Si bien es cierto, muchos temas quedaron fuera de los foros organizados por el Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, como las candidaturas independientes, lo importante además del contenido de la reforma son los plazos para realizarla.
De conformidad con el artículo 105 de nuestra Constitución, no pueden reformarse las leyes electorales noventa días antes de que inicie el proceso electoral. De acuerdo con la legislación de la materia, los procesos electorales inician en el mes de septiembre del año anterior al de la jornada electoral, por lo que a más tardar los primeros días del mes de junio debe entrar en vigor la reforma en materia electoral.
Tomando como base que el mejor escenario para probar una reforma electoral son las elecciones intermedias y no las presidenciales, porque esto permite que cualquier ajuste o modificación tanto en los procedimientos, lineamientos y reglamentos para operar la reforma o inclusive a la ley, puedan realizarse con el tiempo necesario para que las autoridades electorales puedan tomar las previsiones necesarias para cumplir con el marco normativo vigente, lo más aconsejable es comenzar a trabajar pronto en la redacción de la reforma.
La última reforma electoral sí se realizó antes de las elecciones intermedias, fue publicada a fines de mayo de 2014, pero casi sin tiempo para que las autoridades electorales pudieran operar la cirugía mayor que la Constitución y las leyes realizaron al marco electoral de nuestro país. A marchas forzadas trabajó el Instituto Nacional Electoral para aprobar reglamentos, lineamientos, elegir a las y los Consejeros de los OPLES en las entidades donde habría elecciones en 2015, diseñar e implementar los sistemas informáticos para la fiscalización en línea en todo el país, capacitar partidos políticos, establecer las directrices para los programas de resultados preliminares en todas las entidades, las candidaturas independientes, la paridad en las candidaturas a cargos de elección popular, entre otras.
La primera aplicación del nuevo diseño electoral dio espacio para perfeccionar, una vez concluido el proceso electoral, reglamentos, lineamientos, replantear algunos procesos, aprobar nuevos acuerdos del Consejo General, establecer diversos criterios desde el INE y llegar a las pasadas elecciones presidenciales con un marco normativo e institucional probado y que, en términos generales, arrojó buenos resultados y con evidentes áreas de oportunidad que ahora están siendo analizadas por las y los legisladores.
Las siguientes elecciones federales serán en 2021, en las que se renovará el Congreso de la Unión pero, además, habrá 14 entidades federativas (con la inclusión de Baja California, ya que la Sala Superior resolvió que la gubernatura que acaban de elegir a principios de este mes, solamente será por dos años), en que se elegirán gubernaturas.
Dos periodos ordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión parecen adecuados para llevar a cabo una reforma electoral y dar tiempo suficiente para que los Congresos locales aprueben las reformas constitucionales y se cuente con los plazos necesarios para que las legislaturas locales puedan modificar las leyes electorales locales para que sean aplicadas en el proceso electoral de 2021.