Para enfrentar la contingencia sanitaria producida por el covid-19 y el impacto en la economía de nuestro país, militantes de diversos partidos políticos manifestaron su interés en que parte sustancial de los recursos públicos que se les otorga como financiamiento público, de conformidad con el artículo 41 constitucional, se utilizaran para atender la emergencia sanitaria.
Una crisis sanitaria y económica como la que estamos enfrentando requiere la unión de voluntades y recursos humanos, materiales y técnicos para sortear de mejor manera el contexto internacional por el que atravesaremos los próximos meses. Sin dejar de lado la importancia de la actitud de los partidos políticos para renunciar a buena parte de sus recursos y que se destinen a atender a los enfermos, salvar la vida de las y los mexicanos y coadyuvar a enfrentar la crisis económica, el marco normativo electoral establece con toda claridad tanto las fuentes de financiamiento a la que tienen acceso los partidos políticos como el uso que deben darle.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada el 26 de febrero de 2020, resolvió que el Consejo General del INE cuenta con la atribución exclusiva para resolver las peticiones de los partidos políticos que involucren la solicitud de renuncia a las prerrogativas que constitucionalmente les corresponden.
De conformidad con lo anterior, y con la finalidad de que los partidos que así lo decidieron donen parte de sus prerrogativas para la emergencia derivada del covid-19, el pasado 17 de abril el Consejo General del INE aprobó un acuerdo por el que se establecen los criterios para que los institutos políticos puedan realizar estas aportaciones. En este acuerdo se señala expresamente que son los partidos políticos los que deben señalar el porcentaje del financiamiento público al que renuncian y determinar si la cantidad acordada por cada partido debe aplicarse antes o después de las deducciones que realiza la autoridad en el caso de las sanciones aplicadas a cada uno de los institutos políticos.
El antecedente de este acuerdo del INE se remite a las manifestaciones de renuncia de diversos partidos políticos para ayudar en las labores de reconstrucción y apoyo a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017. En esa ocasión el Instituto Nacional Electoral junto con la autoridad hacendaria delinearon un mecanismo legal que permitió concretar y reintegrar a la federación los recursos a los que los partidos políticos renunciaron.
El INE señala, además, que en todos los casos las renuncias se entenderán respecto de las ministraciones que aún no hayan sido depositadas en las cuentas de los institutos políticos. Por otra parte, en el acuerdo del Consejo General del INE, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la autoridad electoral señala que los partidos políticos deben seguir cumpliendo con las obligaciones establecidas en la ley y que los porcentajes de financiamiento que deben destinar a actividades específicas y para la promoción, capacitación y liderazgo de las mujeres deben aplicarse en función de los montos establecidos de acuerdo con la ley y no con el que recibirán una vez descontados los recursos a los que destinarán por la emergencia sanitaria. La renuncia a un derecho no conlleva el incumplimiento de una obligación.
De acuerdo con el acuerdo del INE, la Secretaría Ejecutiva recibirá los escritos de solicitudes de renuncia y verificará que cumplan con los criterios establecidos en el acuerdo aprobado para este fin. Los montos de financiamiento público a los que renuncien los partidos políticos será enviado a la Tesorería de la Federación y será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que defina el uso que se dará a estos recursos.