La aprobación del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados para extinguir 109 fideicomisos por un monto de 68 mil millones de pesos sin presentar diagnóstico alguno, plantear argumentos o reparar en sus posibles consecuencias, es un claro ejemplo de lo que significa legislar por consigna, y recuerda aquellos tiempos en que la voluntad presidencial se acataba sin ningún cuestionamiento convirtiendo al congreso en una mera oficialía de partes.
Es natural que el grupo parlamentario del partido en el poder tenga muchas coincidencias con su gobierno y procure apoyarlo, pero lamentablemente están excediendo los límites sin cuidar siquiera las formas, claudicando a su responsabilidad legislativa y de representación. Tal parece que sólo esperan una señal desde las mañaneras para presentar presurosos una iniciativa que satisfaga la voluntad presidencial.
De nada valieron las opiniones de organizaciones, académicos, investigadores, creadores, que participaron en las reuniones de parlamento abierto, y tampoco se tomaron en cuenta las conclusiones de estudios serios como el que realizó Fundar en el que si bien se identificaron algunos problemas en el manejo de los fideicomisos públicos, se recomendaba hacer una revisión profunda para identificar cuáles son los que han funcionado adecuadamente, cuáles tienen que reformarse y mejorar sus procesos, así como aquellos que deben extinguirse y buscar alternativas para que cumplan con los fines para los que fueron creados, pero en ningún momento se propuso su desaparición a raja tabla como se pretende desde el gobierno.
La única razón que han esgrimido para tratar de justificar esta decisión, es la supuesta corrupción y falta de transparencia que han encontrado en los fideicomisos, pero más allá de señalamientos genéricos con los que han buscado satanizar estas figuras -aunque destacados miembros de este gobierno como la titular de Conacyt fueron beneficiados por años sin que en ese entonces los consideraran una fuente de corrupción-, hasta el momento no han aportado elementos objetivos que sustenten su afirmación, y tampoco se sabe que hayan presentado denuncias por irregularidades administrativas o desvío de recursos. De hecho, a casi dos años de que inició esta administración, la mayoría de los funcionarios que manejan los fideicomisos fueron nombrados por el presidente López Obrador y su gobierno cuenta con todos los instrumentos para su acuciosa fiscalización así como para que, de ser el caso, se castigue a los responsables.
Desde esta óptica, cuesta trabajo encontrarle alguna racionalidad -que las y los diputados de Morena y sus aliados nomás no pudieron darle- a lo que parece ya una obsesión por continuar con la eliminación discrecional de fideicomisos que empezó el pasado 2 de abril a través de un decreto presidencial, siendo que a la fecha no conocemos el monto de los fideicomisos extinguidos y mucho menos el destino que se les dio a esos recursos, lo que está muy lejos de ser ejemplo de la transparencia y rendición de cuentas que tanto pregonan.
También habría que preguntarse cuáles fueron los criterios para determinar la cancelación de fondos para la atención inmediata de desastres naturales, apoyar la investigación científica, la atención de desastres naturales, la cultura, el deporte o proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, y en contraposición mantener un fideicomiso en materia aduanera por más de 70 mil millones de pesos (FACLA) que ha sido observado en diversas ocasiones por la Auditoría Superior de la Federación, u otro para equipamiento militar por 30 mil millones.
Resulta paradójico que dejen intocados estos dos fideicomisos que en conjunto involucran recursos por más de 100 mil millones de pesos, al mismo tiempo que anuncian que habrán de insistir en la cancelación del Fondo de Salud para el Bienestar por un monto similar, y que está destinado a la atención de 66 padecimientos graves como cáncer, problemas cardiovasculares o trasplantes de médula ósea, con lo que miles de familias vulnerables quedarían desprotegidas.
Más allá del discurso oficialista, no quedan muy claras sus prioridades y tampoco se percibe un interés real para corregir deficiencias, eficientizar procesos o robustecer los mecanismos de supervisión -como lo muestra la tendencia a privilegiar las asignaciones directas sobre los procesos de licitación-. Por el contrario todo indica que la apuesta es por el desmantelamiento institucional y la supresión de contrapesos a fin de tener el control absoluto de la toma de decisiones y el reparto de los recursos, lo que genera muchas suspicacias sobre todo teniendo enfrente la elección más grande en la historia de nuestro país.