El pasado lunes 9 de diciembre conmemoramos el Día Internacional Contra la Corrupción y, un par de días después, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer los resultados del Tercer Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en los Ámbitos Federal y Estatal. Así, en la misma semana, los temas anticorrupción y transparencia confluyeron en la agenda nacional y sí, siempre debería ser de esa manera. Uno y otro van, o necesitan ir, siempre de la mano.
En septiembre de este año, Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana publicaron la edición 2019 del Barómetro Global de la Corrupción, una importante herramienta de análisis que registra la opinión y experiencia de la ciudadanía en todo el mundo en relación con ese fenómeno, pues permite medir la corrupción en dos interesantes formas: la percepción que tiene la ciudadanía encuestada sobre ella y también la experiencia directa que tienen respecto de la corrupción. Es decir, nos aporta un insumo oportuno y muy preciso de cómo viven las personas el fenómeno de la corrupción, cómo conviven con ella.
En este estudio, ¿cómo nos fue a los mexicanos? El dato es avasallador: en México, 9 de cada 10 encuestados señalaron que la corrupción sigue siendo un problema para el país, pese a que se perciben cambios positivos, en comparación con años anteriores. En esa tesitura, en el ejercicio de este año, se mostraron algunos avances que, si bien apenas comienzan a generar una tendencia, son significativos y muestran una pequeña evolución. El Barómetro 2019 muestra que el 34% de los encuestados (alrededor de una de cada tres personas) dijo que se vio obligado a tener que pagar un soborno en México para acceder a un trámite o servicio público. En cambio, en 2017, la mitad de los encuestados (51%) reportó haber incurrido en esta práctica. En otras palabras, el número de personas que declaró haber pagado un soborno tuvo un descenso de 17 puntos porcentuales entre 2017 y 2019.
No debemos dejar de lado una gran verdad que nos revela este estudio: la ciudadanía es parte activa de la corrupción, pues ha internalizado, fomentado, permitido o participado de actos corruptos, pero también debe ser parte detonadora y activa de la transformación de estos esquemas sociales, promoviendo la erradicación de cualquier nefasto acto de corrupción de la vida cotidiana y pública de nuestro país.
Pero, ¿qué tenemos enfrente?, ¿qué sucede en otra de las arenas públicas que tiene que ver con la actitud proactiva de la ciudadanía, aquella que tiene que ver con cuestionar, con exigir información de sus autoridades públicas, que audita a los órganos del Estado, que les exige información para validar sus acciones, denunciar sus excesos y sus omisiones, o para exhibir públicamente cualquier acto fuera de la Ley? En esa arena de la vida pública, juega un papel relevante la transparencia y el acceso a la información en posesión de las autoridades.
El INEGI publicó hace unos días el Tercer Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en los Ámbitos Federal y Estatal. Este ejercicio de investigación y análisis genera información estadística y geográfica de la gestión y desempeño tanto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como de los Organismos Garantes de las entidades federativas y, además, mide el volumen y desempeño del ejercicio del acceso a la información pública en nuestro país.
Durante 2018, los diferentes sujetos obligados de las leyes de transparencia recibieron 838 mil 855 solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales; se respondieron 762 mil 640, de las cuales, 75.5% se atendió en tiempo y 5.1% de manera extemporánea. Asimismo, el Poder Ejecutivo Federal fue el sujeto obligado que más respondió a tiempo los requerimientos de información pública y las Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral las que en menor medida respondieron en el plazo establecido.
En 2018, el INAI y los órganos garantes locales recibieron 46 mil 175 recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, y resolvieron 35 mil 587. En materia de acceso a la información pública, 22.6% de los recursos se resolvieron modificando la respuesta, en tanto que en materia de protección de datos personales, 42.2% se resolvió por desechar el recurso. De los 34 mil 799 recursos de revisión admitidos durante 2018, 40.7% correspondió al Poder Ejecutivo Federal. Estas cifras muestran un aumento en el volumen de solicitudes de información y recursos de revisión presentados, en comparación con mediciones pasadas.
En síntesis, en los primeros días de diciembre hemos podido constatar una incipiente nueva realidad para las y los mexicanos; aunque la percepción de corrupción entre los ciudadanos continúa posicionándose como uno de los principales problemas nacionales, ha disminuido el porcentaje de personas que declaró haber pagado un soborno y el volumen de solicitudes de acceso a la información pública ha mostrado un ascenso, esto nos lleva a poder sustentar la alentadora afirmación de que la transparencia, como condición de un gobierno democrático, permite una mayor conciencia de los efectos nocivos de la corrupción y la impunidad—tanto en el desempeño del gobierno, como de los servicios públicos que ofrece a la población—, convirtiéndose en una herramienta ciudadana sumamente valiosa para la lucha contra ellos.
Aunado a ello, es necesario enfatizar que el fin último de las instituciones creadas para garantizar el respeto al derecho de acceso a la información pública no es afrontar directamente estas problemáticas, pues, para este fin, el Estado Mexicano ha creado un conglomerado de instituciones encargadas de la investigación, persecución y sanción de los responsables de conductas irregulares, tanto en la vertiente administrativa como en la penal. No obstante, producir y usar la información constituyen condiciones básicas para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Además, debemos fomentar la integridad y la ética entre quienes forman parte del servicio público, pues en la medida en que los tomadores de decisiones se abstengan de conductas irregulares, podremos avanzar en la erradicación de este ominoso fenómeno. Asimismo, debemos continuar impulsando el ejercicio del derecho a saber entre la población, como un mecanismo para que las autoridades rindan cuentas. En la medida en que se atiendan todas esas aristas del problema, será posible prevenirlo, develar sus agraviantes efectos y concientizar a la sociedad en general sobre la relevancia del tema.
El lector interesado podrá consultar los resultados de los estudios referidos, en las siguientes ligas:
Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional