Los constantes casos de linchamiento cibernético, principalmente a través de Twitter, contra personajes, públicos o no, luego de alguna denuncia que se vuelve viral, han levantado mucha polémica y debates de todo tipo. En muchos de los casos, no se presentan pruebas contra el imputado y se le niega tajantemente la presunción de inocencia en juicios públicos que en mucho se parecen a las lapidaciones de siglos atrás. El caso que, al menos en las últimas semanas ha causado mayor polémica, fue el del músico Armando Vega Gil, quien se suicidó luego de ser denunciado a través del movimiento #MeTooMúsicosMexicanos.
A pesar de que ha habido intentos por legislar y regular el uso del internet, debido a la dificultad de imponer penas y sanciones por casos como el anteriormente reseñado y otros delitos cibernéticos, éstos han sido estériles. Peor aún, ni siquiera se encuentra en el debate nacional la necesidad de legislar este tipo de conductas, a pesar de haber avances muy grandes en materia de derechos de autor. Los sitios de videos y otros para compartir contenido multimedia, se ven obligados a bajar de sus servidores aquellos materiales que se encuentran restringidos.
Van dos ejemplos.
En 2015, el entonces senador por el PRI, Omar Fayad, presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos. En su exposición de motivos, comentaba que muchos sectores de la economía y de gobierno basan su operación en el internet, pero también es utilizado por millones de personas como parte de su vida cotidiana. El acelerado aumento en desarrollos tecnológicos, lo hace un campo propicio para la actividad delictiva. De acuerdo con cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, continúa la exposición de motivos, existen en el mundo alrededor de 3 mil millones de usuarios de internet, lo que es equiparable al 40% de la población mundial.
Por tanto, el uso y abuso de tecnologías, ha provocado que los marcos jurídicos nacionales se encuentren desfasados para afrontar los problemas que se presentan cotidianamente. En el mundo se registraba un avance gradual en leyes que ayudaran a tipificar y castigar delitos, así como en el diseño de estrategias para contenerlos; en Europa se presentaban avances cercanos al 80% y 50% respectivamente.
Por ello, se presentó la propuesta de un texto jurídico con temáticas bien definidas, a partir de la tipificación de delitos tales como ataques a sistemas informáticos, divulgación de información, contra el patrimonio, ciberespionaje, manipulación y violación de sellos digitales, así como de correspondencia o mensajería electrónica. Asimismo, establecía canales de coordinación entre instituciones públicas y particulares, y con otros países. Finalmente, contempla mecanismos de resarcimiento y reparación del daño, conforme lo dispuesto a las disposiciones normativas vigentes.
También en 2015, en Nayarit hubo reacciones contra una adición al artículo 299 del Código Penal del Estado que habría enviado al Congreso local el entonces gobernador Roberto Sandoval. El artículo 299 señala que no se procederá de oficio para sancionar injurias, difamaciones y calumnias, sino que tendrá que haber una demanda del afectado o sus familiares, en caso de que el aludido ya haya fallecido. El texto adicionado únicamente mencionaba que cuando dichas conductas se cometan utilizando medios de comunicación social u otro de divulgación masiva, además de la sanción que corresponda, se impondrá de uno a cuatro años de prisión.
Redes Sociales
La adición, según la exposición de motivos, se debe a los casos de bullying, extorsión y otras conductas dolosas en el espacio cibernético. Ello abre la imperiosa necesidad de regular el uso de las redes sociales, pues por su “impresionante expansión, prontitud, alcance y facilidad con la que se puede cometer este delito y la trascendencia del agravio que causa”.
Ambas propuestas tenían el objetivo, al menos, de intentar contener delitos cibernéticos y estos linchamientos mediáticos, pero terminaron siendo retiradas de la discusión legislativa por protestas que de inmediato bautizaron como “Ley Mordaza”. Las campañas no pasaron de consignas, burlas con memes y otras formas de escarnio contra sus autores, a pesar de los mantos de pluralidad, civilidad y respeto con que se cobijan grupos Universitarios y de la Sociedad Civil que las orquestaron. No existieron, en absoluto, análisis legislativos con los cuales sustentaran su desacuerdo, mucho menos llamados a debates para analizar el papel de las redes socio digitales en la sociedad actual.
El uso de las redes sociales en la creación de opinión pública, como lo han documentado diversos estudios como el de Signa Lab, coordinado por Rossana Reguillo en el ITESO, habla de conductas dolosas y estrategias orquestadas por grupos de poder para limitar el debate público. Estas estrategias se basan en descalificaciones, ataques directos a determinada o determinadas personas, por alguna declaración o cuestionamiento que resultara incómodo, en clara violación a su libertad de expresión.
Gracias a este tipo de expresiones desde el anonimato y supuestos brotes espontáneos, se cometen delitos y flagrantes violaciones a la dignidad de las personas de manera recurrente y sistemática. Por tanto, los medios que presumían abonar a la democratización de la cosa pública, no son más que canalizadores y catalizadores de frustraciones sociales, que se convierten en espejo de las sociedades y nos muestran preocupantes debilidades institucionales.
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Oscar Rodríguez Mercado