Pasear por los pasillos estrechos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da la sensación de estar en una especie de túnel que tiene conexión con el señor que vive en el palacio de junto. Es un espacio donde las personas que allí laboran tienen malas costumbres, ya que cuando se entrecruzan ni siquiera se saludan. Miran con un aire altivo como si se sintieran dueños de la justicia.
En las salas donde se reúnen los señores ministros se tratan de manera especial los asuntos por encargo del vecino de junto, aquellos que tienen que ver con temas financieros y de anulación de derechos que afectan a los trabajadores.
Los ministros aplican una justicia que le dicen “centralizada” porque ésta se dicta cruzando la calle y, para ello, es menester guardar la autonomía judicial en caja fuerte y sólo sacarla para otros casos que no molesten al de al lado.
Algunos dicen que los ministros fueron a estudiar en sus escuelas de derecho una especie de brujería para modificar objetos, transformarlos para volverlos irreconocibles, y hasta esfumarse.
Por ejemplo, en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron el salario para el pago de pensiones para convertirlo en UMAS, que, en el barrio elegante, sin cerrar los ojos, le llaman Unidad de Medida y Actualización.
El 17 de febrero pasado se reunieron los que forman la Segunda Sala de esa Suprema Corte centralizada para desaparecer con un conjuro el derecho más importante de los trabajadores: el salario, y convertirlo en ese remedo de basura llamado UMA.
Parece que a estos ministros de la justicia torcida les gusta hacer conjuros el 11 de octubre, como aquel que marcó en el calendario Felipe Calderón hace 12 años, en 2009, en que fueron despedidos 44 mil trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Este año fue otra vez un 11 de octubre, cuando mandaron a ciertos miles de trabajadores, de los organismos descentralizados, a un símil de calabozo donde no se permite la contratación colectiva ni la huelga, y si un sindicato, pero maniatado.
Los rimbombantes ministros decidieron anular la función de la Suprema Corte (que dicen es de Justicia), para consentir todo lo que aprueben los legisladores; no importa que pasen con un tractor por encima de la Constitución.
Les mandan decir a los legisladores en un recado, en papel papiro y toda la cosa, que de su parte pueden decidir ellos, que los organismos descentralizados los pueden ubicar en la legislación burocrática prohibida (la del calabozo) o en la que gusten.
Que ellos, los redactores de leyes, son soberanos (¿?). Que si la Constitución dice que los organismos descentralizados deben estar en el apartado A del artículo 123 Constitucional y los quieren mandar a otro lado, a un barranco, que no se preocupen, que ellos consienten el capricho (el del vecino).
Les dicen los ministros, en ese papel de papiro digital, que cerrarán los ojos para aparentar ceguera, que se harán de la vista gorda, al fin que la Constitución (dicen ellos con sus actos) es un simple adorno.
Que no se preocupen si el cuadro de la Constitución que engalana los pasillos de la Corte está de cabeza con esta innoble decisión. Que los de la mirada altiva, al fin de cuentas, como transitan a toda prisa, nunca se percatarán de ello.
Esa es nuestra justicia, la que dictan los ministros de la toga caída: un retroceso con graves consecuencias, una pérdida irreparable en los derechos históricos de los trabajadores.
¿Hasta cuándo?