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La violencia que no cede

El reporte federal de seguridad dejó afuera al estado de Sonora. | Jorge Alejandro Medellín

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Escrito en OPINIÓN el

El discurso oficial acerca del combate a la delincuencia, de la lucha para erradicar la violencia en el país, sigue estrellándose contra la realidad. La fallida estrategia –cualquiera que esta haya sido– para enfrentar de manera amplia, gradual, medible, con objetivos y metas alcanzables, fue rebasada hace muchos meses en esta administración.

Es cierto que la violencia como fenómeno que refleja una serie de variables en descomposición en el país no es exclusiva de este gobierno, pero también lo es que la actual administración estaba obligada a elaborar formas de responder de manera más contundente e innovadora ante un fenómeno cambiante, dinámico y retador que la sigue rebasando y que escala sin freno.

A este escenario explosivo se suman los desatinos del gabinete de seguridad, que en su afán por apoyar la visión voluntarista del presidente Andrés Manuel López Obrador de que las cosas van bien y se resolverán porque así deber ser, presenta cifras sesgadas al respecto.

El 20 de octubre, durante la presentación del informe mensual de seguridad, se mencionaron cifras de violencia en seis estados para mostrar que en estas entidades se siguen concentrando el 50 por ciento de los hechos criminales en el país. Se mencionó a Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco como las entidades con las ciudades que concentran el 50 por ciento de los homicidios dolosos.

Hasta aquí todo parecería ir bien o al menos de manera creíble de acuerdo con el discurso oficial, sin embargo, la revisión de la incidencia delictiva contradice el panorama presentado por el gobierno federal, el cual aseguró en la conferencia mañanera que los homicidios dolosos disminuyeron 3.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

El problema es que, para cuadrar dicho porcentaje a favor, el reporte federal dejó afuera al estado de Sonora, entidad en la que se cometieron mil 207 asesinatos en el periodo mencionado, detallando que 2 mil 149 o el 10% se cometieron en Guanajuato; 2 mil 87 o el 9.7% en Baja California; mil 633 o el 7.6% en Michoacán; mil 719 o el 8% en el Estado de México; mil 583 o el 7.4% en Chihuahua; y mil 413 o el 6.6% en Jalisco.

Lo que hizo el gobierno federal fue presentar números absolutos y no cifras comparativas a partir del impacto de los asesinatos por cada 100 mil habitantes, como realmente se hacen las mediciones y muestreos para conocer la dimensión más exacta del impacto del fenómeno delictivo en la sociedad.

Una medición por cada 100 mil habitantes habría mostrado la incidencia de homicidios dolosos en otros estados con mayor incidencia en términos amplios, no sólo a partir de cifras cerradas, sin perspectiva real y extendida. Estos son los datos y la manipulación que el gobierno federal hace de ellos para darle sentido a un discurso mediático que no coincide con la realidad de violencias crecientes que golpean al país todos los días.

Al cierre de este texto, una nueva balacera sacude la zona turística de Cancún, dejando dos personas fallecidas –ejecutadas– y turistas extranjeros heridos. En Michoacán, horas antes, una nueva masacre, de esas que ya no existen por decreto presidencial, deja a 11 ciudadanos ejecutados, casi todos menores de edad y estudiantes.

En el norte del país siguen apareciendo fosas clandestinas, en el sureste la Guardia Nacional mata a dos migrantes cubanos que viajaban en una camioneta que huía de un operativo de rescate de indocumentados y en Chiapas surgen al menos cinco grupos civiles armados que toman poblados, controlan municipios y amenazan con incendiar zonas con conflictos añejos que nadie ha intentado solucionar, aunque se trate de territorios en donde la pobreza lo es todo.