más adecuadas para prevenir y, en su caso, atender la violencia contra las mujeres. Medidas que también pueden ser de naturaleza legislativa, mediante la creación o reforma de leyes, en el interés de garantizar -como hemos dicho- el goce pleno de nuestros derechos humanos, entre éstos, al desarrollo pleno en los ámbitos personal y social o colectivo.
En este sentido, un punto importante en este marco de obligaciones internacionales que tiene México en materia de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres es el relativo a que la ONU, a través de su Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, siglas en ingles), analiza, vigila y da seguimiento al cumplimiento de sus compromisos en la materia mediante una revisión periódica cada cuatro años, y cuyos resultados se traducen en recomendaciones para el Estado mexicano.
Ahora que el tema de la violencia contra las mujeres se ha logrado posicionar como un tema obligado y prioritario en la agenda pública, vale la pena dar un repaso a las recomendaciones que el Comité de la ONU, la CEDAW, ha señalado a México a través de su noveno informe periódico de cumplimiento a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 2018.
Un recuento de algunas de las recomendaciones resaltadas por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República,[1] son las siguientes:
· Reforzar la estrategia de seguridad pública para que se terminen los altos niveles de inseguridad y violencia que afectan a mujeres y niñas.
· Adoptar medidas de carácter urgente, para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres.
· Capacitar a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados y agentes de policía acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género.
· Adoptar medidas eficaces que hagan que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aplique en el conjunto de los sistemas judiciales federal y estatales.
· Obligar a las autoridades federales, estatales y locales a aplicar leyes para la prevención y la eliminación de la discriminación de las mujeres.
· Adoptar las medidas necesarias para impulsar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres, mediante compañas y actividades públicas con la participación activa de organizaciones de mujeres.
· Implementar un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita destinado a facilitar el acceso a la justicia de las mujeres que viven en zonas rurales y remotas.
· Elaborar un plan de acción nacional, en colaboración con organizaciones de mujeres de la sociedad civil, para garantizar la participación de las mujeres en la lucha contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada en el país.
· Asignar recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación eficaz y armonizada de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en todos los estados.
· Adoptar medidas eficaces para proteger a las mujeres que ejercen la prostitución de la explotación y los abusos.
Éstas y otras tareas son las que el Estado mexicano tiene pendientes de desarrollar e implementar en favor de los derechos humanos de nosotras las mujeres. La brecha de la desigualdad, más que corregirse, va en aumento, la impunidad y la falta de acceso a un sistema de justicia eficiente y eficaz que realmente castigue a la delincuencia en esta materia, son sólo algunos de los factores que inciden en el creciente número de mujeres y niñas violentas en su dignidad y derechos.
Visibilizar el fenómeno de la violencia contra mujeres y niñas ha costado trabajo, mucho tiempo, pero, sobre todo, muchas vidas, miles de vidas de víctimas de la delincuencia y de la indiferencia del Estado mexicano durante décadas en la debida atención de este problema.
Celebro la convocatoria al reciente Paro Nacional, El 9 Ninguna se Mueve, como un esfuerzo colectivo por la concientización de nuestros derechos humanos a una vida digna, con desarrollo, equidad y en igualdad de condiciones que los hombres. La trascendencia de estos movimientos no es menor, por el contrario, el Estado mexicano está llamado a tomar cartas en el asunto de manera urgente, decidida, sin simulaciones políticas de ninguna naturaleza.
Nada justifica la opacidad y el titubeo político en la aplicación de la justicia en favor de mujeres víctimas de la discriminación y la violencia física, sexual y psicológica. Vivir con miedo es una forma más de violencia contra las mujeres, como ya se señaló, la participación de nosotras las mujeres en la toma de decisiones de política pública, su implementación y evaluación, es imprescindible, ir en ese camino es la única vía para transitar hacia un país de paz, con justicia y respeto a la dignidad humana.
*Dra. Susana Thalía Pedroza De la Llave
Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).