La propagación de la covid-19 ha incrementado la desigualdad en México y en el mundo. La desigualdad, que se refiere a la concentración de recursos económicos, políticos, sociales y/o naturales, se hace visible entre las personas con diferencias de ingresos, de acceso a derechos, de género, incluso entre generaciones. El virus de la desigualdad ha afectado de manera distinta a las personas según su situación económica antes del coronavirus. A los más ricos les tomó 9 meses recuperar su riqueza, pero a los más pobres esto podría llevarles más de 10 años, según un estudio de Oxfam Internacional.
Esta crisis ha impactado en mayor medida a las mujeres, profundizando la desigualdad de género. La tasa de participación económica en el primer trimestre de 2021 según el INEGI cayó, respecto del mismo período del 2020, 3.3% para las mujeres y 2.2% para los hombres. Esto se debe, en parte, al trabajo de cuidados no remunerado, que históricamente se le ha atribuido a las mujeres y que disminuye sus oportunidades para acceder a derechos como la libertad, la educación y la salud.
La desigualdad en el acceso a derechos se da cuando la calidad de los servicios públicos, que sirven para garantizar los derechos plasmados en la Constitución, es distinta entre regiones y personas, afectando principalmente a quienes se encuentran en situación de riesgo. Un ejemplo de ello es la brecha digital, entendida como la distribución desigual en el acceso, uso o impacto de las tecnologías de la información y comunicación entre distintos grupos sociales. Esta brecha ante la pandemia ha ocasionado que los formatos utilizados para las clases a distancia (televisión, radio e internet) no sean igualmente accesibles y de la misma calidad para toda la comunidad estudiantil, afectando en mayor medida el aprendizaje de la población con mayor marginación.
La respuesta a la emergencia económica y sanitaria en México debe ir más allá de una vacuna que contrarreste al coronavirus. Reconocer y afrontar los retos que la pandemia ha puesto en la provisión de servicios y en los sistemas públicos como salud y educación, es indispensable para mejorar la vida de las personas en las presentes y futuras generaciones. Sin embargo, para ello se requieren mayores recursos. El espacio fiscal, que representa los recursos económicos disponibles en el presupuesto para hacer política pública de coyuntura, se ha contraído en más de cuatro puntos del PIB en los últimos cinco años.
Es momento de debatir y redefinir el sistema fiscal mexicano para obtener mayores ingresos públicos y con ellos hacer frente a la pandemia, reduciendo las desigualdades entre la población y garantizando el acceso a los derechos básicos y sociales, especialmente los de las personas en mayor situación de riesgo.
Ante este panorama, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP); Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. y Oxfam México se unieron para crear La Vacuna Contra la Desigualdad. Cada organización ha aportado experiencia, trabajo y conocimientos para analizar los efectos sociales y económicos desatados por la pandemia de la covid-19 y plantear algunas vías para su mitigación. Con los hallazgos encontrados queremos contribuir al debate público en aras de tener un sistema fiscal mexicano más justo y viable para hacer frente a los retos profundizados por la pandemia. La presentación se llevará a cabo el próximo 25 de mayo a través del canal de YouTube del CIEP. Todas las personas están invitadas.
* Sunny Arely Villa Juárez
Directora de gasto público. Es directora de gasto público y fortalecimiento institucional en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. Se especializa en en estudios del presupuesto y gasto público sectorial, análisis socioeconómicos, de incidencia y prospectivos. Es doctoranda en políticas públicas; obtuvo la maestría en administración pública y política pública y es licenciada en economía por la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con estudios en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y en el Instituto de Política Pública de la Universidad de Georgetown. Colaboró en el Centro Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en el Centro para el Desarrollo Regional y Nacional, y como profesora del Tecnológico de Monterrey, el IPN y la UNAM. Trabaja por una sociedad mejor informada y más participativa en temas fiscales.