Desde hace varios años diversas organizaciones defensoras de los derechos de la infancia buscan que las autoridades del Estado Mexicano, diseñen y ejecuten políticas públicas que aseguren el bienestar y el desarrollo de la niñez; durante las elecciones de 2018 se impulsó la campaña #MXPorLaNiñez, donde los candidatos y la candidata a la presidencia de la República, se comprometieron a cumplir con nueve puntos.
Terminaron las campañas y el tema pasó desapercibido. A los 100 días del gobierno actual, se hizo una campaña en redes sociales para hacer un recordatorio de los compromisos firmados por el ejecutivo actual, que darían cobijo a los niveles estatal y municipal, pero no hubo respuesta; en su lugar se desdeñó el trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y se les catalogó como parte de los adversarios y conservadores.
Los compromisos firmados por el presidente, radican en el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); la inversión pública para la niñez y adolescencia – presupuesto participativo y equitativo; disfrute del más alto nivel posible de salud; protección contra todas las formas de violencia e impunidad; educación de calidad e incluyente para todas y todos; participación efectiva y sistemática de niñas, niños y adolescentes; protección especial a niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad; acciones afirmativas a grupos de niñez altamente excluidos; y estimular el rol de la sociedad civil como entidades de interés público.
Las organizaciones de la sociedad civil, vimos los desencantos, el gobierno de la 4T no generó un proyecto prioritario específico dedicado a las niñas, niños y adolescentes; en su lugar lanzó una serie de comentarios desestimando la existencia y el valor institucional del SIPINNA. Como es recurrente en este régimen, miles de seguidores y funcionarios de otros estados y municipios, que supuestamente apoyan la 4T, hacen alarde de los mismos argumentos, pero a nivel local o municipal, hablando de la exagerada burocracia que se ha generado en el gobierno o cuestionando los presupuestos que se asignan a instancias para la defensa de los derechos de las mujeres o de la infancia; y no es que en algunos municipios o estados no suceda, pero en ciertos casos las propuestas atentan contra los derechos humanos, sin tener una alternativa de política pública alterna.
La 4T ha visto en las instituciones creadas en el pasado, los fantasmas de los partidos políticos que estuvieron en el poder y emprendió una estrategia para eliminar todo lo que huela a éstos, considerados ahora de oposición. Comenzaron con cambiar nombres a las instituciones, se redujo la estructura, se recortaron los presupuestos o limitaron las funciones sin argumentos sólidos; en algunos casos sin mirar que se estaba pasando por encima de leyes nacionales, derechos y preceptos constitucionales. En este reordenamiento del Estado, sigue el beneficio de la duda, de que estas decisiones ayuden a sacar a México de las condiciones de corrupción, pobreza y violencia.
Lamentablemente, lo que no han mirado varios políticos y personas en el poder, incluidos los que no apoyan la 4T, es que muchas de las instituciones, de las políticas públicas fueron arrancadas en su momento desde la oposición, con bases ideológicas revolucionarias, opositoras al que el ejecutivo tuviera más poder, para ir construyendo contrapesos y desarrollar democracias en equilibrio.
En este sentido, hago un recordatorio a todas y todos los presidentes municipales, que desestiman algunos espacios como el SIPINNA en los ayuntamientos, que se informen y cumplan con las leyes. Allí están sus obligaciones. Como dato adicional, al momento sólo 36 municipios aproximadamente han nombrado una persona responsable de este organismo, en otros, está la discusión de la creación de la Secretaría Ejecutiva sería o no un gasto oneroso, cuándo su creación es un mandato de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Pero claro, hace falta un llamado desde el gobierno federal, para que siguiendo la misma dinámica centralista se cambien los discursos. Por eso urgimos la publicación del #Proyecto26, una estrategia nacional para prevenir y frenar la violencia armada contra niños, niñas y adolescentes, que fue anunciada el pasado 17 de diciembre en la sesión de la Comisión para Prevenir la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNA). Y es que, las consecuencias de la militarización del país, desde hace más de una década, ha traído consigo la epidemia de desaparición de la niñez y adolescencia, tan sólo durante 2020 desaparecieron 3 personas de 0 a 17 años diariamente. Muchos de ellos por el crimen organizado. Se estima que alrededor de 30,000 niñas, niños y adolescentes han sido coaptados por estas organizaciones criminales desde 2007. (REDIM, 2020). Por lo que la estrategia tiene que ser una prioridad.
La puesta en marcha de este proyecto es una oportunidad para construir alternativas basadas en la comunidad, por lo que será necesario hacerse acompañar de expertos internacionales y sociedad civil; para ayudar a definir los tramos de responsabilidad institucionales a nivel federal, estatal y municipal en la prevención y atención de las violencias contra la niñez.
Esta estrategia podría ser el llamado a los distintos niveles de gobierno para fortalecer la atención a la niñez y la adolescencia, garantizando desde el espacio municipal sus derechos y así, políticos de cualquier partido podrán mirar que se trata de una prioridad del gobierno federal y como señal para todo el país de que niñas niños y adolescentes si importan en este gobierno, como espero importen para los municipios recién electos.