La ordeña de ductos de Pemex no es un problema reciente. De hecho, tiene más de una década provocando daños considerables al erario público, lo cierto es que las anteriores administraciones federales, ya sea por incapacidad o corrupción, poco hicieron para combatir el robo de combustible mejor conocido como huachicoleo.
Apenas en noviembre, el entonces director de Pemex señaló que las pérdidas en 2018 fueron aproximadamente de 35 mil millones de pesos, en tanto que el presidente López Obrador afirmó en días recientes que se trataba de un negocio ilegal por 60 mil millones de pesos en el que además de la delincuencia organizada, están involucrados dirigentes sindicales y funcionarios de esa paraestatal.
Por ello, es de celebrar la decisión del gobierno de actuar con firmeza para erradicar el mercado negro de combustible, y es importante que lo apoyemos en ese propósito. Pero eso no impide cuestionar la estrategia implementada que ha ocasionado serios problemas de escasez de gasolina y diesel en varios estados -Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León- y ahora también en la Ciudad de México.
A pesar de que el gobierno insiste en que no se trata de un problema de abasto sino de retraso en el suministro al ordenar el cierre del ductos para evitar que los huachicoleros sigan extrayendo combustible y sustituirlo por la distribución mediante pipas, el hecho es que se han registrado largas filas en cientos de estaciones de servicio y muchas otras de plano han tenido que cerrar ante la falta de combustible -por lo que el retraso en la distribución ha derivado en desabasto- causando afectaciones e irritación en la población. Es natural y legítimo que la ciudadanía manifieste su preocupación e inconformidad por esta situación, y eso de ninguna manera la convierte en cómplice del huachicoleo como han acusado los defensores orgánicos de la auto denominada cuarta transformación.
Desmantelar las redes de corrupción en Pemex
Otro tema que urge aclarar, es la supuesta contratación directa -sin mediar concurso dada la situación de emergencia- de una empresa para el transporte de combustible en pipas y autotanques, en la que al parecer tiene participación accionaria la esposa del actual Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.
Para gobernar hace falta mucho más que sólo voluntad -y declaraciones-, el gobierno está obligado a dar resultados y asumir la responsabilidad de sus acciones. Está demostrado que la improvisación puede traer costos muy altos, y todo indica que adolecieron del diagnóstico, planeación e inteligencia necesarias cuando menos para garantizar el suministro oportuno. Tampoco la comunicación ha sido la más acertada, sobre todo cuando se resisten a reconocer errores y en cambio embisten contra la “prensa fifí” supuestamente por exagerar los hechos. No nos equivoquemos, la escasez es real y no fue provocada por la prensa, las compras de pánico en lugares como la Ciudad de México no han sido más que una reacción ante la situación imperante en otras entidades.
Hoy, el gobierno federal enfrenta un doble reto, resolver la crisis de distribución que ha desatado -para no mencionar el desabasto que tanto les molesta-, y desmantelar las redes de corrupción en Pemex como condición para poner freno a la extracción y venta ilegal de combustible en nuestro país -al parecer se les olvida que también están involucrados los cárteles del crimen organizado-. No la tienen nada fácil y menos si se empecinan en negar lo evidente, seguir polarizando y culpar a los demás en vez de construir un frente común.